La movida Madrileña en el contexto sociocultural de los años ochenta

Autor:Ricardo Martín de la Guardia
Cargo del Autor:Universidad de Valladolid
Páginas:159-173

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"El mundo sólo funciona por el malentendido"

Charles Baudelaire

La educación, un problema pendiente

Durante la década de los ochenta España asistió a un desarrollo notable de la industria cultural, desarrollo que ya había caracterizado a los demás países de Europa Occidental en años anteriores. El proceso de amplia apertura hacia el exterior, el hecho de ganar nuevas perspectivas, de estrechar relaciones con otros ámbitos, de importar productos culturales foráneos, multiplicó la oferta artística y literaria hasta límites insospechados poco tiempo antes. Con todo, aunque la cultura se puso "de moda", no implicó ni mucho menos un cambio paralelo en el comportamiento de los españoles. En julio de 1978 el Ministerio de Cultura publicó una rigurosa encuesta verdaderamente desoladora: el 63’3% de los participantes en ella afirmaban no haber leído nunca o casi nunca un libro y casi el 22% no tenía un solo libro en su casa. Cerca del 92% no acudía a las bibliotecas; un porcentaje algo menor, el 89’3%, no había ido nunca a una representación teatral1. A la vista de

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estos datos parecía evidente que algo fallaba en el sistema educativo español. De hecho, a comienzos de los años que nos ocupan, después de la balbuceante política de la UCD, la educación continuaba siendo uno de los grandes asuntos de la Transición.

En efecto, en diciembre de 1982 José María Maravall ocupaba la cartera de Educación y Ciencia en el recién estrenado gabinete socialista. Su objetivo era transformar la política educativa, zanjando algunas de las cuestiones pendientes desde la recuperación de la democracia en España; en concreto, la financiación de la enseñanza privada y la reforma universitaria. Apenas unos meses más tarde, después de una rápida elaboración, el Ministro logró sacar adelante la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE), que ratificaba la existencia de dos complejos educativos, uno público y otro privado, en el sistema español. Para obtener las ayudas estatales, los centros privados debían asegurar la completa gratuidad de la enseñanza básica, así como una selección de su alumnado sobre criterios de cercanía física al cole-gio. Lo mismo que en los centros públicos, existirían en los privados consejos escolares formados por la Dirección y por representantes de padres, profesores, alumnos y personal no docente que ostentarían competencias relacionadas con la programación del curso académico, la disciplina y las actividades extraescolares. La ley provocó el rechazo de las organizaciones políticas de derecha y de la mayor parte de las agrupaciones de enseñantes y padres de alumnos de los colegios religiosos, que acusaban al Ejecutivo de intervencionista y de cercenar la libertad educativa.

A las movilizaciones contra la ley, en muchas ocasiones masivas, se sumó a mediados de aquel año la confrontación abierta entre la Iglesia y el poder socialista con la denominada "guerra de los catecismos". El desencadenante de la polémica fue la prohibición ministerial de utilizar catecismos en los colegios sin haber sido antes supervisados y autorizados por el MEC. A continuación, en agosto, fue aprobada la Ley de Reforma Universitaria (LRU), tanto o más controvertida que la LODE. Como en ésta, se potenciaban en aquélla los órganos colegiados de gobierno para dar representación a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Los departamentos se convertían en la pieza clave del sistema, tanto por la coordinación de los programas docentes que debían desarrollar los profesores vinculados a ellos como por sus nuevas competencias en algunas parcelas económicas y de funcionamiento administrativo, con la consiguiente autonomía respecto de sus propias facultades o escuelas universitarias.

En menos de un año, pues, la política de Maravall había creado en el mundo educativo una atmósfera enrarecida sin que ningún sector, salvo el

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propio Ministerio, pareciera estar satisfecho. A las críticas constantes de las federaciones de religiosos de la enseñanza y de padres de alumnos de cole-gios privados se unieron, aunque por otras razones, las de los sindicatos y representantes de los centros educativos del Estado, que exigían una mayor atención al sector público, tal como había prometido el PSOE para llegar al poder. En consecuencia, las huelgas de estudiantes y profesores de los distintos niveles educativos se sucedieron entre 1985 y 1986.

