Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2012. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 256

Fecha de Resolución27 de Noviembre de 2012
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoCastillo González y otros Vs. Venezuela
ActoFondo

Corte Interamericana de Derechos Humanos

CASTILLO GONZÁLEZ Y OTROS Vs. VENEZUELA

Sentencia de 27 DE noviembre de 2012

(Fondo)

En el caso C.G. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

TABLA DE CONTENIDO

i. OBJETO DE LA CONTROVERSIA 3

ii. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 4

iii. COMPETENCIA 6

iv. PRUEBA 6

A.P. documental, testimonial y pericial 7

  1. Admisión de la prueba documental 7

  2. Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas y de la prueba testimonial y pericial 8

    v. HECHOS 10

    A.Contexto 10

  3. Atentado en contra de J.L. castillo G., Y.M. y su hijo L.C.C. 13

    B.1. Antecedentes 13

    B.2. Ataque contra J.L.C.G., su esposa y su hijo 14

    B.3. Consecuencias del atentado contra J.C. en su entorno familiar y laboral 14

  4. Investigación de los hechos 14

    vi. FONDO 24

    vi.1. DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y DEL NIÑO, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 25

  5. Alegada atribución de responsabilidad estatal por aquiescencia, tolerancia o participación de agentes estatales 28

  6. Alegada atribución de responsabilidad estatal con base al deber de prevención 30

    vi. 2. DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 36

    vi. 3. DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD, LIBERTAD DE PENSAMIENTO YDE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN,EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 46

  7. Derecho a la Integridad Personal (artículo 5.1) 46

  8. Derecho a la Protección de la Honra y la Dignidad (artículo11.2) 46

  9. Libertad de Pensamiento y de Expresión y Libertad de Asociación (artículos 13 y 16.1) 47

    vii. PUNTOS RESOLUTIVOS 49

    I

    OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El presente caso, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana” o “Comisión”), se refiere a que el 27 de agosto de 2003 J.L.C.G. (en adelante también “J.L.C.” o “J.C.” o “señor Castillo”) alegadamente fue “víctima de un atentado cometido por dos personas desconocidas que se movilizaban en una moto[cicleta] y que procedieron a dispararle en repetidas oportunidades mientras él se encontraba conduciendo su automóvil en compañía de su familia”, a raíz de lo cual perdió la vida, mientras que su esposa, Y.L.M.C. (en adelante también “Yelitze Moreno” o “señora M.”), y su hijo L.C.C.M. (en adelante también “L.C.C.” o “L.C.”), de un año y medio de edad, resultaron gravemente heridos. Según lo expuesto por la Comisión Interamericana, el atentado contra J.L.C. permanece en la impunidad, siendo que la investigación “tuvo serias irregularidades y fue archivada por el Ministerio Público sin que se practicaran diligencias tendientes a esclarecer los hechos de acuerdo con líneas lógicas de investigación”. Además, indicó que “en la investigación aparecieron indicios de presunta connivencia y/o participación de agentes estatales en el atentado de J.L.C. […] que fueron desechados sin agotar las respectivas investigaciones”. Según la Comisión, el presente caso “involucra cuestiones de orden público interamericano como los contextos de violencia y hostigamiento que enfrentan las defensoras y defensoras de derechos humanos, y el efecto amedrentador que puede generar en [estos] el asesinato de una persona como J.L.C.G.”.

    El procedimiento ante la Comisión se desarrolló de la siguiente forma: La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 20 de marzo de 2006 por la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas (en adelante “la Vicaría de Caracas” o “Vicaría”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”). El 9 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 22/07, en el cual declaró el caso admisible, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Luego el 22 de octubre de 2010 aprobó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 120/10. El mismo fue notificado a la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) el 22 de noviembre de 2010 y se le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Por otra parte, se tramitó la medida cautelar MC-619/03. El 28 de agosto de 2003 los peticionarios presentaron una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de los sobrevivientes de los hechos de 27 de agosto de 2003, Y.M. y el niño L.C.C.. El 29 de agosto de 2003 la Comisión solicitó al Estado, de conformidad con el artículo 25.1 de su Reglamento, la adopción de medidas cautelares.

    Por considerar que el Estado no había cumplido sus recomendaciones, la Comisión sometió el caso ante la Corte. En su Informe de Fondo No. 120/10, la Comisión declaró que el Estado es responsable por la violación de diversos derechos reconocidos en la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del tratado: el Derecho a la Vida (artículo 4), en perjuicio de J.L.C.G.; los Derechos a las Garantías y Protección Judiciales (artículos 8 y 25), en perjuicio de Y.M. y L.C.C.M., como también de Y.M.G. (en adelante también “Y.G.”), J.C., J.J.C.G. (en adelante también “J.C.G. y J.C.G., quienes son, respectivamente, madre, padre y hermanos del señor C.; el Derecho a la Integridad Personal (artículo 5.1), en perjuicio de Y.M., Y.G., J.C., J.C.G. y J.C.G.; los Derechos a la Integridad Personal y del Niño (artículos 5.1 y 19), en perjuicio del niño L.C., y la Libertad de Asociación (artículo 16), en perjuicio de J.L.C.. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

    Por su parte, la Vicaría y CEJIL (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”)[2]. Además de coincidir, en general y según sus propias apreciaciones, con las violaciones alegadas por la Comisión, argumentaron que el Estado también había violado, en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del tratado, los siguientes derechos consagrados en la Convención: a la Protección de la Honra y de la Dignidad, al que denominaron “vida privada” (artículo 11.2); a la Libertad de Pensamiento y de Expresión (artículo 13), y al derecho a conocer la verdad (artículos 8, 25 y 13).

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    El 22 de febrero de 2011 la Comisión sometió[3] a la jurisdicción de la Corte el caso tramitado previamente ante ella bajo el N° 12.605 en contra de Venezuela (supra párr. 3), designando como D. a los entonces Comisionado y Secretario Ejecutivo de la Comisión, P.S.P. y S.A.C., respectivamente, y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a S.S.G. y M.J.V.V., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

    El 16 de mayo de 2011 el Estado y los representantes fueron notificados, respectivamente, del sometimiento del caso.

    El 16 de julio de 2011 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, en el que, además de lo indicado (supra párr. 4), solicitaron que se ordene al Estado diversas medidas de reparación, así como el pago de costas y gastos y pidieron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de esta Corte (en adelante “el Fondo de Asistencia Legal”).

    El 15 de noviembre de 2011 el Estado presentó su escrito de interposición de excepción preliminar y contestación al sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación” o “escrito de contestación”). La excepción preliminar interpuesta se refirió “a la falta de imparcialidad” de ciertos jueces y juezas del Tribunal y su Secretario. Designó al señor G.S.N. como Agente.

    El 25 de noviembre de 2011 el Presidente en funciones de la Corte emitió la Resolución en la que, inter alia, decidió que la alegación de falta de imparcialidad presentada por el Estado como excepción preliminar no tenía tal carácter y era infundada y, asimismo, dispuso que correspondía que la Corte, con su composición íntegra, continuara conociendo plenamente del presente caso hasta su conclusión[4].

    El 28 de noviembre de 2011 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) dictó la Resolución por la que declaró procedente la solicitud formulada por las presuntas víctimas para acogerse al Fondo de Asistencia Legal y aprobó que se otorgara la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de cuatro declaraciones.

    El 31 de enero de 2012 el P. dictó una Resolución, mediante la cual convocó a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de una presunta víctima y un perito, ofrecidas por los representantes, y de un testigo y un perito ofrecidas por el Estado, así como los alegatos orales de las partes y las observaciones de la Comisión; ordenó recibir las declaraciones de tres presuntas víctimas, tres testigos y cinco peritos rendidas ante fedatario público (affidávit); realizó determinaciones respecto del Fondo de Asistencia Legal y fijó un plazo para la presentación de los alegatos finales escritos y observaciones finales escritas[5]. El 27 de febrero de 2012 los representantes presentaron las declaraciones mediante affidávit ordenadas sin autenticación o notarización.

    El 2 de marzo de 2012 se llevó a cabo la audiencia pública, durante el 94º Período Ordinario de...

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