Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de Febrero de 2018. Caso Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Serie C No. 348

Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2018
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoCaso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteVenezuela

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO SAN MIGUEL SOSA Y OTRAS VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 8 DE FEBRERO DE 2018

(Fondo, R. y Costas)En el caso S.M.S. y otras,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes Jueces:

E.F.M.-GregorP., P.;

E.V.G., V.;

R.F.C., juez;

H.A.S.P., juez;

E.O.B., jueza;

E.R.Z., juez, y

L.P.P.F., juez;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

TABLA DE CONTENIDO

TOC \o "1-3" \h \z \u I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA PAGEREF _Toc505876980 \h 3

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PAGEREF _Toc505876981 \h 4

III COMPETENCIA PAGEREF _Toc505876982 \h 6

IV CONSIDERACIONES PREVIAS PAGEREF _Toc505876983 \h 6

V PRUEBA PAGEREF _Toc505876984 \h 10

A. Prueba documental, testimonial y pericial PAGEREF _Toc505876985 \h 10

B. Admisibilidad de la prueba PAGEREF _Toc505876986 \h 10

C. Valoración de la prueba PAGEREF _Toc505876987 \h 14

VI HECHOS PAGEREF _Toc505876988 \h 14

A. Contexto PAGEREF _Toc505876989 \h 14

B. La terminación de los contratos PAGEREF _Toc505876990 \h 25

C. Denuncias y procesos internos PAGEREF _Toc505876991 \h 28

VII FONDO PAGEREF _Toc505876992 \h 32

VII.1 DERECHOS POLíTICOS, PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIóN, LIBERTAD DE EXPRESIóN Y DERECHOS A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL PAGEREF _Toc505876993 \h 32

A) Derecho a la participación política y principio de no discriminación PAGEREF _Toc505876994 \h 35

B) libertad de pensamiento y expresión PAGEREF _Toc505876995 \h 45

C) Alegada violación del derecho a igual protección ante la ley PAGEREF _Toc505876996 \h 47

D) Alegado incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. PAGEREF _Toc505876997 \h 48

E) Alegada violación del derecho a la integridad personal. PAGEREF _Toc505876998 \h 48

