La constitución (¿legal?) británica en la actualidad
| Pages | 121-138 |
| Author | Eduardo Vírgala Foruria |
CAPÍTULO V
LA CONSTITUCIÓN (¿LEGAL?) BRITÁNICA
EN LA ACTUALIDAD
1. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EJERCIDO
POR EL TRIBUNAL SUPREMO DEL REINO UNIDO
A PARTIR DE 2009
Con anterioridad a 2009 la máxima instancia judicial británica era el
Comité de Apelación de la Cámara de los Lores (Appelate Committee of
the House of Lords) 1. El Gobierno del laborista Tony Blair (1997-2007) pre-
sentó un proyecto de ley de reformas constitucionales que se convirtió
en 2005 en la Constitutional Reform Act (Ley de reforma constitucional),
creando el TS-RU para que actuara a partir del 1 de octubre de 2009,
transformándose en esa fecha los 12 Law Lords del Comité de Apela-
ción de la Cámara de los Lores en miembros del TS-RU, que a partir de
entonces son nombrados por el Gobierno a propuesta de una selection
commission. El TS-RU es el último tribunal de apelación en todos los
casos civiles y en los penales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
En Escocia en materia penal la última instancia sigue siendo el local
High Court of Justiciary, salvo que la cuestión afecte a algún aspecto de la
devolution, en la que sí entra el TS-RU 2. La razón de la creación del TS-
RU fue la separación de poderes legislativo-judicial, pero sin introdu-
cir novedades, salvo la competencia del análisis de las leyes regionales,
que en las Devolution Acts de 1998 correspondía al Judicial Committee del
Privy Council 3.
1 Aunque el origen de la House of Lords como último Tribunal británico puede remon-
tarse a 1399, cuando los Comunes dejan de compartir esa función, es en 1876 cuando la Ap-
pellate Jurisdiction Act (Ley de la jurisdicción de apelación) estableció la formación de Lords of
Appeal in Ordinary, es decir, el nombramiento como Lores de juristas altamente cualicados
para desempeñar a tiempo completo la función de última instancia de apelación judicial. Tras
la Segunda Guerra Mundial esos Lores comenzaron a funcionar como Appellate Committee y
así permanecieron hasta que la Constitutional Reform Act de 2005 creó el TS-RU: https://www.
supremecourt.uk/about/appellate-committee.html.
2 https://www.supremecourt.uk/docs/jurisdiction-of-the-supreme-court-in-scottish-appeals-hu-
man-rights-the-scotland-act-2012-and-the-courts-reform-scotland-act-2014.pdf.
3 L S (2004: 331).
122 Eduardo Vírgala Foruria
En la actualidad el TS-RU puede realizar, por tanto, un control de
constitucionalidad en tres materias: como siempre sobre la legislación
secundaria gubernamental, sobre la compatibilidad con el CEDH, vía
HRA 1998 4, antes vista, y sobre la validez de las leyes regionales de
Escocia, Gales e Irlanda del Norte 5.
Entrando ahora en la última forma de control de constituciona-
lidad, hay que señalar que en estos momentos, 2018, Escocia, Gales
e Irlanda del Norte tienen competencias ejecutivas y legislativas en
las materias que han sido «devueltas» en las Scotland Act 6, Govern-
ment of Wales Act 7 y Northern Ireland Act 8. En relación con las normas
emanadas de los órganos regionales, el TS-RU actúa como Tribunal
Constitucional, decidiendo si aquellas se han mantenido en los límites
establecidos en sus leyes institucionales básicas y en la Constitución
no codicada británica 9. Hay que tener en cuenta que, desde un punto
de vista legal, el Parlamento de Westminster mantiene completa capa-
cidad para modicar o derogar las Devolution Acts y para legislar en
cualquier materia, aunque haya sido devuelta, pero desde el punto de
vista político solo lo hará con el consentimiento del Parlamento afecta-
do. En las materias competencia de Escocia, por ejemplo, el Parlamen-
to escocés puede modicar o derogar leyes previas o posteriores de
Westminster, salvo que una ley posterior haya establecido claramente
que su regulación queda fuera de la competencia escocesa modican-
do la Scotland Act 10.
A este respecto hay que señalar que la devolution se ha hecho de ma-
nera gradual, pero de forma continuada, lo que signica que ya existen
voces que critican este proceder que no tendría en cuenta una visión
global del Reino Unido. Así, el Informe de 25 de mayo de 2016 de la Co-
misión Constitucional de la Cámara de los Lores entiende que la situa-
ción debe repensarse, de forma que la Constitución tenga en cuenta la
voluntad de las «naciones y regiones», pero no a costa de la estabilidad,
coherencia y viabilidad de la Unión en su conjunto 11. Por lo anterior, el
Informe propone que toda legislación futura de devolution se considere
en un marco apropiado de principios constitucionales que salvaguar-
den la integridad de la Unión en las áreas económicas, sociales, polí-
ticas, culturales y de seguridad y defensa. Se propone un proceso en
dos etapas, la primera en la que el Gobierno identicaría el núcleo de
las funciones esenciales para la operatividad de la Unión en esas áreas,
pero sin que la federalización vaya más allá de lo que existe actualmen-
te, entre otras cuestiones por no existir consenso sobre cómo articular
4 H (2016: 6-7).
5 Ibid.: 4.
6 Scotland Act 2016: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/11/contents/enacted.
7 Governement of Wales Act 2006: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents.
8 Northern Ireland Act 1998: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents.
9 H (2017: 6).
10 B (2004: 53).
11 Lo que recuerda a los debates sobre la evolución del Estado autonómico español.
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