Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de Junio de 2005. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Serie C No. 124

Fecha de Resolución:15 de Junio de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Trinidad y Tobago
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname

Sentencia de 15 de junio de 2005

(Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas)

En el Caso de la Comunidad Moiwana,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.; y

D.G.-Sayán, J.;

presentes además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)*, dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 20 de diciembre de 2002, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Suriname (en adelante “el Estado” o “Suriname”), la cual se originó en la denuncia No. 11.821, recibida en la Secretaría de la Comisión el 27 de junio de 1997.

  2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 25 (Protección Judicial), 8 (Garantías Judiciales) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención, en perjuicio de determinadas personas que habitaron la aldea de Moiwana (infra párrs. 71 a 74 y 86(17) donde están identificadas las presuntas víctimas). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso incurridos tanto a nivel nacional como internacional.

  3. De conformidad con lo señalado por la Comisión, el 29 de noviembre de 1986 miembros de las fuerzas armadas de Suriname habrían atacado la comunidad N’djuka M. de Moiwana. Los soldados supuestamente masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad. Los que lograron escapar presuntamente huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o internamente desplazados. Asimismo, a la fecha de la presentación de la demanda, supuestamente no habría habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de sus tierras; consecuentemente, serían incapaces de retomar su estilo de vida tradicional. Por estas razones, la Comisión señaló que, mientras que el ataque en sí era anterior a la ratificación de la Convención Americana por parte de Suriname y a su reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, la presunta denegación de justicia y el desplazamiento ocurrido con posterioridad al ataque constituían el objeto de la demanda.

    II

    Competencia

  4. Suriname es Estado Parte en la Convención Americana desde el 12 de noviembre de 1987 y en esa misma fecha reconoció como obligatoria la competencia de la Corte. El Estado ha alegado en sus excepciones preliminares que el Tribunal no tiene competencia para conocer del presente caso (infra párrs. 34, 45, 52, 60 y 65). Por lo tanto, la Corte decidirá primero sobre las excepciones preliminares interpuestas por Suriname; posteriormente, si fuera jurídicamente procedente, el Tribunal pasará a decidir sobre el fondo y las reparaciones solicitadas en el presente caso.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El 27 de junio de 1997 la organización de derechos humanos Moiwana ’86 presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana.

  6. El 7 de marzo de 2000, durante su 106º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 26/00, en el cual decidió, inter alia, que eran admisibles los alegatos respecto de las presuntas alegadas violaciones de los artículos 25, 8 y 1.1 de la Convención Americana.

  7. El 28 de febrero de 2002, durante su 114º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 35/02 sobre el fondo del caso, en el cual hizo las siguientes recomendaciones al Estado:

  8. Que el Estado abra una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los hechos, de manera tal que se pueda producir un informe oficial de las circunstancias que rodearon la masacre en Moiwana y [que los responsables puedan ser] debidamente juzgados y sancionados.

  9. Que se adopten las medidas necesarias para completar, de la manera más pronta posible y de conformidad con la ley, los procesos judiciales y administrativos relativos a todas las personas involucradas en las violaciones citadas en las […] conclusiones [del Informe No. 35/02], con el fin de investigar, juzgar y sancionar debidamente a los responsables.

  10. Que el Estado de Suriname repare las consecuencias de estas violaciones de los derechos de las víctimas, sus familias y derechohabientes que se han visto perjudicados por las mencionadas violaciones a derechos, [cuya] reparación deberá basarse en el concepto de familia establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  11. Que el Estado de Suriname tome las medidas legislativas y judiciales necesarias para abolir la ley de Amnistía para este caso, en la medida en que permite la impunidad de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

  12. Mediante comunicación de fecha 21 de marzo de 2002, la Comisión transmitió el Informe No. 35/02 al Estado, y le solicitó que informara, en el plazo de dos meses contado a partir de la fecha de transmisión del mismo, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones en él contenidas.

  13. Mediante comunicación de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios que había aprobado el Informe No. 35/02 y les solicitó que remitieran la información señalada en el artículo 43.3 del Reglamento de la Comisión, relativa a la posición de los peticionarios respecto al posible envío del caso a la Corte Interamericana. Los peticionarios remitieron la información solicitada el 20 de abril de 2002.

  14. El 20 de mayo de 2002 el Estado remitió una comunicación en la que objetó tanto la admisibilidad del caso como las decisiones de la Comisión contenidas en el Informe No. 35/02.

  15. Después de varios intentos fallidos de obtener el cumplimiento de sus recomendaciones, y tomando en cuenta la solicitud de los peticionarios al respecto, la Comisión decidió someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  16. El 20 de diciembre de 2002 la Comisión presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó a los señores C.K.R. y S.A.C. como delegados, y al señor A.D. como asesor legal. Después del examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) notificó la demanda a Suriname el 17 de enero de 2003, e informó al Estado sobre los plazos para contestar la demanda y para designar sus representantes en el caso. Asimismo, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado sobre su derecho a designar un J. ad hoc para que participara en la consideración del caso. Además, mediante comunicación de fecha 9 de enero de 2003, la Secretaría, de conformidad con el artículo 35.1.d del Reglamento notificó la demanda a Maytrie Kuldip-Singh de Moiwana ’86. Finalmente, mediante comunicaciones de la misma fecha, la Secretaría, de conformidad con el artículo 35.1.e del Reglamento, notificó la demanda a M.K.-Singh, J.A.F., F.M. y M.M. (en adelante “los representantes”).

  17. El 3 de marzo de 2003 el Estado designó al señor S.P. como Agente, y al señor A. van der Saan como Agente alterno, y el 6 de marzo de 2003 designó al señor F.K. como J. ad hoc para el presente caso.

  18. Después de que le fuera otorgada una prórroga, el 1 de mayo de 2003 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares y contestación de la demanda, al cual adjuntó prueba documental.

  19. Ante una solicitud de información presentada por los representantes el 23 de mayo de 2003, el 26 de mayo de 2003 la Secretaría les respondió que el plazo para la presentación de su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas había vencido el 17 de febrero de 2003.

  20. El 24 de febrero de 2004 Harvard Law Student Advocates for Human Rights y el Global Justice Center sometieron conjuntamente un escrito de amici curiae.

  21. El 26 de mayo de 2004 la Comisión Interamericana presentó sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado (supra párr. 14).

  22. El 5 de agosto de 2004 el Presidente emitió una Resolución en la que requirió, de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento, que el señor T.S.P., quien había sido propuesto como perito por la Comisión, rindiera su peritaje mediante declaración rendida ante fedatario público. De conformidad con los términos de la Resolución, el affidávit debía ser presentado a la Corte antes del 23 de agosto de 2004, y ser posteriormente transmitido al Estado y a los representantes para que éstos presentaran las observaciones que estimaren pertinentes. Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que tendría lugar en la sede de la Corte el 9 de septiembre de 2004, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de determinados testigos y peritos (infra párr. 21). Finalmente, el Presidente informó a la Comisión, a los representantes y al Estado que contaban con plazo hasta el 11 de octubre de 2004 para presentar sus alegatos finales escritos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.

  23. El 23 de agosto de 2004 el...

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