Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Julio de 2011. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Serie C No. 227

Fecha de Resolución 1 de Julio de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoChocrón Chocrón Vs. Venezuela
ActoExcepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso CHOCRÓN CHOCRÓN Vs. VENEZUELA

Sentencia de 1 de julio de 2011

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el C.C.C.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

E.V.G., J.;

presente además,

P.S.A., Secretario[2];

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38, 56 y 61 del Reglamento de la Corte[3] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

| |Párrafos |

|I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1-6 |

|II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |7-14 |

|III. EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE “FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS” | |

|1. Alegatos de las partes | |

|2. Consideraciones de la Corte |15-19 |

| |20-24 |

|IV. COMPETENCIA |25 |

|V. PRUEBA |26 |

|1. Prueba documental, testimonial y pericial |27-28 |

|2. Admisión de la prueba documental |29-32 |

|3. Admisión de la prueba testimonial y pericial |33-38 |

|VI. CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE HECHOS NO INCLUIDOS EN LA DEMANDA |39-47 |

|VII. GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL Y DERECHOS POLÍTICOS EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y |48-51 |

|GARANTIZAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO | |

|1. Antecedentes generales | |

|1.1. Principales aspectos del proceso de reestructuración judicial en Venezuela | |

|1.1.1. La Asamblea Nacional Constituyente | |

|1.1.2. Decreto de Reorganización del Poder Judicial |52 |

|1.1.3. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela |53-55 |

|1.1.4. Régimen de Transición del Poder Público y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial |56 |

|(CFRSJ) |57-60 |

|1.1.5. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Comisión Judicial | |

|1.1.6. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia |61-62 |

|1.1.7. Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial |63 |

|1.1.8. Resolución del Tribunal Supremo de Justicia sobre la continuación de la reestructuración integral |64 |

|1.1.9. Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana | |

|1.2. Los jueces provisorios y temporales en Venezuela |65 |

|2. Hechos en relación con la señora C.C. | |

|2.1. Facultades de la Comisión Judicial para dejar sin efecto el nombramiento de jueces |66 |

|2.2. Designación de la señora C.C. como jueza temporal |67-71 |

|2.3. Remoción de la señora C.C. y recursos interpuestos contra dicho acto | |

|3. El principio de independencia judicial en relación con la libre remoción de jueces provisorios y temporales |72-76 |

|3.1. Alegatos de las partes |77-80 |

|3.2. Consideraciones de la Corte |81-89 |

|4. Deber de motivación y derecho a la defensa | |

|4.1. Alegatos de las partes | |

|4.2. Consideraciones de la Corte |90-94 |

|5. Efectividad de los recursos |95-111 |

|5.1. Alegatos de las partes | |

|5.2. Consideraciones de la Corte |112-114 |

|6. Permanencia en condiciones de igualdad en las funciones públicas |115-123 |

|6.1. Alegatos de las partes | |

|6.2. Consideraciones de la Corte |124-126 |

|7. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno |127-130 |

|7.1. Alegatos de las partes | |

|7.2. Consideraciones de la Corte |131-133 |

| |134-136 |

| | |

| |137-139 |

| |140-142 |

|VIII. REPARACIONES |143-146 |

|A. Parte Lesionada |147 |

|B. Medidas de reparación integral: restitución, satisfacción y garantías de no repetición |148-149 |

|1. Restitución |150-154 |

|2. Satisfacción |155-158 |

|3. Garantías de no repetición |159-172 |

|4. Otras medidas de reparación solicitadas |173-176 |

|C. Indemnización Compensatoria | |

|1. Daño material |177 |

|1.1 Alegatos de las partes |178-180 |

|1.2 Consideraciones de la Corte |181-184 |

|2. Daño inmaterial |185 |

|2.1 Alegatos de las partes |186-188 |

|2.2. Consideraciones de la Corte |189-191 |

|D. Costas y gastos |192-198 |

|E. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |199-204 |

|IX. PUNTOS RESOLUTIVOS |205 |

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 25 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) en relación con el caso No. 12.556, M.C.C., originado mediante una petición recibida en la Comisión el 15 de mayo de 2005 y registrada bajo el No. 549-05. El 15 de marzo de 2006 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 38/06[4]. El 17 de marzo de 2009 la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 9/09 y lo transmitió al Estado concediéndole un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión[5]. Después de considerar que Venezuela no había adoptado las recomendaciones incluidas en dicho informe, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó al señor P.S.P., Comisionado, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, como D., y a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a la señora S.S.G., Especialista de la Secretaría Ejecutiva, como asesoras legales.

En la demanda se alegó una supuesta “destitución arbitraria de la [presunta] víctima del cargo de Jueza de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en ausencia de garantías mínimas de debido proceso y sin una adecuada motivación, sin la posibilidad de ser oída y de ejercer su derecho de defensa, y sin haber contado con un recurso judicial efectivo frente a [presuntas] violaciones [de derechos], todo como consecuencia de la falta de garantías en el proceso de transición del Poder Judicial”.

La Comisión solicitó a la Corte que declarara al Estado responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en perjuicio de la señora M.C.C. (en adelante “la señora C.C.”). Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación, así como el reintegro de las costas y gastos.

El 8 de marzo de 2010 los representantes de la presunta víctima, señores C.M.A.C. y R.J.C.G., y la señora M.V.S. (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 37 del Reglamento. Además de lo indicado por la Comisión, los representantes solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad del Estado por la violación del derecho reconocido en el artículo 23.1.c (Derechos Políticos) de la Convención Americana, y precisaron la solicitud de reparaciones y de costas y gastos.

El 18 de mayo de 2010 el Estado presentó su escrito de interposición de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en los términos del artículo 39 del Reglamento. En dicho escrito el Estado interpuso las excepciones preliminares denominadas como: i) “parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces de la Corte”[6], y ii) “necesidad de agotamiento de los recursos dispuestos en el ordenamiento jurídico venezolano”. Asimismo, el Estado negó su responsabilidad internacional respecto a la violación de los derechos alegados por las demás partes. Venezuela designó al señor G.S.N. como Agente del Estado en el presente caso.

De conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento, el 1 de octubre de 2010 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos respecto a la excepción preliminar interpuesta por el Estado (supra párr. 5), mediante los cuales solicitaron que la Corte la desestimara y procediera a conocer el fondo del caso.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 23 y el 28 de diciembre de 2009, respectivamente.

Mediante Resolución de 16 de diciembre de 2010[7] el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de dos peritos propuestos por la Comisión. Además, dispuso la transmisión a los representantes y al Estado de una copia de las declaraciones rendidas ante fedatario público por los señores J.M.C.H., P.C. y R.D.C., peritos propuestos por la Comisión en el caso A.B. y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, a efectos de que presentaran las observaciones que estimasen pertinentes. Por otra parte, se ordenó la transmisión a la Comisión Interamericana y al Estado de una copia de las declaraciones rendidas ante fedatario público por los señores J.Z. y A.A.S., peritos propuestos por los representantes en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, a efectos de que presentaran las observaciones que estimasen pertinentes. Finalmente, el P. convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar la declaración de la presunta víctima, propuesta por la Comisión, y de un testigo propuesto por los representantes, así como los alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.

El 12 de enero de 2011 la Comisión Interamericana indicó que no tenía observaciones que formular en relación con los peritajes transmitidos con la Resolución dictada el 16 de diciembre de 2010 (supra párr. 8). Los representantes y el Estado no presentaron observaciones a los citados peritajes.

El 20 de enero de 2011...

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