VII.2 DERECHO A LAS GARANTíAS JUDICIALES Y PROTECCIóN JUDICIAL PAGEREF _Toc505876999 \h 50

A) Acción de amparo constitucional PAGEREF _Toc505877000 \h 52

B) Denuncia ante el Ministerio Público PAGEREF _Toc505877001 \h 57

C) Alegada falta de independencia del Poder Judicial PAGEREF _Toc505877002 \h 58

VII.3 DERECHO AL TRABAJO PAGEREF _Toc505877003 \h 60

V.R. P. _Toc505877004 \h 65

A. Parte lesionada PAGEREF _Toc505877005 \h 65

B. Obligación de investigar PAGEREF _Toc505877006 \h 66

C. Medida de satisfacción PAGEREF _Toc505877007 \h 67

D. Indemnizaciones compensatorias PAGEREF _Toc505877008 \h 67

E. Otras medidas solicitadas PAGEREF _Toc505877009 \h 69

F. Costas y gastos PAGEREF _Toc505877010 \h 70

IX PUNTOS RESOLUTIVOS PAGEREF _Toc505877011 \h 72

IINTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

* El caso sometido a la Corte. - El 8 de marzo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, el caso R.S.M.S. y otras respecto de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante "el Estado", o "Venezuela"). Según la Comisión, el caso se relaciona con la terminación arbitraria, en marzo de 2004, de los contratos de servicios profesionales que R.S.M.S., M.C.G. y T.C.P. (en adelante "las presuntas víctimas") tenían con en el Consejo Nacional de Fronteras, órgano adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, tras haber firmado una solicitud de convocatoria a referendo revocatorio del mandato del entonces Presidente de la República H.C.F.. La Comisión consideró que la terminación de sus contratos constituyó un acto de desviación de poder, en el cual se habría utilizado una facultad discrecional prevista en los contratos como un velo de legalidad respecto de la verdadera motivación de sancionarlas por la expresión de su opinión política mediante la firma de dicha solicitud. Lo anterior habría ocurrido en un contexto de significativa polarización en que el entonces P. y otros altos funcionarios estatales habrían efectuado declaraciones simultáneas al momento de la presentación de las firmas al Consejo Nacional Electoral, cuyos contenidos reflejarían formas de presión para no firmar y amenazas de represalias, así como con la creación y publicación de la denominada "Lista Tascón" (la cual incluía la identidad de los firmantes). Así, la Comisión consideró que tal acto representó una sanción implícita violatoria de sus derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión. Concluyó, asimismo, que el recurso de amparo y la investigación penal, así como una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, no constituyeron recursos eficaces para examinar tal supuesto de desviación de poder.

* Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

+ Petición.- El 7 de marzo de 2006 la Comisión recibió una petición presentada por la señora L.B.O. y el señor H.F.L., actuando en representación de las presuntas víctimas.

+ Informe de admisibilidad. - El 16 de julio de 2013 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad 59/13, en el que declaró que la petición 212-06 era admisible.

+ Informe de Fondo. - El 28 de octubre de 2015 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 75/15, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante "Informe de Fondo"), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones:

Conclusiones.- La Comisión concluyó que el Estado era responsable por

[...] la violación de los derechos políticos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 23, 13, 24, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de R.S.M.S., M.C.G. y T.C.P.. Además consideró que, con base en la información disponible, la posible violación al derecho a la integridad personal se encuentra subsumida en las violaciones declaradas a lo largo del informe, y que por lo tanto, la Comisión no contó con elementos que le permitan determinar la necesidad de efectuar una determinación separada sobre el artículo 5 de la Convención Americana.

Recomendaciones.- La Comisión recomendó al Estado:

- Reincorporar a las víctimas a la función pública en un cargo de igual categoría al que tendrían actualmente de no haber sido separadas de sus cargos. En caso de que esta no sea la voluntad de las víctimas o que existan razones objetivas que impidan la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización por este motivo, que es independiente de las reparaciones relativas al daño material y moral incluidas en la recomendación número dos.

- Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral.

- Llevar a cabo los procedimientos penales, administrativos o de otra índole que correspondan, relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa y establecer las respectivas responsabilidades.

- Adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para prevenir la discriminación por razones políticas. En este marco, asegurar la existencia de reglas claras sobre el acceso y utilización de datos recogidos en procesos electorales, con las salvaguardas necesarias para garantizar la libre expresión de la opinión política sin temor a posibles represalias. Asimismo, llevar a cabo programas de capacitación: i) a funcionarios públicos de todos los niveles sobre la prohibición de discriminación con base en la opinión política; y ii) a operadores jurídicos llamados a conocer posibles denuncias de discriminación encubierta o desviación de poder.

+ Notificación al Estado.- La Comisión notificó el Informe de Fondo al Estado el 8 de diciembre de 2015 y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión señaló que, a la fecha de sometimiento del caso ante la Corte, el Estado no había enviado respuesta alguna.

* Sometimiento a la Corte.- El 8 de marzo de 2016 la Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo 75/15 por la "necesidad de obtención de justicia para las tres [presuntas] víctimas".

* Solicitudes de la Comisión Interamericana.- Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara que el Estado es responsable por la violación de los derechos declarados en su Informe de Fondo y que le ordenara, como medidas de reparación, las recomendaciones contenidas en el mismo.

IIPROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

* Notificación al Estado y al representante de las presuntas víctimas.- El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado el 9 y 11 de mayo de 2016 al Estado y al representante de las presuntas víctimas (en adelante "el representante").

* Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.- El 1 de julio de 2016 el representante presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de solicitudes y argumentos"), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento. El representante coincidió sustancialmente con los argumentos y conclusiones de la Comisión y, además, alegó que el Estado es responsable por la violación del...

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