Conclusiones

• Author: José María García de Madariaga - Juan C. Calvi - Fernando Tucho Fernández - Miriam Meda González
• Pages: 189-196

Contenidos

• Las Políticas de Comunicación en España.
• Las Industrias Culturales en Iberoamérica.
• Las Políticas de Comunicación en Latinoamérica.
• Los Medios Comunitarios y los Trabajadores de la Comunicación.
• Las Tecnologías de la Información y la Brecha Digital.
• Comentarios Finales.

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Conclusiones

Partiendo de las ponencias y discusiones que tuvieron lugar durante las jornadas del I Encuentro Iberoamericano sobre Políticas de Comunicación podemos concluir que, durante los últimos veinte años, las políticas de comunicación y cultura en los distintos países de Iberoamérica, reproduciendo una tendencia que se viene dando a nivel mundial, han tendido a favorecer la posición dominante de los conglomerados multimedia globales, regionales y locales, a través de regulaciones que promueven la liberalización y privatización de amplios sectores de la comunicación y la cultura, y marginando a su vez la participación no sólo de los medios comunitarios y las pequeñas empresas culturales, sino sobre todo la participación de la ciudadanía en general.

Las Políticas de Comunicación en España

En el caso particular de las políticas de comunicación en España, de acuerdo con el análisis planteado por Francisco Sierra (Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económicopolítica), los intentos de regulación se han mostrado incapaces de racionalizar el sistema de medios en su conjunto, profundizando sus desequilibrios internos a partir de un proceso de fusiones, competencia y saturación de mercados de consumo que afectan la calidad cultural y la diversidad de la oferta de contenidos disponibles para la ciudadanía. Aún así, se viene observando con esperanza el surgimiento de un sector audiovisual e informativo vinculado al Tercer Sector que empieza a coordinarse a partir de nuevas iniciativas que tienen lugar en distintos lugares de la geografía española.

Según se desprende de su diagnóstico, cuando menos es necesario avanzar líneas de trabajo que promuevan la democracia informativa y el avance en las políticas públicas sobre la comunicación y la cultura, centradas en cuatro puntos. Primero, la institucionalización de las políticas públicas mediante procedimientos de evaluación y discusión pública de la nueva Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, que permitan corregir, criticar y aprender de las acciones e iniciativas estratégicas en el campo de la comunicación social. Segundo, el estudio prospectivo de las demandas y tendencias emergentes de la comunicación, y su dimensión pública más allá de la estructura de mercado. Tercero, la democratización y realización del derecho de acceso al sistema radiotelevisivo, así como a las nuevas redes digitales y a las políticas de gobernanza electrónica, tanto en el ámbito local y autonómico como a nivel nacional. Y cuarto, a través de la diversificación de la estructura de propiedad garantizando la participación de otros actores económicos, como el Tercer Sector, así como el

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protagonismo de agentes de la comunicación tradicionalmente excluidos del sistema de medios.

En la misma línea de análisis sobre los procesos de reforma de los servicios públicos de radiotelevisión en el contexto europeo y específicamente el español, el principal problema que se plantea es la financiación de los mismos. De acuerdo con el diagnóstico de Ángel García Castillejo (La financiación del Servicio Público radiotelevisivo de la Unión Europea), se puede concluir que la financiación pública del servicio público de radio y televisión, en el marco de un modelo de financiación mixta (subvención por parte del Estado e ingresos comerciales), resulta compatible con la normativa comunitaria, tanto de competencia en general como audiovisual en particular, siempre y cuando se adopten una serie de criterios claramente señalados tanto por la normativa comunitaria vigente, como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De este modo, la corrección o no de las subvenciones públicas a ser otorgadas por el Estado a la entidad a la que se le encomiende la prestación de las obligaciones de servicio público de radiodifusión sonora y de televisión requerirá la observancia del principio de la transparencia contable de acuerdo a los objetivos de prestación de un servicio público de comunicación, puesto que la asignación de la subvención debe ser transparente y dirigida a la financiación estricta del cumplimiento de la misión de servicio público radiotelevisivo encomendado.

Sobre algunas iniciativas concretas en materia de comunicación que se están llevando a cabo a partir del surgimiento de nuevos gobiernos democráticos en Latinoamérica, cabe comentar las experiencias que se están desarrollando en países como Venezuela. Al respecto, José María Gª de Madariaga (Marco de regulación para los medios comunitarios en Venezuela) brinda un panorama completo de la situación comunicacional en ese país. La polémica nueva ley de comunicación denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión parece ser una normativa imprescindible para Venezuela, donde regía una ley de 1940, anterior a la presencia de la televisión.

Esta nueva normativa pone sobre la mesa, una vez más, el interminable debate sobre el alcance de intervención de los gobiernos en el escenario mediático para garantizar su control social. A pesar del amplio debate sobre la aplicación de esta ley, lo cierto es que su regulación no sólo no supone ningún tipo de...