Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de Julio de 1993. Caso Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A No. 13

Fecha de Resolución:16 de Julio de 1993
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos)
Solicitante:Barbados

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

OPINIÓN CONSULTIVA OC-13/93

DEL 16 DE JULIO DE 1993

CIERTAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(ARTS. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 DE LA

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)

SOLICITADA POR LOS GOBIERNOS DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA Y DE LA

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Estuvieron presentes:

R.N.N., Presidente

Sonia Picado Sotela, Vicepresidente

Héctor Fix-Zamudio, Juez

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Hernán Salgado Pesantes, Juez

Asdrúbal Aguiar-Aranguren, Juez

Estuvieron, además, presentes:

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta

LA CORTE

integrada en la forma antes mencionada,

emite la siguiente opinión consultiva:

  1. Los gobiernos de la República Argentina (en adelante “la Argentina”) y de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Uruguay”), mediante escrito de 17 de diciembre de 1991 recibido en la Secretaría (en adelante “la Secretaría”) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) el 7 de mayo de 1992, sometieron a ésta una solicitud de opinión consultiva dirigida a obtener la interpretación de los artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) “en relación con la situación y las circunstancias concretas” que señalan.

  2. La Argentina y el Uruguay solicitaron la opinión consultiva con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana y en los artículos 49 y 51 del anterior Reglamento de la Corte que, con algunas modificaciones, corresponden a los artículos 51 y 53 del Reglamento actual de la Corte (en adelante “el Reglamento”), que es el aplicable por cuanto la solicitud se presentó con posterioridad al 1 de agosto de 1991.

  3. La solicitud de opinión consultiva plantea las siguientes preguntas:

    1) Con respecto a los artículos 41 y 42, se pide a la Corte que dé su opinión respecto a la competencia de la Comisión para calificar y dar su criterio, como fundamento de su intervención, en el caso de comunicaciones que alegan una violación a los derechos protegidos por los artículos 23, 24 y 25 de la Convención, sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su “razonabilidad”, “conveniencia” o “autenticidad”.

    2) Con respecto a los artículos 46 y 47 de la Convención, se pide a la Corte que dé su opinión en cuanto a si, en el caso de comunicaciones presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención que deben tramitarse en el marco del Pacto de San José, es jurídicamente aceptable que la Comisión, después de haber declarado inadmisible la solicitud, se pronuncie, en el mismo informe, sobre el fondo.

    3) Con respecto a los artículos 50 y 51 de la Convención, se pide a la Corte dé su opinión respecto a si es posible subsumir en un solo informe los dos que determinan los artículos 50 y 51 y si la Comisión puede ordenar la publicación del informe a que se refiere el artículo 50 antes de que transcurra el plazo que indica el artículo 51.

  4. En las consideraciones que originan la consulta, la Argentina y el Uruguay manifestaron lo siguiente:

    4) Ninguno de los criterios interpretativos sobre los que se solicita opinión consultiva de la Corte son asuntos abstractos, eventualidades teóricas que pueden eventualmente surgir en el proceso de aplicación de la Convención. Son asuntos específicos, que han sido objeto de aplicación concreta por parte de la Comisión (por ejemplo en los casos 9.768, 9.780, 9.828, 9.850, 9.893).

    5) Los Gobiernos solicitantes estiman que la opinión consultiva que se solicita reviste gran interés e importancia para la adecuada aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para el correcto funcionamiento del Sistema Regional Americano de Protección de los Derechos Humanos, en función de los nobles y altos fines y objetivos que la defensa de la persona humana debe tener siempre presente.

  5. La Argentina y el Uruguay designaron como agentes a sus Embajadoras en Costa Rica A.M.R. y R.M. de S., respectivamente.

  6. Mediante nota de 26 de mayo de 1992 la Secretaría, en cumplimiento del artículo 54.1 del Reglamento, solicitó observaciones escritas y documentos relevantes tanto a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) como, por intermedio del S. General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de la Carta de la OEA.

  7. El Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) dispuso que las observaciones escritas y los documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 16 de noviembre de 1992.

  8. La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de Chile, Jamaica, Santa Lucía, México, Panamá y Costa Rica y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”).

  9. Las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron sus puntos de vista sobre la consulta como amici curiae: Federación latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos (FEDEFAM); Familiares, madres y abuelas de detenidos desaparecidos de Mar del Plata; Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL); A.W.; International Human Rights Law Group; Centro de estudios legales y sociales (CELS); Centro por los derechos humanos y el derecho humanitario de American University; Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Centro por la acción legal en derechos humanos y Washington Office on Latin America. También presentó un escrito como amicus curiae la señora M.E.M., en su condición de abogada de la Fundación paz y justicia-Argentina y apoderada de algunos particulares ante la Comisión.

  10. Siguiendo instrucciones del P. y mediante notas del 7 de octubre de 1992, la Secretaría convocó a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA a una audiencia pública, la cual se celebró el 1 de febrero de 1993 a las 15:00 horas.

  11. Previa consulta con la Comisión Permanente de la Corte, el Presidente autorizó a participar en dicha audiencia a los siguientes organismos no gubernamentales de carácter internacional: A.W., Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL) e International Human Rights Law Group.

  12. Comparecieron a esta audiencia pública:

    Por el Gobierno de Costa Rica:

    E.O.B., Ministra de Justicia y Gracia

    Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:

    M.Á.G.F., Coordinador de Derechos Humanos y Narcotráfico de la Secretaría de Relaciones Exteriores

    M.I.Á.L., Director de Estudios Sociopolíticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

    Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

    M.T.B.C., Presidente

    David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto

    Por Americas Watch:

    J.E.M.

    Por el Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL):

    J.M.V.

    Por el International Human Rights Law Group:

    Reed Brody

    Felipe González.

    I

  13. Esta consulta ha sido sometida a la Corte por los gobiernos de la Argentina y del Uruguay de acuerdo con la potestad que les otorga el artículo 64.1 de la Convención. Ambos son Estados Miembros de la OEA y, por tanto, tienen el derecho de solicitar a la Corte opiniones consultivas acerca de la interpretación de la Convención.

  14. La Corte estima que la solicitud cumple formalmente las exigencias de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento, según el cual para que una solicitud sea considerada por la Corte las preguntas deben ser formuladas con precisión y especificar las disposiciones que deben ser interpretadas, indicar las consideraciones que originan la consulta y suministrar el nombre y dirección del agente.

  15. El hecho de que una solicitud reúna los requisitos del artículo 51 no necesariamente significa que la Corte esté obligada a evacuarla. La Corte ha reiterado que su competencia consultiva es “de naturaleza permisiva y que comporta el poder de apreciar si las circunstancias en que se basa la petición son tales que la lleven a no dar una respuesta” [“Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 28].

    En esa misma opinión, la Corte advirtió que

    [l]a función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención. Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos [...] Es obvio que toda solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte (Ibid., párr. 25).

    Y sería inadmisible toda solicitud que

    conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte, o en general, a debilitar o alterar el sistema previsto por la Convención, de manera que puedan verse menoscabados los derechos de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos (Ibid., párr. 31).

    En cada caso hay que considerar las...

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