Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Noviembre de 2017. Caso Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Serie C No. 344

Fecha de Resolución:23 de Noviembre de 2017
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Trabajadores CESADOS DE PETROPERÚ Y OTROS VS. PERÚ

SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el Caso Trabajadores Cesados de Petroperú, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces y Jueza:

R.F.C., P.;

E.F.M.-GregorP., V.;

E.V.G., J.;

H.A.S.P., J.;

E.O.B., J.;

E.R.Z., J., y

L.P.P.F., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

Índice

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 6

III COMPETENCIA 10

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES 10

  1. Excepción por falta de agotamiento de los recursos internos respecto de las presuntas víctimas de Petroperú 11

    A.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y los representantes 11

    A.2 Consideraciones de la Corte 12

    A.2.1 La presentación de la excepción en el momento procesal oportuno 13

    A.2.2. La existencia de recursos idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna 15

  2. Excepción por falta de competencia por razón de la materia 20

    B.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y los representantes 20

    B.2. Consideraciones de la Corte 21

    V COnsideraciones previas 21

  3. Control de legalidad sobre los actos de la Comisión 21

    A.1. Alegatos de la representante, de la Comisión y del Estado 21

    A.2. Consideraciones de la Corte 22

  4. Sobre la determinación de las presuntas víctimas en el presente caso 24

    B.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y los representantes 24

    B.2. Consideraciones de la Corte 25

  5. Respecto al contexto y a los hechos de la controversia 25

    C.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y los representantes 25

    C.2. Consideraciones de la Corte 26

  6. Respecto a las actuaciones y pruebas remitidas por la representante R.P.M. 28

    VI PRUEBA 28

    A.P. documental, testimonial y pericial 28

  7. Admisión de la prueba 28

    B.1. Admisión de la prueba documental 28

    B.2. Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales 31

  8. Valoración de la prueba 31

    VII Hechos 31

  9. Antecedentes de los ceses colectivos 32

  10. El cese de las presuntas víctimas 33

    B.1. Los ceses llevados a cabo por Enapu 33

    B.2. Los ceses llevados a cabo por MEF 35

    B.3. Los ceses llevados a cabo por Petroperú 36

    B.4. Los ceses llevados a cabo por Minedu 38

  11. Las acciones de amparo y los procesos contenciosos administrativos interpuestos por las presuntas víctimas 40

    C.1. Las acciones de amparo interpuestas por los trabajadores de Enapu 40

    C.2. Las acciones de amparo interpuestas por los trabajadores de MEF 41

    C.3. Las acciones de amparo interpuestas por los trabajadores de Petroperú 43

    C.4. Las acciones de amparo interpuestas por los trabajadores de Minedu 45

  12. Marco normativo a partir de 2001 con el propósito de revisar y reparar los ceses 46

    D.1. Creación y funcionamiento de la Comisión Especial encargada de la revisión de los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sometidas a procesos de promoción de la inversión privada 46

    D.2. Creación y funcionamiento de las Comisiones encargadas de revisar los ceses colectivos en el sector público 47

    D.3. Creación y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Programa Extraordinario de Acceso a B. a favor de ex trabajadores 48

  13. Beneficios otorgados a favor de las presuntas víctimas 51

    E.1. Enapu 51

    E.2. MEF 51

    E.3. Petroperú 52

    E.4. Minedu 53

    VIII FONDO 53

    VIII-1 DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES y a la protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (ARTICULOS 8, 25, 1.1 Y 2) 54

  14. Alegatos de la Comisión y de las partes 55

  15. Consideraciones de la Corte 58

    B.1. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 58

    B.2. La aplicación al presente caso de las consideraciones de los casos A.A. y otros y C.H. y otros 59

    B.3. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de los trabajadores de Enapu y Minedu 60

    B.4. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de los trabajadores de Petroperú 62

    B.5. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de los trabajadores del MEF 65

    B.6. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 68

  16. Conclusión 68

    VIII-2 DERECHO AL TRABAJO en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos (ARTICULOS 26 y 1.1) 69

