China en la globalización.

Autor:Guardia B., Alexis

"Le dije que en el país había ochocientos millones de campesinos cuya preocupación principal era cómo tener las más mínimas comodidades, y que él era una persona con mucha suerte".

Shangai Baby, Wei Hui

A fines de la década de los setenta, China inicia un sostenido proceso de reformas económicas encaminadas a ampliar el espacio de la propiedad privada y el mercado. Dicho proceso ha sido acompañado de" elevadas y permanentes tasa de crecimiento económico, de tal suerte que la transición "del socialismo al capitalismo" ha logrado el éxito que no se registra en otras transiciones, Además, China acepta el desafío de la globalización insertándose en ella a través de la producción de bienes exportables vinculados a la parte de la demanda mundial más dinámica. De este modo, la economía china se ha transformado en una formidable máquina exportadora de bienes industriales y donde las empresas extranjeras aseguran la mitad de ellas. Pero China también se ha transformado en "devoradora" de materias primas, energía e inversión extranjera, con lo cual incide en el proceso de globalización en curso. Así en un cuarto de siglo China ha pasado a ser un actor relevante de dicho proceso.

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China, la nación más poblada del mundo, ha conocido en casi un cuarto de siglo un desarrollo sin precedentes. La transición del "socialismo real al capitalismo" ha logrado el éxito que no tuvo la transición en la "patria" del socialismo. En la práctica, la economía china ha logrado conciliar la transición hacia el mercado y un fuerte crecimiento económico. Para alcanzar esta trayectoria de desarrollo y crecimiento, ha tenido que realizar transformaciones radicales en su economía, que hoy día hacen del país un actor económico de primer plano dentro del proceso de globalización en curso. Sin duda este logro también ha generado costos sociales importantes y que no pueden dejar de mencionarse, a saber: una creciente brecha entre el nivel de vida urbano y rural, elevado desempleo, débil sistema de protección social, y no menores daños en el medio ambiente.

En diciembre de 1978, bajo la dirección de Den Xiaoping, entonces viceprimer ministro y vicepresidente del Partido Comunista Chino, el Comité Central de dicho partido inició el proceso de liberalización económica. El norte al cual apuntó este proceso fue dar un espacio mayor en la economía a la propiedad privada y al mercado a partir de una economía centralmente planificada y fuertemente estatizada en cuanto a la propiedad de los medios de producción.

Habida cuenta de lo ocurrido, a la fecha podríamos hacer dos consideraciones generales. La primera es que la liberalización económica ha sido un proceso gradual, con altos y bajos naturalmente, de montaje de una nueva institucionalidad y que a nuestro entender no pierde nunca una visión estratégica de parte del Estado respecto de hacia dónde encaminar su economía. Dicho de una manera más simple, la institucionalidad que se ha ido creando en China no es la simple aplicación del Consenso de Washington. La segunda consideración es que la liberalización económica no conlleva una liberalización en el ámbito político chino; la presencia de un partido único y la ausencia de las propiedades clásicas de un sistema democrático (libertades públicas, libertad de asociación y negociación colectiva, libertad de prensa e información, etc.) confieren a la nueva institucionalidad económica una opacidad difícil de superar, pero que no impide el desarrollo de importantes ciclos de negocios.

Ahora bien, en este trabajo se pretende abordar solo dos temas del proceso de liberalización económica o reformas. El primero dice relación con una exposición sucinta de los rasgos dominantes del proceso de reforma y los cambios en la propiedad, elemento central de la nueva institucionalidad, pues es la privatización la que asienta la economía de mercado, la gestión privada de los recursos y la recreación de una clase capitalista que asume las tareas de acumulación que le corresponden. El segundo es la apertura de la economía china al proceso de globalización.

  1. PRINCIPALES CONTENIDOS DEL PROCESO DE REFORMAS Y EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD

    En sus inicios, los propósitos de la reforma fueron: el restablecimiento de la explotación familiar de la tierra, el desmantelamiento de las "comunas populares" del período maoísta, la autonomía en la gestión de las empresas estatales y la rehabilitación de los incentivos materiales para los asalariados (F. Lemoine).

    En la agricultura, a las explotaciones familiares que se constituyen se les ofrecen los llamados "contratos de responsabilidad", en virtud de los cuales se establece una relación contractual entre los hogares campesinos o grupos de hogares y las autoridades rurales que obliga a las primeras a entregar parte de su producción al Estado, disponiendo libremente del resto. Además, se concede el uso de la tierra primero por 3 a 5 años renovables y más tarde por 30 años, pero manteniendo su propiedad colectiva. La ausencia de las tierras otorgadas acredita un término de la concesión, factor que ha jugado un rol importante en la limitación de la emigración de la mano de obra a las zonas urbanas o actividades no agrícolas dentro del sector rural. A mediados de los años ochenta, la inmensa mayoría de las familias campesinas trabajaba sujeta a las modalidades indicadas.

    En las empresas estatales, la autonomía y la responsabilidad financiera requerida por el proceso de reforma significó para ellas obtener el derecho de conservar parte de sus beneficios, permitiéndole financiar sus inversiones de reposición, y en algunos casos de expansión, además de financiar con ello los incentivos a los asalariados. De este modo, las empresas estatales que no pudiesen financiar totalmente sus inversiones con sus utilidades deberían en lo sucesivo hacerlo con créditos bancarios, según las normas comerciales pertinentes, eliminándose así las asignaciones presupuestarias gratuitas incorporadas en los planes anuales. Finalmente, en 1983-1984, la entrega de parte de los beneficios al presupuesto del Estado es reemplazada por un impuesto progresivo sobre los beneficios.

    Hasta aquí lo que hacen las reformas es aproximarse a las modalidades de funcionamiento de las empresas estatales en el capitalismo occidental. Sin embargo, además de la autonomía señalada, desde mediados de los años ochenta esas empresas son obligadas a suscribir, al igual que en la agricultura, un "contrato de responsabilidad" con sus autoridades de tutela, en el cual se obligan a definir los beneficios que ellas obtendrían a futuro. Pero también es cierto que las empresas ganan en autonomía en la medida en que para alcanzar los beneficios comprometidos se les autoriza a negociar sus precios y elegir sus proveedores; además, estos contratos aseguran a las empresas que superen el nivel de producción planificado, que podrían vender libremente en el mercado la producción extra plan (1).

    El problema de la propiedad de las empresas estatales es abordado por el proceso de reforma solo en los años noventa, en particular cuando el Partido Comunista decide a fines de 1993 transformar estas empresas en sociedades abiertas a la incorporación de capital privado. En efecto, la ley sobre sociedades establece dos tipos de empresas: sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. En 1997, el partido explicita su política de privatización al manifestar su interés por mantener una posición dominante solo en un número limitado de empresas estratégicas e impulsar la privatización del resto, particularmente las pequeñas empresas bajo la administración de autoridades locales. Como consecuencia de ello, muchas medianas y pequeñas empresas son vendidas al personal que en ellas trabajan o a dirigentes de la administración local, y en casos más limitados, a inversionistas extranjeros. Sin embargo, la transformación de las medianas y grandes empresas estatales es un proceso que avanza muy lentamente y, según la OCDE, a fines de 1999 solo alrededor de la mitad de ellas se había transformado en sociedades susceptibles de incorporar capital privado (2). Cabe observar que solo en el 2002 las grandes sociedades estatales cotizadas en bolsa fueron autorizadas a abrir su capital a accionistas extranjeros.

    El mayor grado de autonomía otorgado a las empresas estatales y explotaciones familiares en el agro fue eliminando las rigideces de la planificación centralizada por la vía de dejar márgenes cada vez mayores al mercado y, por tanto, también un mayor rol a los precios. La producción extra-plan de las empresas estatales o los excedentes de producción de libre disponibilidad de las explotaciones familiares en la agricultura fue creando las bases para una liberalización de precios y una mayor competencia. Aparece así una producción que se comercializa a precios de mercado. A mediados de la década de los años ochenta se elimina el techo a los precios de los bienes que se fijan libremente en el mercado, de tal suerte que se crean dos circuitos en la comercialización de bienes. Tal situación, aparte de producir una distorsión en los precios con sus secuelas de especulación y corrupción, también crea tensiones inflacionistas que, a fines de los años ochenta, pusieron en juego el desarrollo de las propias reformas. En efecto, junto con la liberalización de precios, los propios organismos estatales se ven obligados a pagar precios más elevados, particularmente en la agricultura, pero a fin de no repercutir en los precios al consumidor, la diferencia es asumida en calidad de subvenciones por el presupuesto estatal (25% de él a comienzos de los años ochenta). A fines de 1988 se restablece el control de precios y se toman medidas para enfriar la economía con el objeto de hacer frente a la inflación. Solo en 1992, cuando las tensiones inflacionistas están más controladas se vuelve sobre la liberalización de precios, dejando a un grupo reducido del comercio bajo control y se continua con otro ciclo de...

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