Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Agosto de 2002. Caso Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Serie A No. 17

Fecha de Resolución:28 de Agosto de 2002
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño
Solicitante:Chile
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Opinión Consultiva OC-17/2002

de 28 de agosto de 2002,

solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño

I PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA PÁRRS. 1-4

II Procedimiento ante la Corte párrs. 5-15

III Competencia párrs. 16-36

IV Estructura de la Opinión párr. 37

V Definición de Niño párrs. 38-42

VI Igualdad párrs. 43-55

VII Interés Superior del Niño párrs. 56-61

VIII Deberes de la familia, la sociedad y el Estado

Familia como núcleo central de protección párrs. 62-70

Separación excepcional del niño de su familia párrs. 71-77

Instituciones y personal párrs. 78-79

Condiciones de vida y educación del niño párrs. 80-86

Obligaciones positivas de protección párrs. 87-91

IX Procedimientos judiciales o administrativos en que participan los niños

Debido proceso y garantías párrs. 92-98

Participación del niño párrs. 99-102

Proceso administrativo párr. 103

Procesos judiciales

I., delincuencia y estado de riesgo párrs. 104-114

Debido proceso párrs. 115-119

  1. Juez Natural párr. 120

    b) Doble instancia y recurso efectivo párrs. 121-123

    c) Principio de Inocencia párrs. 124-131

    d) Principio de contradictorio párrs. 132-133

    e) Principio de publicidad párrs. 134

    Justicia alternativa párrs. 135-136

    X Opinión párr. 137

    Corte Interamericana de Derechos Humanos

    Opinión Consultiva OC-17/2002

    de 28 de agosto de 2002,

    solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

    Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño

    Estuvieron presentes:

    A.A.C.T., P.;

    A.A.B., V.;

    M.P.G., J.;

    H.S.P., J.;

    O.J., J.;

    S.G.R., J. y

    C.V. de R.R., Juez.

    Estuvieron, además, presentes:

    M.E.V.R., S. y

    P.S.A., S. adjunto.

    LA CORTE

    integrada en la forma antes mencionada,

    emite la siguiente Opinión Consultiva:

    I

    Presentación de la consulta

    1. El 30 de marzo de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), en razón de lo que dispone el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”, “la Convención” o “el Pacto de San José”), sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de Opinión Consultiva (en adelante “la consulta”) sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, con el propósito de determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la misma Convención constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados” en relación a niños, y asimismo solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención Americana.

    2. En criterio de la Comisión Interamericana la consulta tiene como antecedente que

      [e]n distintas legislaciones y prácticas de los países americanos, la vigencia de los derechos y garantías reconocidos en los artículos 8 y 25 por la Convención Americana no es plena respecto a los niños como sujetos y actores en jurisdicción penal, civil y administrativa, por asumirse que la obligación de protección por el Estado para suplir la falta de plenitud de juicio de los menores, puede hacer pasar a segundo plano dichas garantías. Eso implica que los derechos de los menores de edad a las garantías judiciales y a la protección judicial pueden ser menoscabados o restringidos. Por ende también otros derechos reconocidos cuya vigencia depende de la efectividad de las garantías judiciales como los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la honra y la dignidad, y a la protección de la familia.

    3. De conformidad con las manifestaciones de la Comisión, existen ciertas “premisas interpretativas” que autoridades estatales aplican al momento de dictar medidas especiales de protección a favor de menores, las cuales tienden al debilitamiento de las garantías judiciales de éstos. Dichas medidas son las siguientes:

      a. Los menores son incapaces de juicio pleno sobre sus actos y por consiguiente su participación por sí o a través de sus representantes se reduce o anula tanto en lo civil como en lo penal.

      b. Esa carencia de juicio y personería es presumida por el funcionario judicial o administrativo, que, al tomar decisiones que entiende basadas en lo que considera los “mejores intereses del niño”, deja en segundo plano esas garantías.

      c. Las condiciones del entorno familiar del niño (situación económica y de integración familiar, falta de recursos materiales de la familia, situación educacional, etc.) pasan a ser factores centrales de decisión respecto al tratamiento cuando un niño o adolescente es puesto bajo la jurisdicción penal o administrativa para decidir su responsabilidad y su situación en relación con una presunta infracción, o para la determinación de medidas que afectan derechos como el derecho a la familia, a la residencia o a la libertad.

      d. La consideración de que el menor está en situación irregular (abandono, deserción educativa, falta de recursos de su familia, etc.) puede usarse para intentar justificar la aplicación de medidas normalmente reservadas como sanción para figuras delictivas aplicables sólo bajo debido proceso.

