Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)

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Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs.
Brasil (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas)
Sentencia de 20 de octubre de 2017. Serie C nº 318
Sentencia disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf
I. HECHOS
El 21 de diciembre de 1988, familiares de lron Canuto da Silva y Luis Ferreira da Cruz, ambos
menores al momento de los hechos, presentaron una denuncia ante la Policía Federal del Brasil por
la práctica de trabajo esclavo en la Hacienda Brasil Verde y por la desaparición de ambos (párrs. 128
y 129).
Sin embargo, pese a denuncias de particulares y otros organismos, las visitas realizadas a la Hacienda
sólo permitieron constatar irregularidades menores (párrs. 131 a 142)
El 10 de marzo de 1997 José da Costa Oliveira y José Ferreira dos Santos rindieron una declaración
ante el Departamento de Policía Federal de Pará, en la que relataron haber trabajado y escapado de la
Hacienda, exponiendo que los trabajadores eran amenazados de muerte en caso de denunciar al “gato”
o al hacendado, o si intentaban huir (párr. 143).
Con base en dicha denuncia el Grupo Móvil del Ministerio del Trabajo realizó una visita de scalización
en abril de 1997, que concluyó con el rescate de los trabajadores y con la constatación de que (i) se
encontraban albergados en cobertizos de plásticos o paja, (ii) eran portadores de enfermedades a la
piel, no recibían atención médica y el agua que consumían no era apta para el consumo humano, (iii)
habían sufrido amenazas, y (iv) declararon no poder salir de la Hacienda (párr. 144).
Como consecuencia de este informe, el 30 de junio de 1997 el Ministerio Público presentó una denuncia
en contra del “gato” de aquellos trabajadores (Raimundo Alves de Rocha), el gerente (Antônio Alves
Vieira), y el dueño de la Hacienda (João Luiz Quagliato Neto) por los delitos de trabajo esclavo,
atentado contra la libertad del trabajo, tráco de trabajadores y frustrar derechos laborales (párr. 145).
En 1999 se autorizó la suspensión condicional del proceso por daños, respecto de Neto. Por problemas
de competencia, en 2009 se declaró extinta la acción penal respecto de Alves.
En el 2000, el “gato”, conocido como Meladinho, reclutó a nuevos trabajadores para trabajar en
la Hacienda Brasil Verde y que han sido sometidos a las mismas condiciones de esclavitud antes
descritas.
A consecuencia de la denuncia presentada por dos trabajadores de la hacienda que lograron huir
(Antônio Francisco da Silva y Gonçalo Luiz Furtado), el 15 de marzo de 2000 el Ministerio del
Trabajo junto a la Policía Federal inspeccionaron la Hacienda e interrogaron a los trabajadores,
quienes, manifestada su intención de salir de ahí, fueron rescatados (párr. 177).
En base al informe de la scalización anterior, el Ministerio del Trabajo presentó una acción civil
pública en contra del propietario, por considerar que se mantenía a los trabajadores en un sistema de
cárcel privada que los sometía a un régimen de esclavitud (párr. 179).
II. DECISIÓN
Pese a que la esclavitud fue legalmente abolida en Brasil en 1888, la pobreza y la concentración de la
propiedad de las tierras fueron causas estructurales que provocaron la continuación del trabajo esclavo
en el país (párr. 111).
Así, grupos de trabajadores, en su mayoría afrodescendientes, son reclutados por “gatos” — i.e., personas
que reclutan, trasladan y vigilan — para trabajar en distintos Estados del país, en particular en aquellos
alejados de los centros urbanos, con la promesa de salarios atractivos. Sin embargo, al llegar a las haciendas,
se les informa que están en deuda con sus contratistas por los costos de transporte, alimentación y hospedaje.
Al mismo tiempo, se les reducen los salarios e inan los precios de los productos, lo que en denitiva
genera el aumento de su deuda y la obligación de seguir trabajado (párr. 113). Todo ello, bajo la vigilancia
de guardias armados, que no les permiten salir de ellas o que los agreden si intentan salir, en condiciones
peligrosas, antihigiénicas y degradantes, siendo víctimas de abuso físico, sexual y verbal (párr. 114).
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En el presente caso, la Corte, en primer lugar, se detiene en la determinación de las presuntas víctimas en
el caso, para concluir que, en virtud de las scalizaciones realizadas en 1997 y 2000, serán consideradas
víctimas cuarenta y tres (43) trabajadores y ochenta y cinco (85.) trabajadores de la Hacienda,
respectivamente.
Posteriormente, y en razón a la no consideración, por parte de la Corte, de la vulnerabilidad de los 85
trabajadores rescatados el 15 de marzo de 2000, debido a la discriminación en razón de la posición
económica a la que estaban sometidos, arma que se transgredió el artículo 6.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (CADH), en relación con el artículo 1.1 del mismo.