A principios de 1987, con las autoridades del Ministerio en entredicho, la Coodinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y el recién creado Sindicato de Estudiantes elaboraron una tabla reivindicativa que incluía la reducción de las tasas académicas de manera progresiva hasta su supresión definitiva, una mayor participación de los estudiantes en los organismos educativos y la eliminación de la Selectividad. En ese mismo mes de enero de 1987 los universitarios se declararon en huelga general, apoyados poco después por los estudiantes de enseñanza media. Aludiendo a la escasa representatividad de estas organizaciones, el Ministerio no aceptó la negociación; sin embargo, la persistencia de los estudiantes, los enfrentamientos en las calles con las fuerzas de orden público y el desconcierto del Ministro obligaron a Maravall a permitir que se iniciasen conversaciones en febrero: el movimiento estudiantil había logrado un reconocimiento importante, salía fortalecido del pulso con el Ministerio y obtenía de éste un considerable aumento del presupuesto para becas, así como el compromiso de mantener un diálogo abierto sobre el resto de sus peticiones.

Completamente abrumado por el curso de los acontecimientos y con el fracaso de una parte sustancial de las reformas educativas que se había propuesto, José María Maravall dejó el puesto a Javier Solana en julio de 1988, después de unos primeros meses del año muy tensos por las reivindicaciones salariales de los profesores de colegios e institutos.

Cultura subvencionada y cambios de comportamiento social

La llegada de los socialistas al poder en octubre de 1982 abrió un periodo de profundo interés gubernamental por el mundo de la cultura en un sentido lato. El modelo francés estuvo muy presente en la mente de quienes iban a convertirse en los promotores y gestores de este tipo de actividad, y no sólo en el sector público, sino también en el privado. Instalado en

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el Elíseo desde la primavera de 1981, François Mitterrand se convirtió pronto en el referente de la izquierda española a la hora de abordar una política cultural de envergadura. Los años de bonanza económica del sexenio 1986-1991 contribuyeron a financiar esta política que abarcaba desde la Movida madrileña, tan vinculada en el imaginario colectivo a la labor de Enrique Tierno Galván en el Ayuntamiento de Madrid, hasta la rehabilitación o construcción de nueva planta de una tupida red de teatros, auditorios y museos extendida por toda la geografía nacional y cuya expresión más acabada fue, sin duda, el Centro de Arte Reina Sofía, inaugurado en plena euforia en 1986.

Un año antes España había sido invitada a dirigir el festival Europalia, celebrado en Bruselas: nada menos que tres meses en los que el país gozaría de un escaparate privilegiado para organizar exposiciones, encuentros de literatura y de arte y múltiples actividades culturales, todo ello con el fin de mostrar lo mejor de sí. De este modo, la selección presentada en su transcurso, desde Goya hasta Miró, desde Barceló hasta Tàpies, desde la literatura del Siglo de Oro hasta los "novísimos", desde el repertorio musical clásico hasta la vanguardia cinematográfica, recibió el aplauso unánime de la crítica europea.

No todo era subvención, aunque muchos de quienes habían criticado los vínculos de determinados artistas y escritores con la dictadura de Franco no cejaban ahora en su empeño por obtener un premio o una ayuda para poner en marcha una película o una obra teatral, como denunció, con su vehemencia característica, un insobornable Rafael Sánchez Ferlosio2. El profesor José-Carlos Mainer, excelente conocedor del panorama literario del siglo XX español, ha incidido en que "uno de los índices más significativos de la ‘conciencia de cultura’ suscitada durante el periodo democrático en el seno de la sociedad española ha sido la proliferación de premios, habitual-mente bien dotados, que se han otorgado a trayectorias ejemplares y reconocidas. Parece como si el país entero - o, en su caso, la comunidad autónoma correspondiente - quisiera propiciar con tales galardones las virtudes heroicas que echa de menos o como si sintiera la comezón de constituir un santoral laico que la represente"3. El Cervantes, creado por el último Gobierno de Franco, los Príncipe de Asturias, instituidos...

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