Comentario de Fondo
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En el Sistema UniversalComité del CEDAW en su “Opinión Consultiva
Nº 19” (1992)
En los casos Ríos y Perozo
Comentario profundizado de los párrafos 164 y 165 de la sentencia del caso Tristán Donoso
vs. Panamá, Serie C N° 193, de 27 de Enero de 2009:
“Organización y Funcionamiento del Ministerio Público desde la
Perspectiva de la Proteccion a los Derechos Humanos”
Caso
Tristán Donoso
Humanos ya que “[…] per se comprometía la imparcialidad e independencia de los mencionados agentes del Estado”,
debido a que “[…] las autoridades encargadas de conducir la investigación eran subordinados jerárquicos del
ex Procurador, querellante en el proceso, quien tenía un interés personal y particular en el asunto y una posición de
Caso Tristán
“Los Estados partes pueden organizar su sistema procesal penal, así como la función, estructura o
ubicación institucional del Ministerio Público a cargo de la persecución penal, considerando sus necesidades
y condiciones particulares, siempre que cumplan con los propósitos y obligaciones determinadas en la
Convención Americana. En los casos que la legislación de un determinado Estado establezca que los
integrantes del Ministerio Público desempeñan su labor con dependencia orgánica, ello no implica, en sí
mismo, una violación a la Convención” Caso Tristán
“Por su parte, la Corte destaca que el principio de legalidad de la función pública, que gobierna
la actuación de los funcionarios del Ministerio Público, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos
deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos,
actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan
acreditar el delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan excluir
o atenuar la responsabilidad penal del imputado” Caso Tristán
COMENTARIO DE FONDO
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El juez García Ramírez desarrolla esta idea con mayor profundidad en su voto razonado a esta sentencia,
señalando que “En el Derecho latinoamericano, el Ministerio Público tiene diversas raíces: hispánica, francesa y
norteamericana […] Todo ello ha contribuido a la forja de instituciones particulares, aun cuando entre ellas existan
radicales coincidencias” (Voto razonado del Juez García Ramírez, párr. 11), por lo que no estima razona ble la pretensión
de “[…] ajustar al Ministerio Público a un patrón único, que no acepte variantes ni reconozca desarrollos y necesidades
(párr. 12).
Para el juez García Ramírez desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos “[…] lo que
importa es reconocer que cualquier sistema de organización y funcionamiento del Ministerio Público, institución del
Estado, debe respetar los derechos de las personas, esto es, conformarse de manera consecuente con los deberes
generales de respeto y garantía. Se requiere, pues, una perspectiva de derechos humanos para valorar el desempeño
del Ministerio Público; no bastan ni dominan el enfoque administrativo o la perspectiva procesal” (párr. 14).
Para concluir, el magistrado García Ramírez señala que “Si el Ministerio Público es una magistratura de la
legalidad, su función indagadora -y más todavía su tarea cuasijurisdiccional, donde la tenga - debe plegarse a la ley”
(párr. 15), ya que “El M.P. quebrantaría su misión si se s ustrajera al imperio la ley, que no condena ni absuelve de
antemano a ningún sujeto, sino ordena buscar con diligencia los datos que permitan arribar a la conclusión que sirva
a la verdad y, por este medio, a la justicia” (párr. 16)
Si bien la Corte Interamericana fundamenta su decisión en el principio de legalidad y su obligatoriedad para
todo ente estatal, estimamos que el verdadero fundamento de la obligación del Ministerio Público en cuanto a buscar
la “verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal” es el principio de
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que “el derecho a la presunción de inocencia es un elemento
esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del
el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde
a quien acusa” (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de Julio de 2004, Serie C N° 107, párr. 154).
Asimismo, en lo que respecta al tema que nos interesa, la Corte Interamericana, citando a la Corte Europea
de derechos humanos en el Caso Allenet de Ribemont v France, sentencia de 10 de Febrero de 1995, Serie A N°.
308, párr. 36, también ha dicho que “la presunción de inocencia puede ser violada no sólo por el juez o una Corte,
sino también por otra autoridad pública” (Caso Lori Berenson vs. Perú, sentencia de 24 de Noviembre de 2004,
Serie C N° 119, párr. 159).
En este sentido resulta pertinente destacar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su
observación general N° 13, de fecha 13 de Abril de 1984, sobre el artículo 14 del Pacto Internacional, expresa que “la
presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las
autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”.
En el mismo sentido, aunque sin hacer referencia expresa al principio de presunción de inocencia, en las
“Directrices sobre la Función de los Fiscales” apro badas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de Agosto al 7 de Septiem bre de 1990,
párr. 12, se expresa que
manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.
En conclusión, la Corte Interamericana estima que los Estados pueden regular libremente la organización y
estructura del Ministerio Público, sin que exista una fórmula única que se adecue de mejor manera a la s disposiciones
de la Convención. Lo relevante desde el punto de vista de la protección de los Derechos Humanos, será que dicha
institución ejerza su función con un estricto apego al principio de presunción de inocencia y, para ello, sí le exige
“imparcialidad”, entendida en los sistemas procesales penales modernos como “principio de objetividad”, en el
sentido de falta de prevención, prejuicio o sesgo, al menos, en las etapas previas a la acusación.