Por último, examinando las características de los procesos que se desarrollaron a partir de las scalizaciones
de 1997 y 2000, sostiene la violación del derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25 de la
CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 en perjuicio de los 43 y 85 trabajadores rescatados. Agrega,
además, que en el caso de Antônio Francisco da Silva, quien era menor durante parte de los hechos del
caso, la violación del artículo 25 está también relacionada al artículo 19.
III. PROBLEMÁTICA JURÍDICA
Calicación de víctima de esclavitud y trabajo forzoso y determinación de los elementos del concepto de
esclavitud y servidumbre.
IV. BREVE NOTA
En el presente fallo, por primera vez, la Corte IDH reconoce la existencia de una discriminación estructural
histórica y determina la responsabilidad de un Estado por perpetuar aquella situación. También se trata
del primer caso contencioso vinculado sustancialmente con el inciso primero del artículo 6 de la CADH.
En virtud de esto último, la Corte realiza un examen acucioso del desarrollo de este precepto en el
derecho internacional (párr. 244 a 247), y a la luz de diversos instrumentos internacionales, arma que
la prohibición absoluta de esclavitud se encuentra totalmente consolidada en este ámbito. Agrega que
la denición de esclavitud, entendida como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”, no ha variado sustancialmente desde
su establecimiento en la Convención de 1926 (párr. 268). Sin embargo, destaca que el concepto ya no se
limita a la propiedad sobre la persona, y sostiene que
“los dos elementos fundamentales para denir una situación como esclavitud son: i) el
estado o condición de un individuo y ii) el ejercicio de alguno de los atributos del derecho de
propiedad, es decir, que el esclavizador ejerza poder o control sobre la persona esclavizada
al punto de anular la personalidad de la víctima” (párr. 269).
A partir de esto, entrega los elementos con base a los cuales es necesario evaluar la manifestación de los
“atributos del derecho de personalidad”, a n de determinar si en la actualidad estamos ante una situación
de esclavitud. Ellos son: (i) restricción o control de la autonomía individual; (ii) pérdida o restricción de
la libertad de movimiento; (iii) la obtención de un provecho por parte del perpetrador; (iv) la ausencia
de consentimiento de la víctima, o su imposibilidad o irrelevancia debido a la amenaza de uso de la
violencia u otras formas de coerción; (v) el uso de violencia física o psicológica; (vi) la posición de
vulnerabilidad de la víctima; (vii) la detención o cautiverio y; (viii) la explotación (párr. 272).
En la sentencia la Corte se reere también a la servidumbre, armando que se trata de una forma análoga
a la esclavitud y, en consecuencia, debe estar sujeta a la misma protección (párr. 276). La dene como
“la obligación de realizar trabajo para otros, impuesto por medio de coerción, y la obligación de vivir en
la propiedad de otra persona, sin la posibilidad de cambiar esa condición”(párr. 280).
Continuando con la determinación del contenido del artículo 6 de la Convención, establece que la “trata
de esclavos y de mujeres” debe interpretarse en forma amplia como “trata de personas” (párr. 289) y que
está referida (i) a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas; (ii) al
recurso a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o benecios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra — no siendo necesarios estos requisitos
para la caracterización de trata respecto de menores de 18 años —; (iii) con cualquier n de explotación
(párr. 290).
Finalmente, al referirse al trabajo forzoso, acoge la denición ya aceptada en el Caso de las Masacres de
Ituango vs. Colombia, y reitera que se trata de todo trabajo o servicio para el cual el individuo no se ofrece
voluntariamente, exigido bajo amenaza de una pena y careciendo de consentimiento al inicio o en el desarrollo
de la situación de trabajo forzoso (párrs. 291 a 293).
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Habiendo establecido el marco conceptual anterior, hace alusión directa a los hechos del caso del año
2000. En primer lugar, es categórica en señalar que la situación de los 85 trabajadores rescatados ese año
es catalogable directamente como esclavitud, pues se sobrepasaron los extremos de la servidumbre por
deuda y trabajo forzoso. En virtud de ello, la Corte asevera que se afectó la integridad y libertad personal
de los trabajadores, debido a la violencia, amenazas, la coerción, la restricción de movimiento y los tratos
indignos referidos a las condiciones de vivienda, alimentación y trabajo propiamente tal (párr. 306).