    4. La Comisión incluyó en la consulta una solicitud a este Tribunal para que se pronuncie específicamente sobre la compatibilidad de las siguientes medidas especiales que algunos Estados adoptan en relación a menores, con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana:

      a) la separación de jóvenes de sus padres y/o familia por considerarse, al arbitrio del órgano decisor y sin debido proceso legal, que sus familias no poseen condiciones para su educación y mantenimiento;

      b) la supresión de la libertad a través de la internación de menores en establecimientos de guarda o custodia, por considerárselos abandonados o proclives a caer en situaciones de riesgo o ilegalidad; causales que no configuran figuras delictivas sino condiciones personales o circunstanciales del menor[;]

      c) la aceptación en sede penal de confesiones de menores obtenidas sin las debidas garantías;

      d) la tramitación de juicios o procedimientos administrativos en los que se determinan derechos fundamentales del menor, sin la garantía de defensa del menor[; y]

      e) [l]a determinación en procedimientos administrativos y judiciales de derechos y libertades sin la garantía al derecho de ser oído personalmente y la no consideración de la opinión y preferencias del menor en esa determinación.

      II

      Procedimiento ante la Corte

    5. Mediante notas de 24 de abril de 2001, la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), en cumplimiento de lo que dispone el artículo 62.1 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[1], transmitió el texto de la consulta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”), al Instituto Interamericano del Niño, al Consejo Permanente y, por intermedio del S. General de la OEA, a los órganos de la Organización que -por sus competencias- pudieran tener interés en la materia. Asimismo, les informó que el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), en consulta con los demás jueces que integran el Tribunal, dispuso que las observaciones escritas y otros documentos relevantes sobre la consulta deberían ser presentados en la Secretaría a más tardar el 31 de octubre de 2001.

    6. El 7 de agosto de 2001 el Instituto Interamericano del Niño presentó sus observaciones escritas en relación con la solicitud de opinión consultiva.

    7. Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica presentaron sus observaciones escritas el 31 de octubre de 2001.

    8. Conforme a la prórroga del plazo de presentación de observaciones que el Presidente concedió a la Comisión Interamericana, ésta presentó nuevas precisiones el 8 de noviembre de 2001.

    9. Las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron sus escritos en calidad de amici curiae, entre el 16 y el 29 de octubre de 2001

      - la Coordinadora Nicaragüense de ONG’s que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (en adelante “CODENI”);

      - el Instituto Universitario de Derechos Humanos, A.C. de México; y

      - la Fundación R.P.H., A.C. de México.

    10. Por Resolución de 12 de abril de 2002, el Presidente dispuso la realización de una audiencia pública sobre la consulta en la sede de la Corte el 21 de junio de 2002, a partir de las 10:00 horas, e instruyó a la Secretaría para que oportunamente invitase a participar en dicho procedimiento oral a quienes hubiesen sometido por escrito sus puntos de vista al Tribunal.

    11. Las siguientes organizaciones presentaron sus escritos en calidad de amici curiae, entre el 18 de junio y el 2 de agosto de 2002:

      - Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (en adelante “ILANUD”);

      - Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”); y

      - la Comisión Colombiana de Juristas.

    12. El 21 junio de 2002, con anterioridad al inicio de la audiencia pública convocada por el Presidente, la Secretaría entregó a los comparecientes el conjunto de escritos de observaciones y documentos presentados, hasta ese momento.

    13. Comparecieron a la audiencia pública,

      por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

      M.A.B..

      por los Estados Unidos Mexicanos:

      Embajador C.P.P.;

      R.V.C.; y

      J.I.M. delC..

      por Costa Rica:

      A.B.C.;

      A.M.R.;

      N.L.O.;

      R.V.S.;

      M.M.G.; e

      I.G.P..

      por el Instituto Universitario de Derechos Humanos, A.C. de México:

      M.E. delC.R.M.;

      E.E.R.;

      M.C.A.N.; y

      S.O. de A..

      por la Fundación R.P.H., A.C de México:

      D.S.G.E. de los Monteros.

      por el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional:

      J.C.G.;

      L.C.; y

      L.B..

      por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente:

      C.T..

    14. Durante la audiencia pública, el Presidente señaló a los participantes que podrían enviar observaciones adicionales a más tardar el 21 de julio siguiente. El 12 de julio siguiente informó a las...

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