  17. Alegatos de la Comisión y de las partes 69

  18. Consideraciones de la Corte 70

    IX REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 72

  19. Parte Lesionada 73

  20. Consideración previa en materia de reparaciones 73

  21. Medida de satisfacción 76

    C.1. Publicación de la sentencia 76

  22. Indemnizaciones compensatorias 77

    D.1. Daño material 77

    D.2. Pago de aportaciones al sistema de pensiones 78

    D.3. Lucro cesante 79

    D.4. Daño inmaterial 80

  23. Otras medidas de reparación solicitadas por los representantes 81

    E.1. Alegatos de las partes y de la Comisión 81

    E.2. Consideraciones de la Corte 82

  24. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal 83

  25. Costas y Gastos 84

  26. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 86

    X PUNTOS RESOLUTIVOS 87

    I

    INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    1. El caso sometido a la Corte.– El 13 de agosto de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte el caso Trabajadores Cesados de Petroperú, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación (en adelante “Minedu”), 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante “MEF”) y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (en adelante “Enapu”), cuyos nombres se encuentran en el cuadro anexo a la presente sentencia, como consecuencia de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a sus ceses colectivos, ocurridos entre los años de 1996 y 1998, en el marco de los procesos de racionalización llevados a cabo por las entidades públicas a las cuales pertenecían en la década de los noventa. Según la Comisión, los trabajadores habrían sido víctimas de la ineficacia, falta de certeza jurídica y ausencia de independencia e imparcialidad que caracterizarían al Poder Judicial en la época de los hechos.

    2. Trámite ante la Comisión.- El trámite del caso ante la Comisión fue el siguiente:

      1. Peticiones.- El 2 de noviembre de 1998 la Comisión recibió la petición número 12.666, sometida por la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos S.A., a favor de 25 trabajadores[1]. El 19 de febrero de 1996 la Comisión recibió la petición número 11.602 sometida por el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros del Perú Zona Noroeste, a favor de 85 trabajadores. El 8 de septiembre del 2000, la Comisión Interamericana recibió la petición número 12.385 a favor de 39 trabajadores del Ministerio de Educación presentada por ellos mismos. El 8 de marzo de 2002 la CIDH recibió la petición número 12.665, presentada por G.N.A.M.C. y otros 14 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas.

      2. Informes de Admisibilidad: El 24 de julio de 2008 la Comisión aprobó los Informes de Admisibilidad No. 54/08[2], 55/08[3] y 56/08[4].

      3. Acumulación de casos. - El 13 de mayo de 2015 la Comisión decidió acumular los casos 11.602, 12.385, 12.665 y 12.666, de conformidad con el artículo 29.5 de su Reglamento.

      4. Informe de Admisibilidad y Fondo.- El 23 de marzo de 2015 se adoptó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 14/15[5] (en adelante “Informe de Fondo”), de conformidad con el artículo 50 de la Convención. En el mencionado Informe la Comisión realizó el análisis de admisibilidad del caso 12.385 respecto de los trabajadores de Minedu, así como el Informe de Fondo de los cuatro casos.

      5. Conclusiones.– La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos protegidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación, 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos.

      ii) Recomendaciones.- En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado lo siguiente:

    3. Respecto de las personas que no se encuentran en ninguno de los listados de trabajadores cesados irregularmente, y por lo tanto, la irregularidad de su cese no ha sido desconocida a nivel interno, el Estado peruano debe crear un mecanismo expedito para que efectué una evaluación individualizada sobre sus ceses, determine si los mismos fueron o no arbitrarios y disponga las reparaciones que correspondan, incluyendo componentes mínimos de una reparación por despido arbitrario.

    4. Respecto de las personas que se encuentran en algún listado o que cuentan con algún reconocimiento estatal sobre la irregularidad de su cese y que optaron por alguno de los beneficios del Decreto 27803, el Estado peruano debe crear un mecanismo expedito que disponga, tras una evaluación individualizada, el otorgamiento de reparaciones que...

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