Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de Febrero de 2006. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Serie C No. 145

Fecha de Resolución: 8 de Febrero de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam
Acto:Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Trinidad y Tobago
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam

Sentencia del 8 de febrero de 2006

(Interpretación de la Sentencia

de Fondo, R. y Costas)

En el Caso de la Comunidad Moiwana,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), compuesta por los siguientes jueces[1]:

S.G.R., P.;

A.A.B., Vice-Presidente;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J., y

M.E.V.R., J.;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 59 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), la Corte resuelve la demanda de interpretación de su sentencia del 15 de junio de 2005, sobre excepciones preliminares, sentencia de fondo y reparaciones, dictada en el caso de la Comunidad Moiwana, presentada por el estado de Surinam (en adelante “el Estado” o “Surinam”) el 4 de octubre de 2005.

I

SENTENCIA SOBRE EXCEPCIONES PRELIMINARES, SENTENCIA DE FONDO Y REPARACIONES

  1. El 15 de junio de 2005, la Corte dictó sentencia en esta causa, cuya parte pertinente dice:

    DECID [E],

    Por unanimidad,

  2. Desestimar las excepciones preliminares presentadas por el Estado.

    SE DECLAR [Ó],

    Por unanimidad, que:

  3. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 103 de la presente Sentencia.

  4. El Estado violó el derecho de circulación y de residencia consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 121 de la presente Sentencia.

  5. El Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos del párrafo 135 de la presente Sentencia.

  6. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad Moiwana, en los términos de los párrafos 163 y 164 de la presente Sentencia.

  7. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 192 de la presente Sentencia.

    Y DISPONE,

    Por unanimidad, que:

  8. El Estado debe cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 202 a 207 de la presente Sentencia.

  9. El Estado debe, a la brevedad posible, recuperar los restos de los miembros de la comunidad Moiwana que fallecieron durante los hechos del 29 de noviembre de 1986, así como entregarlos a los miembros de la comunidad Moiwana sobrevivientes, en los términos del párrafo 208 de la presente Sentencia.

  10. El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, necesarias para asegurar a los miembros de la comunidad Moiwana su derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados y asegurar, por lo tanto, el uso y goce de estos territorios. Estas medidas deberán incluir la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular dichos territorios tradicionales, en los términos de los párrafos 209 a 211 de la presente Sentencia.

  11. El Estado debe garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad Moiwana que decidan regresar a la aldea de Moiwana, en los términos del párrafo 212 de la presente Sentencia.

  12. El Estado debe implementar un fondo de desarrollo comunitario, en los términos de los párrafos 213 a 215 de la presente Sentencia.

  13. El Estado debe realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos de los párrafos 216 y 217 de la presente Sentencia.

  14. El Estado debe construir un monumento y colocarlo en un lugar público apropiado, en los términos del párrafo 218 de la presente Sentencia.

  15. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 187 de la presente Sentencia a favor de los miembros de la comunidad Moiwana, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 179 a 181, 226 y 228 a 231 de la presente Sentencia.

  16. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 196 de la presente Sentencia a favor de los miembros de la comunidad Moiwana, por concepto de daño inmaterial, en los términos de los párrafos 179 a 181, 226 y 228 a 231 de la presente Sentencia.

  17. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 223 de la presente Sentencia, por concepto de gastos, en los términos de los párrafos 223, 224 y 228 a 231 de la presente Sentencia.

  18. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 232 de la misma.

  19. Se notificó la sentencia al Estado, a la Comisión y a los representantes el día 14 de julio de 2005.

    II

    COMPETENCIA Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

  20. El artículo 67 de la Convención dispone:

    [e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

    Conforme al mencionado artículo, la Corte es competente para interpretar sus propias sentencias. Si fuera posible, al analizar una demanda de interpretación de una sentencia, la Corte estará compuesta de los mismos jueces que la conformaban al dictarse la sentencia cuya interpretación se solicita (Artículo 59.3 de las Normas de Procedimiento). En este caso, la Corte está compuesta por los mismos miembros que dictaron la sentencia sobre las excepciones preliminares, el fondo de la causa y las reparaciones, cuya interpretación el Estado solicita (supra nota a pie de página 1).

    III

    RECURSO DE ACLARATORIA

  21. El 4 de octubre de 2005, el Estado de Surinam presentó un pedido de aclaratoria de la sentencia sobre excepciones preliminares, sentencia de fondo y reparaciones dictada en el caso de Comunidad Moiwana, según lo contemplado en el artículo 67 de la Convención y el artículo 59 del Reglamento de la Corte.

  22. En el pedido de aclaratoria, el Estado realizó, entre otras cosas, las siguientes observaciones:

    El Estado reconoce que la Convención indica expresamente que la sentencia de la Corte no es apelable. Con la posibilidad de solicitar una aclaratoria del sentido y alcance de la sentencia, los redactores de la Convención dieron a las partes en desacuerdo con la sentencia, la oportunidad de peticionar a la […] Corte.

    [L]a República de Surinam expresa que no está de acuerdo con determinadas partes de la Sentencia del 15 de octubre de 2005 dictada por la Corte en el Caso de Comunidad Moiwana vs. Surinam. El Estado respetuosamente solicita a la Corte la interpretación de dichas partes de la sentencia.

    A fin de que la Corte entienda en un caso, el artículo 61, apartado 2 de la Convención ordena que deben completarse los procedimientos establecidos en los artículos 48 y 50. El Estado manifestó en todas las comunicaciones previas realizadas durante el proceso y en la audiencia pública realizada en el mes de Septiembre de 2004 ante la […] Corte, que la Comisión había adoptado equivocadamente una comunicación como un Informe del Artículo 50. En base al mencionado apartado 2 del artículo 61 de la Convención, el “Informe del Artículo 50” erróneamente adoptado sirve como fundamento para la presentación de la demanda ante la […] Corte. […] El Estado debe concluir que la […] Corte no analizó el estado ni la condición de dicha comunicación –el Informe del Artículo 50- presentada por la Comisión como fundamento de su demanda ante la Corte en la cuestión que nos ocupa. Dado que la Convención exige expresamente que se lleven a cabo los procedimientos establecidos en los artículos 48 y 50 de la Convención, como conditio sine qua non para que la […] Corte ejerza su competencia sobre un determinado caso, el Estado considera que la […] Corte debe analizar cuidadosamente los procedimientos a fin de determinar si los requisitos mencionados en los artículos 48 y 50 de la Convención han sido cumplidos por la Comisión. Solo luego de este análisis basado en las cuestiones de derecho podrá determinarse que dichos requisitos establecidos por la Convención han sido cumplidos por la Comisión a fin de iniciar este caso ante la Corte. Solo así tendrá la […] Corte el derecho establecido en el apartado 2 del artículo 61 de la Convención para entender en este caso en particular […] El Estado ha expresado que está en total desacuerdo con la determinación de la Comisión según la cual dicho informe debe ser considerado como Informe del Artículo 50. El Estado alegó que la Comisión presentó, en forma errónea, varios actos de quienes actuaban por el Estado como encuadrados dentro del marco de la Convención, mientras que en opinión del Estado si las violaciones se produjeron, ellas deben ser analizadas a la luz de la Declaración Americana de Derechos Humanos […] En general esto no sería problemático. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1986, cuando lamentablemente se produjeron los hechos en la aldea de Moiwana, Surinam no era un Estado parte de la Convención. Como estado miembro de la OEA, la Declaración se aplica a estos hechos particulares.

    Además, el Estado...

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