Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2011. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Serie C No. 232

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoContreras y otros Vs. El Salvador
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteGuatemala

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO contreras y otros vs. el salvador

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2011

(Fondo, R. y Costas)

En el caso C. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos( (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presente, además,

P.S.A., Secretario((,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 62, 64, 65 y 67 del Reglamento de la Corte((( (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

Tabla de contenido

| |Párrafos |

| | |

|I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1 |

|II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |8 |

|III. COMPETENCIA |15 |

|IV. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL |17 |

|V. PRUEBA |29 |

|1. Prueba documental, testimonial y pericial |30 |

|2. Admisión de la prueba documental |32 |

|3. Admisión de las declaraciones de las víctimas y de los dictámenes periciales |38 |

| | |

|VI. CONTEXTO |40 |

| | |

|El conflicto armado |41 |

|Período 1980-1983: “la institucionalización de la violencia” |48 |

|El patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado en El Salvador |51 |

| | |

|VII. DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA VIDA, AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA,|56 |

|A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR, A LA IDENTIDAD, A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, AL NOMBRE Y DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, EN RELACIÓN| |

|CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

| | |

|A. Hechos relacionados con las desapariciones forzadas de A.J. y C.M.R. |58 |

| | |

|B. Hechos relacionados con las desapariciones forzadas de G.H., S.C. y J.I.C. |63 |

| | |

|C. Hechos relacionados con la desaparición forzada de J.R.R.R. |71 |

| | |

|La desaparición forzada de niños y niñas como violación múltiple y continuada de derechos humanos y de los deberes de |80 |

|respeto y garantía | |

| | |

|El derecho a la integridad personal de G.H.C. |95 |

| | |

|Derechos de los niños y niñas a la protección de la familia, al nombre, a la vida privada y familiar, y a la identidad |103 |

| | |

|El derecho a la integridad personal de los familiares |119 |

| | |

|VIII. DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO|125 |

|Y DE EXPRESIÓN, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

| | |

|La obligación de investigar en casos de desaparición forzada de niños y niñas que se insertan en un patrón sistemático |126 |

| | |

|Deber de iniciar una investigación ex officio |131 |

|Falta de debida diligencia en las investigaciones penales |136 |

|1. Primeras investigaciones penales |138 |

|2. Reactivación y apertura de nuevas investigaciones penales |143 |

|3. Consideraciones de la Corte |145 |

| | |

|Procesos de Habeas Corpus |156 |

| | |

|Acceso a la información que consta en archivos militares |165 |

| | |

|Ley de Amnistía General para la Consolidación de La Paz |174 |

| | |

|Conclusión |176 |

| | |

|IX. REPARACIONES |178 |

|A. Parte Lesionada |181 |

| | |

|B. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los |182 |

|responsables, así como determinar el paradero de las víctimas | |

| | |

|C. Medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición |193 |

| | |

|1. Restitución |193 |

| 2. Rehabilitación |198 |

| 3. Satisfacción |202 |

| 4. Garantías de no repetición |211 |

| | |

|D. Indemnizaciones compensatorias |222 |

| | |

|E. Costas y gastos |229 |

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|F.R. de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas |240 |

| | |

|G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |243 |

| | |

|X. PUNTOS RESOLUTIVOS |250 |

| | |

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El 28 de junio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó ante el Tribunal, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda en contra de la República de El Salvador (en adelante “el Estado” o “El Salvador”) en relación con los casos acumulados 12.494, 12.517 y 12.518. Las peticiones iniciales fueron presentadas ante la Comisión el 16 de noviembre de 2001 por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (en adelante “Asociación Pro-Búsqueda”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) tanto respecto de A.J. y C.M.R. como de J.R.R.R., y el 4 de septiembre de 2003 por la Asociación Pro-Búsqueda respecto de G.H., S.C. y J.I.C.. La Comisión declaró admisibles dichas peticiones mediante Informes de Admisibilidad No. 11/05 de 23 de febrero de 2005, No. 56/05 de 12 de octubre de 2005 y No. 53/05 de 12 de octubre de 2005. El 3 de marzo de 2009 la Comisión resolvió acumular estos tres casos[1] y el 8 de septiembre de 2009 aprobó el Informe de Fondo No. 95/09[2], en los términos del artículo 50 de la Convención. El 28 de septiembre de 2009 se notificó al Estado el referido informe y se le concedió un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Tras la concesión de dos prórrogas y ante la falta de presentación de información por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al señor P.S.P., Comisionado, y a su Secretario Ejecutivo, S.A.C., y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, I.M. y S.S.G., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