Respecto a la responsabilidad que le cabe al Estado en estos hechos, la Corte alude a su reiterada
jurisprudencia para sostener que no basta con que los Estados se abstengan de violar derechos, siendo
esencial,, en este caso, la adopción de medidas para desalentar la demanda que alimenta la explotación
del trabajo (párr. 318). Junto a ello, destaca que se deben desarrollar medidas especícas de prevención
en relación a determinados grupos de personas que pueden ser víctimas de esta clase de delitos (párr.
320) y recuerda que para efectos de determinar la responsabilidad estatal, es preciso establecer si en
el momento de la ocurrencia de los hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de la
situación y si hicieron lo necesario para prevenir o evitar el riesgo (párr. 324).
La Corte responde a esta interrogante señalando que existieron una serie de negligencias de parte de
las autoridades estatales en el deber de prevenir la ocurrencia de la servidumbre, trata y esclavitud, con
anterioridad a los hechos ocurridos en el 2000. Arma que desde 1988 se realizaron denuncias al respecto
y se llevaron a cabo las inspecciones respectivas, abriéndose incluso procesos penales y laborales. Añade
que la vericación del riesgo actual tuvo lugar en la época en que Antônio Francisco da Silva y Gonçalo
Luiz Furtado lograron huir, y presentaron una denuncia ante la Policía (párrs. 325 a 328).
Habiéndose determinado que en el momento de ocurrencia de los hechos, Antônio Francisco da Silva era
un niño, la Corte tiene la oportunidad de examinar el corpus iuris internacional relativo a las obligaciones
de los Estados en estos casos, y arma que ellos deben (i) impedir la ocupación de niños en las peores
formas de trabajo infantil; (ii) prestar asistencia para librar a los niños de las peores formas de trabajo
infantil y asegurar su reinserción social; (iii) asegurar el acceso a la enseñanza gratuita y a la formación
profesional cuando sea posible; (iv) identicar a los niños que están particularmente expuestos a estos
riesgos y; (v) tener en cuenta la situación particular de las niñas (párr. 329 a 333).
Posteriormente, la Corte se reere a la discriminación estructural. Parte sosteniendo que los Estados deben
abstenerse de realizar acciones que puedan crear situaciones de discriminación de facto y que incurren en
responsabilidad cuando, existiendo discriminación estructural, no adoptan las medidas especícas respecto
a la situación de victimización. En el caso de los trabajadores de Hacienda Verde, señala que es posible
identicar características especícas de victimización compartidas por los trabajadores rescatados el año 2000
reriéndose expresamente a que ellos
“se encontraban en una situación de pobreza; provenían de las regiones más pobres del
país, con menor desarrollo humano y perspectivas de trabajo y empleo; eran analfabetas, y
tenían poca o nula escolarización. Lo anterior los colocaba en una situación que los hacía
más susceptibles de ser reclutados mediante falsas promesas y engaños. Dicha situación
de riesgo inmediato para un grupo determinado de personas con características idénticas y
originarios de las mismas regiones del país, tiene orígenes históricos y era conocida desde,
al menos, 1995, cuando el Gobierno de Brasil reconoció expresamente la existencia de
‘trabajo esclavo’ en el país” (párr. 339).
En relación a eso último hace alusión a informes de la OIT y del Ministerio del Trabajo de Brasil aportados
como prueba en el expediente, y a partir de ellos advierte que la posición económica de las víctimas fue
determinante en el trato que recibieron. En efecto, se sostuvo que “cuanto peores las condiciones de vida, más
dispuestos estarán los trabajadores a enfrentar riesgos del trabajo lejos de casa. La pobreza, en ese sentido, es
el principal factor de la esclavitud contemporánea en Brasil por aumentar la vulnerabilidad de signicativa
parte de la población, haciéndoles presa fácil de los reclutadores para trabajo esclavo” (párr. 340).
Una vez constatada la situación anterior, la Corte estima que el Estado no consideró la vulnerabilidad
de los 85 trabajadores rescatados el 15 de marzo de 2000, en virtud de la discriminación en razón de la
posición económica a la que estaban sometidos, constituyendo una violación al artículo 6.1 de la CADH,
en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de ellos (párr. 341).
Posteriormente, se reere al caso de los 43 trabajadores encontrados en la scalización de 1997. Evalúa,
en primer lugar, la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Respecto
a la garantía del plazo razonable, para determinar su transgresión, sostuvo que las características del
proceso no revisten una complejidad particularmente alta y que la actividad procesal de los interesados
no entorpeció el proceso. Pese a ello, los conictos de competencia y los retrasos han sido causa de la
extinción de la acción. Lo anterior, en denitiva, se tradujo en una falta de diligencia que determinó que
se vulnerara el derecho consagrado en el artículo 8.1 de la Convención respecto de los 43 trabajadores.
Es más, arma que, si efectivamente se hubiese resuelto el proceso penal en contra de Alves y Neto, los
trabajadores debiesen haber sido reparados (párrs. 367 a 382).
