Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de Junio de 2002. Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Serie C No. 93

Fecha de Resolución:12 de Junio de 2002
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de los 19 Comerciantes Vs. Colombia
Acto:Excepción Preliminar
Solicitante:Costa Rica
 
EXTRACTO GRATUITO

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia

Sentencia de 12 de junio de 2002

(Excepción Preliminar)

En el caso de los 19 Comerciantes,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

A.A.C.T., P.;

A.A.B., V.;

H.S.P., J.;

O.J., J.;

S.G.R., J.; y

R.N.N., J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S.; y

P.S.A., S.A.,

de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)**, dicta la presente Sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”).

I

Introducción de la Causa

  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 24 de enero de 2001. La demanda de la Comisión tiene su origen en la denuncia No. 11.603, recibida en su Secretaría el 6 de marzo de 1996.

    II

    Hechos Expuestos en la Demanda

  2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda que alrededor de las once horas del 6 de octubre de 1987 los comerciantes A.L.P., G.R., Israel Pundor, A.B., A.F.O., C.A.R., V.A., A.C., H.P., A.C., R.P., G.O., R.C.V., H.J., J.B., A.G. y L.S. fueron requisados por el Ejército cuando pasaron por el caserío de Puerto Araujo. Esta requisa constituye la última indicación oficial sobre su paradero, antes de que ingresaran al Municipio de Boyacá (sic) y a la finca El Diamante, zona que supuestamente se encontraba en ese momento bajo el control total de un grupo paramilitar. Hacia el anochecer de ese mismo día los comerciantes fueron retenidos por un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Boyacá (sic), y fueron ejecutados esa misma noche o al día siguiente. La detención, desaparición y posterior ejecución de los comerciantes fue planeada conjuntamente por el grupo paramilitar que operaba en la zona y miembros de la V Brigada del Ejército. Posteriormente, el 18 de octubre de 1987 J.M. y F.F., quienes se encontraban recorriendo la zona en busca de los 17 comerciantes desaparecidos, fueron detenidos y asesinados por el grupo paramilitar que operaba en la zona. Con posterioridad a la ejecución de las presuntas víctimas, sus cuerpos fueron destruidos de manera brutal con el objeto de impedir su identificación.

    Asimismo, la Comisión señaló que “la actividad judicial emprendida por los órganos del Estado, concretamente las jurisdicciones ordinaria y militar, durante más de una década[,] no satisface los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de protección judicial”. A la luz de lo anterior, la Comisión hizo notar que “[e]l juzgamiento de los oficiales del Ejército, presuntos autores intelectuales de la masacre, ante la justicia militar […] culminó con la cesación de procedimiento”, y que “el juzgamiento de los civiles responsables por la autoría material de los hechos aun se encuentra pendiente”.

    A raíz de lo anterior, la Comisión presentó este caso con el objeto de que la Corte decida si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución de los comerciantes A.L.P., G.R., Israel Pundor, A.B., A.F.O., C.A.R., V.A., A.C., H.P., A.C., R.P., G.O., R.C.V., H.J., J.B., A.G. y L.S., el 6 de octubre de 1987, y de J.M. y F.F., el 18 de octubre de 1987, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del M. Medio (sic). Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que decida si el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares; así como por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  3. El 6 de marzo de 1996 la Comisión Colombiana de Juristas presentó una denuncia a la Comisión Interamericana basada en la supuesta desaparición forzada de los diecinueve comerciantes (supra párr. 2) por miembros del Ejército Nacional e integrantes de un grupo paramilitar en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del M. Medio (sic).

  4. El 29 de marzo de 1996 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el No. 11.603. El 27 de septiembre de 1999 la Comisión lo declaró admisible. En el Informe de Admisibilidad la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.

  5. El 16 de diciembre de 1999 los peticionarios presentaron a la Comisión una propuesta de solución amistosa, la cual fue transmitida al Estado para que presentara sus observaciones. El 21 de enero de 2000 el Estado remitió un escrito mediante el cual hizo referencia al Informe de Admisibilidad, escrito que fue transmitido a los peticionarios.

  6. El 2 de marzo de 2000 la Comisión celebró una audiencia con el propósito de analizar la posibilidad de que se llegara a una solución amistosa. Según la Comisión, el Estado expresó que no podía reconocer su responsabilidad debido a que las decisiones firmes de los tribunales internos no demostraban la responsabilidad de agentes del Estado por los hechos denunciados. Además, el Estado señaló que los familiares de las presuntas víctimas recibirían una reparación si los tribunales contencioso-administrativos lo disponían. Por su parte, los peticionarios decidieron dar por concluido el intento de solución amistosa.

  7. Mediante escrito de 31 de marzo de 2000 los peticionarios presentaron “una exposición escrita de los argumentos” expuestos durante la referida audiencia. El anterior escrito fue transmitido al Estado, el cual presentó sus observaciones el 30 de junio de 2000.

  8. El 4 de octubre de 2000 la Comisión aprobó el Informe No. 76/00, mediante el cual recomendó al Estado:

  9. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de A.L.P., G.R., Israel Pundor, A.B., A.F.O., C.A.R., V.A., A.C., H.P., A.C., R.P., G.O., R.C.V., H.J., J.B., A.G., L.S., J.M. y F.F..

  10. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban [una] adecuada y oportuna reparación por las violaciones […] establecidas.

  11. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en materia de investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.

  12. El 24 de octubre de 2000 la Comisión transmitió el informe anteriormente señalado al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de transmisión del mencionado informe, para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones realizadas. El 22 de diciembre de 2000 el Estado solicitó una prórroga con el objeto de dar respuesta al Informe No. 76/00, la cual fue otorgada hasta el 19 de enero de 2001, día en que el Estado presentó su respuesta a la Comisión, y en el que la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  13. El 24 de enero de 2001 la Comisión Interamericana presentó su demanda en los siguientes términos:

    […L]a Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que

  14. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales en perjuicio de A.L.P., G.R., Israel Pundor, A.B., A.F.O., C.A.R., V.A., A.C., H.P., A.C., R.P., G.O., R.C.V., H.J., J.B., A.G., J.M., L.S.,][1] y F.F., protegido[s] por los artículos 4 y 7 de la Convención Americana.

  15. El Estado es responsable de violar el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas, previsto en el artículo 5 de la Convención Americana.

  16. El Estado es responsable por la violación del derecho al acceso a la justicia y la protección judicial de las víctimas y sus familiares consagrados en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana así como de incumplir su obligación de asegurar el respeto de los derechos previstos en ella conforme [a] su artículo 1(1).

    Con base en estas conclusiones la Comisión solicita a la Honorable Corte que ordene al Ilustre Estado

  17. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA