Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Septiembre de 2009. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Serie C No. 202

Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Anzualdo Castro Vs. Perú
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO ANZUALDO CASTRO VS. PERÚ

SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso A.C. vs. Perú,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

C.M.Q., P.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

V.O.S.G.T., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[2], dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  1. El 11 de julio de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte, en los términos de los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) en relación con el caso 11.385, el cual se originó en la denuncia presentada en la Secretaría de la Comisión el 27 de mayo de 1994 por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). El 16 de octubre de 2007 la Comisión aprobó el Informe No. 85/07 sobre admisibilidad y fondo, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado[3]. El 10 de julio de 2008 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al señor P.C., miembro de la Comisión, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, N.C. y L.C..

  2. Los hechos presentados por la Comisión se refieren a la alegada desaparición forzada del señor K.N.A.C. (en adelante “el señor A.C.”) a partir del 16 de diciembre de 1993, supuestamente ejecutada por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (en adelante “SIE”) de esa época. Se alega que el día en que fue secuestrado o detenido, el señor A.C. habría sido llevado a los sótanos del cuartel general del Ejército, donde habría sido eventualmente ejecutado y sus restos incinerados en hornos que existían en esos sótanos. La Comisión señala que los hechos se enmarcan en una época caracterizada por un “patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres atribuidas a agentes del Estado y a grupos vinculados a los organismos de seguridad”, favorecido por un patrón de impunidad en la investigación y persecución de ese tipo de hechos.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de la misma, así como por la violación del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”), en perjuicio del señor K.N.A.C.. Además, la Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de la misma, en perjuicio de sus familiares, a saber, el señor F.V.A.V., padre; I.I.C.C. de Anzualdo (fallecida), madre; y sus hermanos M.A.A.C. y R.D.A.C.. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos.

  4. El 19 de octubre de 2008 la señora G.C. y el señor J.A., de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), las señoras V.K., A.P. y A.V. y el señor F.Q., del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 23 del Reglamento (infra párr. 7). En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión, y consideraron que los mismos formaban parte de “una práctica sistemática de desapariciones forzadas por parte de agentes estatales, […] ejercida de manera selectiva, entre otros, contra estudiantes universitarios; […][la cual se] realizó con el conocimiento y la aquiescencia de las más altas autoridades gubernamentales del país”. Consecuentemente, los representantes solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones a la Convención alegadas por la Comisión y, además, por la violación del artículo 13 de la Convención Americana, que en su criterio conforma el derecho a la verdad, en perjuicio de los familiares de K.N.A.C. y “de la sociedad peruana en su conjunto”, así como por el incumplimiento de su obligación de tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada, en los términos de los artículos I (d), II y III de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, y derivada asimismo del artículo 2 de la Convención Americana. Finalmente, solicitaron que se ordene al Estado determinadas medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos.

  5. El 22 de diciembre de 2008 el Estado presentó su escrito de contestación de demanda, observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas e interposición de la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, al estimar que “si bien ha habido demoras en la tramitación, […] existe en la actualidad una denuncia […] tramitada ante la 3ª Fiscalía Supranacional” en relación con los hechos del caso. Asimismo, el Estado instó a la Corte para que “deslinde la responsabilidad que la Comisión Interamericana atribuye al Estado en la demanda por la desaparición [f]orzada [de la presunta víctima…]”, en el entendido de que la misma “no ha sido efectuada por efectivos [e]statales del [g]obierno [p]eruano”, sino por el grupo terrorista Sendero Luminoso. El Estado manifestó que no es responsable por las violaciones alegadas y, por ende, “no puede reparar a los familiares por el presunto daño ocasionado” ni realizar otras medidas de reparación solicitadas. El Estado designó al señor J.J.V.C. como Agente en el presente caso, cuya designación fue posteriormente sustituida por la de la señora D.M.M., Procuradora Pública Especializada Supranacional del Perú.

  6. De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 6 y 9 de febrero de 2009 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos sobre la excepción preliminar opuesta por el Estado.

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

  7. La demanda fue notificada al Estado y a los representantes vía facsimilar el 14 de agosto de 2008. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1 a 5), la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó mediante Resolución[4] recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), declaraciones de cuatro testigos y un perito ofrecidos por los representantes, respecto de los cuales las partes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones. Además, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración de tres testigos y un perito, propuestos por la Comisión y por los representantes, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas. Por último, la Presidenta fijó plazo hasta el 12 de mayo de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos escritos de alegatos finales.

  8. La audiencia pública fue celebrada el 2 de abril de 2009 durante el XXXVIII Período Extraordinario de Sesiones, llevado a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana[5].

  9. El 22 de abril de 2009 el Estado presentó sus alegatos finales escritos, mientras que la Comisión y los representantes remitieron los suyos el 11 y 12 de mayo de 2009, respectivamente.

  10. El 23 de abril de 2009 el Estado presentó un “alegato ampliatorio” y el 8 de mayo del mismo año remitió un “alegato complementario”, ambos a sus alegatos finales escritos, los cuales han sido considerados por haberse presentado dentro del plazo otorgado al efecto (supra párr. 7).

  11. El 30 de junio de 2009 el Perú remitió un escrito titulado “observaciones respecto de [los] alegatos finales escritos de la Comisión y de [los] representantes”. El 22 de julio de 2009, siguiendo instrucciones de la Presidenta, la Secretaría comunicó a las partes que, debido a que la remisión de observaciones a los alegatos finales escritos de las otras partes no es un acto previsto en el Reglamento, el referido escrito del Estado debía ser considerado inadmisible, por lo que tampoco era procedente el plazo adicional para observaciones, que fuera solicitado por los representantes.

    III

    Excepción Preliminar

    Falta de agotamiento de los recursos internos

  12. El Estado alegó que en diciembre de 2008 “el Fiscal Provincial Especializado en Derechos Humanos del Perú ha formalizado denuncia penal ante el órgano jurisdiccional competente, para que éste realice una investigación ya a nivel judicial”, por el presunto “delito contra la humanidad-Desaparición Forzada- en agravio de la Sociedad y de K.N.A.C., entre otros, y por delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de asociación ilícita para...

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