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Agrega que, sin perjuicio de la realización en 1997, 2000 y 2001 de dos acciones penales, una civil y un
procedimiento laboral, el deber de ofrecer un recurso judicial efectivo no se agota en la mera existencia
formal. Sin embargo, en los hechos — particularmente en el proceso iniciado en 1997 — nunca se
discutió el fondo del asunto, pues no se determinó algún tipo de responsabilidad y menos aún alguna
reparación hacia las víctimas. Lo anterior, asevera la Corte, se tradujo en una denegación de justicia
(párr. 384 a 407). Sumado a ello, la Corte advierte que, pese a la prohibición de utilizar guras como la
prescripción respecto de delitos de lesa humanidad, su invocación en este caso constituyó un obstáculo
para la investigación y la sanción de los responsables (párrs. 412 y 413).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluye que el Estado brasileño transgredió el derecho a la
protección judicial en contra de 43 y 85 trabajadores rescatados en la scalización de 1997 y 2000,
respectivamente. Detalla además, que en el caso de Antônio Francisco da Silva, el derecho se transgrede
en relación al artículo 19 de la Convención (párr. 420).
Finalmente, a modo de reparación, la Corte dispone que Brasil debe reiniciar las investigaciones y/o los
procesos penales que correspondan por los hechos constatados el 2000, para identicar, procesar y, en su
caso, sancionar a los responsables (párr. 445). Asimismo, ordena examinar las eventuales irregularidades
procesales e investigativas, y en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos, sin que sea
necesario que las víctimas del caso interpongan denuncias para tales efectos (párr. 446). Junto a ello,
señala que el Estado no puede aplicar la prescripción en el caso relativo a los hechos de 1997, ni otros
similares, debiendo adoptar las medidas legislativas correspondientes (párrs. 454 y 455).
Por último, cabe mencionar el voto razonado del Juez Eduardo Ferrer, quien se reere al reconocimiento,
por parte de la Corte, de la pobreza como parte de la prohibición de discriminación por posición económica
y señala que resulta sumamente relevante, si se considera que hasta ahora había sido identicada
únicamente como un factor de vulnerabilidad que profundiza el impacto que tienen las víctimas de
violaciones sometidas a esa condición (párrs. 2 y 26). A partir de esto, arma que los motivos prohibidos
de discriminación constantes en el artículo 1.1 de la Convención son meramente enunciativos, y que, en
efecto, la pobreza forma parte del contenido de la prohibición de discriminar por la posición económica
de una persona o grupo de personas (párrs. 47 y 50).
Caso Yarce y Otras vs. Colombia (excepción preliminar,
fondo, reparaciones y costas).
Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C nº 325
Sentencia disponible en: http://www.Corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf
I. HECHOS
Durante el desarrollo del conicto armado interno en Colombia, la población civil de la Comuna 13 de
Medellín fue especialmente afectada por la llamada “guerra urbana”. En virtud de las amenazas y los
enfrentamientos armados constantes, durante el año 2002, más de 1,200 personas se desplazaron de la
Comuna 13 a diferentes zonas de Medellín (párr. 82).
La situación anteriormente descrita ha sido reconocida por la Corte Constitucional de Colombia en
su Sentencia T-268 de 2003, que consideró que “el desplazamiento entre la misma ciudad hace parte
del desplazamiento interno”. A pesar de esto, las autoridades nacionales, realizando una interpretación
restrictiva de la ley, no consideraban como desplazadas a las personas que permanecían dentro de los
límites de los municipios, lo que dicultó la inclusión de las víctimas en el Registro Único de Personas
Desplazadas (párr. 86).
Las demandantes son cinco mujeres, defensoras de derechos humanos en la Comuna 13, con participación en
asociaciones de la sociedad civil. Todas ellas, y asimismo sus familiares, han visto afectadas por la actuación
de personas vinculadas con grupos armados ilegales (párr. 101).
En el caso de una de las demandantes, la señora Myriam Rúa, su desplazamiento y el de su familia
fue ocasionado porque se le comentó que pertenecía a una lista de personas que los paramilitares
pretendían asesinar (párr. 107). Razones similares tuvo la señora Luz Ospina, quien se desplazó junto a
su familia por la violencia y persecución que sufrían las líderes sociales de la Comuna 13. Luego de su
desplazamiento, ella sufrió el allanamiento ilegal de su hogar (párr. 109). Así, ambas tuvieron que dejar
su trabajo y abandonar la Comuna 13, junto a sus familias. Sus casas fueron ocupadas y destruidas por
los paramilitares. Ambas presentaron denuncias penales por desplazamiento.