2. La demanda se relaciona con las alegadas desapariciones forzadas ocurridas entre los años 1981 y 1983 de los entonces niñas y niños G.H., S.C. y J.I.C., A.J. y C.M.R. y J.R.R.R., por parte de miembros de diferentes cuerpos militares, en el contexto de “operativos de contrainsurgencia” durante el conflicto armado ocurrido en El Salvador, habiéndose establecido únicamente el paradero de G.H.C. en el año 2006, quien se encuentra “en proceso de reconstrucción de su identidad y relación con su familia biológica”. Según indicó la Comisión, “[l]as circunstancias que rodearon las seis [alegadas] desapariciones aún no ha[brían] sido esclarecidas, los responsables no ha[brían] sido identificados ni sancionados y, en suma, pasados casi 30 años, los hechos permanece[rían] en impunidad”.

3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara al Estado de El Salvador responsable por la violación de los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 17 (protección a la familia), 18 (derecho al nombre), 19 (derechos del niño), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial), en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de G.H., S.C. y J.I.C., A.J. y C.M.R. y J.R.R., y sus respectivos familiares[3]. Por último, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación, así como el pago de las costas y gastos.

4. La demanda fue notificada al Estado el 17 de agosto de 2010 y a los representantes el 13 de agosto de 2010.

5. El 13 de octubre de 2010 las señoras E.F. y M.C. de la Asociación Pro-Búsqueda, y las señoras V.K., A.N. y G. De León y el señor L.C.B. de CEJIL, organizaciones representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 40 del Reglamento. Los representantes sostuvieron que el Estado era responsable por la violación de los mismos derechos alegados por la Comisión. Además, alegaron la violación del derecho a la verdad entendido como la violación de los derechos contenidos en los artículos 8, 13 y 25 de la Convención. Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado que adoptase determinadas medidas de reparación, así como el pago de las costas y gastos.

6. El 17 de enero de 2011 el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas[4]. En dicho escrito el Estado reconoció y aceptó los hechos alegados en la demanda y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, con lo cual habría cesado la controversia al respecto (véase infra capítulo IV). El Estado, además, “renunci[ó] a la posibilidad de oponer excepciones preliminares” y, “en aplicación del artículo 62.2 de la Convención Americana, declar[ó] su aceptación de la competencia de la Corte Interamericana […] para [este] caso específico” (véase infra capítulo III). En consecuencia, el Estado solicitó a la Corte que acepte los alcances del reconocimiento de su responsabilidad internacional, así como los términos ofrecidos para las medidas de reparación en el presente caso, y que decida sobre las costas y gastos de acuerdo a los parámetros establecidos en su jurisprudencia. Posteriormente, el 7 de marzo de 2011 presentó un escrito con aclaraciones respecto del alcance del reconocimiento de responsabilidad estatal. El 7 de septiembre de 2010 el Estado acreditó a los señores D.E.M.C. y S.V., como su Agente y Agente Alterno, respectivamente, en el presente caso.

7. El 14 de febrero de 2011 los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones respecto del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. Además, el 18 y 21 de marzo de 2011 la Comisión y los representantes remitieron, respectivamente, sus observaciones respecto de las aclaraciones remitidas por el Estado sobre el alcance del reconocimiento de responsabilidad estatal.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

8. En...

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