Casos y Hechos

• Author: Centro de Derechos Humanos
• Pages: 2-6

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I. HECHOS

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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf

Un importante porcentaje de la población del estado de Guerrero, México, pertenece a comunidades indígenas que se

encuentran en situación de vulnerabilidad. Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia militar

en este estado de Guerrero (México), dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada.

Al momento de los hechos del presente caso, la señora Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena perteneciente a la comunidad

indígena Me´phaa y originaria de la comunidad de Caxitepec, tenía 17 años.

El 16 de febrero de 2002, a las tres de la tarde, Valentina Rosendo Cantú se encontraba lavando ropa en un arroyo cercano

a su domicilio, cuando ocho militares la rodearon. Dos de ellos la interrogaron sobre una lista de personas, mientras uno de ellos le

apuntaba con su arma. Tras contestarles que no conocía a la gente sobre la cual la interrogaban, un militar la golpeó en el estómago

con un arma, haciéndola caer al suelo y perder el conocimiento. Cuando recobró el conocimiento la tomaron del cabello, le quitaron

la falda, la ropa interior, y la tiraron al suelo. Dos militares la penetraron sexualmente, mientras los otros seis observaban.

El 18 de febrero de 2002 la señora Rosendo Cantú, en compañía de su esposo, acudió a una clínica de salud en la comunidad

de Caxitepec, sin indicar que había sido violada sexualmente. El 26 de febrero caminaron ocho horas hasta el Hospital de Ayutla de

los Libres, donde indicó que le había caído un trozo de madera en el abdomen.

El 8 de marzo de 2002 la señora Rosendo Cantú interpuso una denuncia por el delito de violación ante el Ministerio Público de

Allende. Ese mismo día el Ministerio Público inició la investigación. El 16 de mayo de 2002, el Ministerio Público se declaró incompetente

y remitió la causa al fuero castrense. El 12 de marzo de 2004, el Procurador Militar determinó el archivo de la investigación.

El 16 de octubre de 2007 el Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la

Procuraduría de Guerrero, en cumplimiento de los acuerdos adquiridos por el Estado durante el trámite del caso ante la Comisión

Interamericana, solicitó a la Procuraduría Militar la remisión de la averiguación previa para su continuación.

El 2 de diciembre de 2008 el Ministerio Público de Morelos remitió la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en Delitos

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averiguación previa al Procurador General de Justicia Militar.

Hasta la fecha, dentro de esta fase de averiguaciones previas en el fuero militar, se han desarrollado diligencias probatorias

tales como declaraciones y pericias.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional en relación con el retraso en la atención médica y especializada de

la señora Rosendo Cantú, en su calidad de mujer y menor de edad, así como el retraso en la integración de la investigación de los

hechos del caso, que implican violaciones a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión

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la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos

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deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Asimismo, sostuvo que

el Estado había violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los ar tículos 8.1 y 25.1 de la

CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, incumpliendo también el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención

Belém do Pará. Adicionalmente, la Corte estimó que México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de

acceso a la justicia en perjuicio de la señora Rosendo Cantú.

CASO N° 216 ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO

3

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Rebeca Ibsen Castro, Tito Ibsen Castro y Raquel Ibsen Castro

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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf

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que duró aproximadamente 7 años. Durante este período se creó la Dirección de Orden Político para, entre otros objetivos, reprimir

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a la detención ilegal y arbitraria, privación de liber tad, tortura y fusilamiento de quienes eran considerados enemigos del régimen,

prácticas que se llevaban a cabo en los diversos centros de detención creados para tal efecto.

En este contexto se inserta el presente caso, relativo a la detención y desaparición forzada de los señores José Luis Ibsen Peña

y Rainer Ibsen Cárdenas; padre e hijo, respectivamente.

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ninguno de sus familiares pudo visitarlo o tener contacto con él y, posteriormente, nadie supo de su paradero, sino hasta el año

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Tras la detención de Rainer Ibsen Cárdenas, y a raíz de la publicación de un periódico que consignaba su muerte, su padre,

José Ibsen Peña, abogado vinculado a la Central Obrera Boliviana, comenzó a movilizarse para saber del paradero de su hijo. En el

marco de estas gestiones recurrió a la policía, la que lo habría conminado a exiliarse para evitar ser asesinado. El día 10 de febrero

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salido exiliado a Brasil, cuestión que fue desmentida por el consulado pertinente. Desde ese entonces se desconoce el paradero del

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En vista de lo anterior, el resto de la familia (su esposa y tres hijos) inició diversas gestiones para ubicar el paradero de José

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Rebeca Ibsen, en abril del año 2000, solicitó la adhesión y ampliación de una causa iniciada a raíz de otro desaparecido político,

por los delitos cometidos contra su padre y hermano. Dicho proceso se prolongó hasta agosto del año 2010 debido a las reiteradas

excusas presentadas por los jueces para conocer el asunto, las constantes apelaciones y casaciones presentadas por los imputados

y las retractaciones de los tribunales de primera instancia. Asimismo, por insistencia de la familia, fue posible recuperar los restos

humanos de Rainer Ibsen, los cuales les fueron entregados el 11 de noviembre de 2008. La tardanza excesiva en el reconocimiento

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restos que correspondían a otras personas.

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Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad

Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación

de respetar y garantizar los Derechos) del mismo instrumento, y de las obligaciones establecidas en los artículos I y XI de la

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña.

Asimismo, solicitó que se establezca su responsabilidad por las violaciones de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana,

en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Tito Ibsen Castro, Rebeca Ibsen Castro, Raquel Ibsen Castro, y Martha

Castro Mendoza. Además, la Comisión pidió que se declarase que el Estado incumplió la obligación de los artículos III y IV de la

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Con posterioridad, los representantes de las víctimas agregaron la violación al artículo 24 de la Convención Americana en perjuicio

de los familiares de las víctimas.

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a la supuesta violación del derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio de los familiares de las víctimas. La Corte aceptó dicho

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4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los artículos I.a) y XI de la

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de los señores Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis

Ibsen Peña; así también, determinó que había vulnerado los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 de la CADH, en relación

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que todos ellos eran también víctimas de la violación a los derechos contemplados en los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH en relación

con los artículos 1.1 y 2 de la misma y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

CASO N° 217

IBSEN CÁRDENAS E IBSEN PEÑA VS. BOLIVIA

4

CASO N° 218 VÉLEZ LOOR VS. PANAMÁ

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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp.pdf

Jesús Tranquilino Vélez Loor, de nacionalidad ecua toriana, fue retenido en el Puesto Policial de Tupiza en la Provincia del

Darién, Panamá, el 11 de noviembre de 2002 por no portar la documentación necesaria para permanecer en este país. En esta

aislada localidad el control de migración lo realiza la policía, dada la falta de autoridades de migración.

El señor Vélez Loor fue remitido a la Dirección de Migración y Naturalización de Darién, el día 12 de noviembre de 2002, cuya

máxima autoridad dictó posteriormente una orden de detención en su contra. El señor Vélez Loor fue trasladado a la Cárcel Pública

de La Palma, en vista que en el recinto de Darién no existían celdas especiales para indocumentados. En este recinto estuvo privado

de libertad junto con personas detenidas con motivo de la comisión de delitos.

Con posterioridad, el 6 de diciembre de 2002, la Dirección Nacional de Migración al constatar que el señor Vélez Loor había

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penales.

El procedimiento que concluyó con el acto administrativo sancionatorio que privó de la libertad al señor Vélez Loor no le

otorgó la posibilidad de que fuese oído ni que ejerciera su derecho de defensa.

Durante el tiempo que el señor Vélez Loor estuvo recluido en La Palma y en La Joyita existían altos niveles de hacinamiento,

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en el Centro Penitenciario La Joyita, se produjeron problemas en el suministro de agua, que afectaron a la población carcelaria.

Además, los servicios de asistencia médica a los cuales tuvo acceso no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa.

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Es importante destacar que la norma que sirvió de fundamento para la privación de libertad del señor Vélez Loor, el Decreto Ley

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sin garantía del derecho a la defensa. La Corte aceptó este reconocimiento y concluyó que el Estado era responsable por la violación

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(artículos 8.1 y 8.2 letras b, c, d, e, f y h) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH. Asimismo, el Estado vulneró el principio de

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artículo 1.1 de la misma. Igualmente, el Estado resultó responsable por la falta de garantía del derecho a la integridad personal y por

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la Corte determinó que Panamá incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia (artículos

8.1 y 25) en relación con el artículo 1.1 de la CADH, en perjuicio del señor Jesús Tranquilino Vélez Loor.

CASO N° 219

GOMES LUND Y OTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL

5

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militar que se extendió por 21 años en Brasil. Entre las manifestaciones represivas de este período se encuentran el cierre del Congreso

Nacional, la censura completa de la prensa, la suspensión de los derechos individuales y políticos, de la libertad de expresión, de la

libertad de reunión y de la garantía del habeas corpus. 

Nacional introdujo, entre otras medidas, la pena perpetua y de muerte.

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gobierno.

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cientos de campesinos fueron asesinados. En este contexto de desenvuelven los hechos de este caso.

La Guerrilha do Araguaia era un movimiento de resistencia al régimen militar, integrado por algunos miembros del nuevo

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contaba con alrededor de 70 personas, en su mayoría jóvenes.

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Policías emprendió repetidas campañas de represión contra los miembros de la Guerrilha do Araguaia

Republica asumió directamente el control de las operaciones represivas y ordenó la eliminación de los guerrilleros capturados. A

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arrojados en los ríos de la región. Adicionalmente, el gobierno militar impuso silencio absoluto sobre los acontecimientos de Araguaia

y prohibió a la prensa divulgar noticias sobre el tema, mientras que el Ejército negaba la existencia del movimiento.

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obtener resultados satisfactorios hasta la fecha.

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cometieron crímenes políticos o conexos con éstos, a los servidores de la administración y a los militares”. En virtud de esta Ley,

hasta la fecha, el Estado no ha investigado, procesado o sancionado penalmente a los responsables de las violaciones de derechos

humanos cometidas durante el régimen militar.

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víctimas, de la Comisión Especial, de la Comisión Interministerial y del Ministerio Público, entre otros. A par tir de septiembre de 2006

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de 108 desaparecidos políticos.

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la República Federativa de Brasil. La Corte concluyó que el Estado era responsable por la desaparición forzada y, por tanto, de la

violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal,

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indicadas en el párrafo 125 de la presente sentencia. Asimismo, el Estado incumplió la obligación dispuesta en el artículo 2 de la

CADH, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la

Ley de Amnistía respecto de graves violaciones de derechos humanos. Del mismo modo, ha vulnerado los derechos previstos en los

artículos 8.1 y 25.1 de la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, por la falta de investigación de los hechos

del presente caso, así como del juzgamiento y sanción de los responsables. Adicionalmente, Brasil vulneró el derecho a la integridad

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la CADH, por la afectación del derecho a buscar y a recibir información, así como del derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

6

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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf

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y a la presencia de grupos armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El despliegue de las Fuerzas Armadas abarcó todos los Estados en los cuales operaban estos grupos y en donde se desarrollaban

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establecimiento de patrullajes en carreteras y caminos, instalación de retenes, ocupación de poblados, detenciones e interrogatorios

y cateo de domicilios en busca de uniformes, armas y documentos.

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ubicado en la ciudad de Altamirano.

Los señores Cabrera y Montiel fueron detenidos debido a que ciertos miembros del Ejército los denunciaron por la comisión de

presuntos delitos de porte de armas de fuego de uso exclusivo del Ejé rcito y siembra de amapola y marihuana. El Ministerio Público

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Vigésimo Primer Circuito en Coyuca de Catalán condenó a los señores Cabrera y Montiel a penas privativas de libertad de 6 años y 8

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segunda instancia. En el año 2001 Cabrera y Montiel fueron liberados para continuar cumpliendo la sanción que se les impuso en su

domicilio, debido a su estado de salud.

Por otra parte, los señores Cabrera y Montiel declararon haber sido sometidos, durante su detención por parte de efectivos

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los hombros, el abdomen y la cabeza; iv) que fueron vendados y amarrados; v) que fueron situados en forma de cruz según la

ubicación del sol; vi) que fueron encandilados por una luz brillante; vii) que recibieron amenazas mediante armas, y viii) que se utilizó

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Ministerio Público investigar las denuncias de tortura, incomunicación y detención ilegal que habrían sufrido en las instalaciones del

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que acreditaran la tortura.

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Vigésimo Primer Circuito, argumentando que la sentencia de apelación no había tenido en cuenta un dictamen médico que concluía

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Tribunal Unitario emitir una nueva sentencia que admitiera dicha prueba pericial. El 16 de julio de 2001, luego de valorar dicha

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amparo directo.

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Corte declaró que el Estado era responsable por la violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 (numerales

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de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1) , en relación con el artículo 1.1 y 2 la CADH, en

perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

CASO N° 220 CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO