El combate contra la Corrupción: un desafío de la sociedad uruguaya

• Author: Graciela Ruocco
• Profession: Profesora Titular de Derecho Administrativo Universidad Católica del Uruguay
• Pages: 487-508

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EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN:

UN DESAFÍO DE LA SOCIEDAD URUGUAYA

Graciela Ruocco1

Profesora Titular de Derecho Administrativo

Universidad Católica del Uruguay

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una reflexión acerca de la importancia de la ética

pública como elemento sustancial y fundamental en la vida cotidiana del Estado

de Derecho, y presenta una descripción de la regulación de la corrupción en

Uruguay, en cuanto su concepto y alcance; para finalmente referir a algunos

casos que han ocurrido en nuestro país.

Como con acierto señala Rodríguez Arana, la corrupción es un atentado

grave a la misma esencia del servicio público, en la medida que supone que

el funcionario o político deliberadamente traiciona el sentido de la gestión de

los intereses colectivos, actuando en contra del bien común, conculcando el

interés general que debe servir objetivamente. En estos casos se produce, por

tanto, una conversión del interés general en interés personal (Rodríguez Arana,

2013: 111).

1 Profesora Titular de Derecho Público de la Universidad de la República. Directora del

Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República (2021-2023). Directora

del Área de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Uruguay. Máster en Dere-

cho, con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Miembro del Foro Iberoame-

ricano de Derecho Administrativo. Miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos.

Miembro de la Asociación de Derecho Público del Mercosur. Miembro del Instituto Internacio-

nal de Derecho Administrativo. Miembro Fundador del Centro Iberoamericano de Estudios de

Derecho Público y Tecnología. Abogada I de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo de

Uruguay (1994-2019).

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL FUTURO:

UNA REVISIÓN EN EUROPA E IBEROAMÉRICA

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En los considerandos de la Convención de Naciones Unidas contra la

Corrupción se destaca que «la corrupción ha dejado de ser un problema local

para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las socieda-

des y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para pre-

venirla y luchar contra ella» (Buteler, 2012: 98).

Por su parte, la Convención Americana contra la Corrupción en sus Con-

siderandos establece que «la corrupción socava la legitimidad de las institu-

ciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así

como contra el desarrollo integral de los pueblos» y que «el combate contra

la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la

economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social»

(Buteler, 2012: 100).

Siguiendo a Ivanega no podemos sino destacar que estamos frente a un

verdadero derecho humano a la no corrupción en tanto puede predicarse de

cualquier ser humano por el hecho de ser tal (Ivanega, 2011: 2).

Si un acto va contra el interés general, es corrupto, porque no potencia los

derechos fundamentales de la persona, aun cuando sea legal (Rodríguez Arana,

2013: 129).

Y definimos interés general como el interés primario — concepto desarro-

llado por Alessi (Alessi 1970: 184), y Bandeira de Mello (Bandeira de Mello,

2003: 50-63)— que, en un contexto de Estado Social y Democrático de Dere-

cho, tendrá por finalidad esencial la persona humana, su dignidad y los dere-

chos fundamentales que le son propios. En este ámbito, al interés general le

corresponderá reafirmar los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y la

seguridad que dicha fórmula político-jurídica promueve (Ruocco, 2014: 89).

Conforme Durán Martínez, es de interés general la adecuada satisfacción

del interés privado y del interés público, lo que se logra con la creación de la

situación de hecho necesaria para el desarrollo de la persona humana. Dicho

en otras palabras, es de interés general la configuración del bien común, puesto

que este no es otra cosa que «el conjunto de condiciones de la vida social que

hacen posible las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más

pleno y más fácil de la propia perfección» (Durán Martínez, 2017: 172).

Pero, el problema de la corrupción no es solo de índole jurídico o moral

en donde hay que castigar a quienes realizan este tipo de prácticas o re-edu-

carlos, sino que en los últimos lustros se ha advertido los graves efectos

nocivos que provoca ese mal sobre los regímenes democráticos y sobre las

reglas que rigen en un Estado de Derecho (Buteler, 2012: 100). La corrupción

invade un gran número de sectores de actividad del Estado: en materia de

acceso a medicamentos de alto costo, en el rendimiento de los sistemas edu-