Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Octubre de 2016. Caso Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Serie C No. 319.

Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2016
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú
 
ÍNDICE
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* CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

* CASO POLLO RIVERA Y OTROS VS. PERÚ

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* SENTENCIA DE 21 DE OCTUBRE DE 2016

* (Fondo, R. y Costas)

*

En el caso P.R.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes Jueces:

R.F.C., P.;

E.F.M.-GregorP., V.;

E.V.G., juez;

H.A.S.P., juez;

E.O.B., jueza;

E.R.Z., juez, y

L.P.P.F., juez;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

TABLA DE CONTENIDO

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 3

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 4

III COMPETENCIA 7

IV PRUEBA 7

V CONSIDERACIONES PREVIAS 9

VI HECHOS 10

A. Contexto. 10

B. Hechos probados respecto del señor L.W.P.R.. 11

C. Los procesos penales seguidos en contra del señor P.R. 16

VII FONDO 27

VII.1 ANáLISIS DE ALEGADAS VIOLACIONES EN RELACIóN CON LA DETENCIóN, ALEGADOS HECHOS DE TORTURA Y PRIMER PROCESO PENAL POR TRAICIóN A LA PATRIA Y POR TERRORISMO (1992-1994) 28

VII.1.A) LOS DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR (PROTECCIóN DEL DOMICILIO) 28

VII.1.B) DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, PROHIBICIóN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES Y OBLIGACIóN DE INVESTIGAR 38

VII.1.C) DERECHO A LAS GARANTíAS JUDICIALES EN RELACIóN CON EL PRIMER PROCESO PENAL POR TRAICIóN A LA PATRIA Y POR TERRORISMO 47

VII.2 ANáLISIS DE ALEGADAS VIOLACIONES EN RELACIóN CON LA DETENCIóN Y SEGUNDO PROCESO PENAL POR DELITO DE COLABORACIóN CON EL TERRORISMO (1999-2012) 51

VII.2.A) DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 51

VII.2.B) DERECHOS DE DEFENSA, A LAS GARANTíAS JUDICIALES Y PROTECCIóN JUDICIAL 52

VII.2.C) PRINCIPIO DE LEGALIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL DESFAVORABLE 60

VII.3 ANáLISIS DE LEGADAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DEL SEñOR POLLO RIVERA 71

VIII REPARACIONES 74

  1. Parte lesionada 75

B. Obligación de investigar los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 75

C. Medida de satisfacción (publicación de la sentencia) 76

D. Otras medidas solicitadas 76

E. Indemnización compensatoria 78

F. Costas y gastos 80

G. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 81

H. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 82

IX PUNTOS RESOLUTIVOS 83

IINTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

* El caso sometido a la Corte. - El 8 de febrero de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso P.R. contra la República del Perú (en adelante "el Estado del Perú", "el Estado" o "Perú"). Según la Comisión, el caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones a los derechos humanos en perjuicio del señor L.W.P.R. (en adelante "el señor P.R."), ocurridas desde su primera detención el 4 de noviembre de 1992 y en el marco de procesos penales ante la jurisdicción militar y ordinaria por supuestos delitos de traición a la patria y terrorismo, con base en un marco normativo contrario a la Convención. Consideró que la detención inicial fue ilegal y arbitraria; que se dio una injerencia arbitraria en el domicilio; que las detenciones preventivas dispuestas también fueron arbitrarias; que las agresiones sufridas mientras estuvo detenido en las instalaciones de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) (en adelante "DINCOTE") constituyeron actos de tortura, que permanecen en impunidad, y que las condiciones de detención fueron contrarias a su integridad personal. La Comisión señaló que dichos procesos, así como un segundo proceso penal llevado a cabo entre 1999 y 2004 por el delito de colaboración con el terrorismo y en relación con otros hechos, fueron violatorios de múltiples garantías al debido proceso, incluyendo los derechos a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial; a la defensa; a la presunción de inocencia y a la publicidad del proceso. Además, concluyó que el Estado violó el principio de legalidad al haberlo procesado y condenado por la prestación de asistencia médica; el derecho a ser oído en un plazo razonable en el marco de solicitudes de indulto humanitario y el derecho a la integridad personal de sus familiares.

* Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

* Petición.- El 28 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana recibió una denuncia presentada por la señora C.L.T., a favor del señor P.R..

* Trámite de medidas cautelares.- El 27 de julio de 2005 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del señor P.R. (MC 148.05 PE), quien según la solicitud se encontraba privado de la libertad, padecía de un cuadro de diabetes mellitus y síndrome nefrótico y carecía de atención médica adecuada en el centro carcelario. La Comisión solicitó al Estado la adopción de las medidas necesarias para brindarle atención médica adecuada. Las medidas fueron levantadas el 7 de marzo de 2012, en vista de que el señor P.R. había fallecido el 12 de febrero de 2012.

* Informe de admisibilidad. - El 23 de julio de 2007 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 42/07.

* Informe de Fondo. - El 2 de abril de 2014 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 8/14 de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante "Informe de Fondo" o "el Informe"), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado, a saber:

Conclusiones.- La Comisión concluyó que el Estado era responsable por

la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, [principio de] legalidad y no retroactividad, protección a la honra y dignidad y a la vida privada y familiar, y protección judicial, consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de L.W.P.R., así como por la] violación de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura [y del] derecho a la integridad personal previsto en el artículo 5.1 de la Convención en perjuicio de los familiares de la víctima [...]

Recomendaciones.- La Comisión recomendó al Estado:

  1. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el [...] Informe, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación a los familiares de L.W.P.R. y la implementación de un adecuado programa de atención psicosocial en beneficio de aquellos.

  2. Investigar de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer en forma completa los hechos violatorios de la Convención Americana referidos en la sección V.D del informe [de fondo], identificar los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan.

  3. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos señalados en el párrafo anterior.

  4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares conforme al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. En particular, implementar programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

  5. Adoptar las medidas necesarias para que los profesionales de la salud puedan ejercer libremente su deber profesional en el Perú, a la luz de los estándares internacionales aplicables.

  6. Publicar [el I]nforme [de Fondo] en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional.

* Notificación al Estado.- La Comisión notificó el Informe de Fondo al Estado el 8 de mayo de 2014 y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento de dos prórrogas de tres meses cada una, la Comisión consideró que el Estado no remitió información que revelara avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones.

* Sometimiento a la Corte.- El 8 de febrero de 2015 la Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo 8/14 por la "necesidad de obtención de justicia para los familiares del señor P.R.".

* Solicitudes de la Comisión Interamericana.- Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Perú por las violaciones de derechos declaradas en su Informe de Fondo y que ordenara al Estado, como medidas de reparación, las recomendaciones contenidas en el mismo.

IIPROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

* Notificación al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas.- El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado el 19 de marzo de 2015 al Estado y el 30 de marzo de 2015 a quienes fueron señalados como peticionarios en el referido Informe. Mediante escrito de 15 de abril de 2015, la señora L.T. manifestó que "no podía ni debía asumir la representación legal del caso". En razón de lo anterior, el 24 de abril de 2015 la Secretaría informó que, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, había intentado comunicarse con las presuntas víctimas a efectos de conocer si contaban con representante legal o si era su voluntad solicitar...

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