Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de Marzo de 2019. Caso Caso Muelle Flores Vs. Perú. Serie C No. 375

Fecha de Resolución: 6 de Marzo de 2019
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Caso Muelle Flores Vs. Perú
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO MUELLE FLORES VS. PERÚ SENTENCIA DE 06 DE MARZO DE 2019 (Excepciones Preliminares, Fondo, R. y C.) En el caso M.F., la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*: E.F.M.-GregorP., P.;

E.V.G., V.;

H.A.S.P., J.;

E.O.B., J.;

E.R.Z., J., y

P.P.F., J., presente además, P.S.A., S., de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden: Contenido I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 5

III COMPETENCIA 7

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES 7

A. Excepción sobre la alegada falta de agotamiento de los recursos internos 8

A.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes 8

A.2 Consideraciones de la Corte 9

B. Excepción sobre la alegada falta de competencia en razón de la materia y justiciabilidad directa del artículo 26 de la Convención 10

B.1 Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y las representantes 10

B.2 Consideraciones de la Corte 11

V PRUEBA 13

A. Admisibilidad de la prueba documental 13

B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial 14

Vi HECHOS 14

C. Antecedentes 14

D. Primer proceso de amparo 17

E. Privatización de la empresa estatal Minera Especial Tintaya S.A. 18

F. Segundo proceso de amparo 19

G. Proceso contencioso administrativo 20

H. Procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo de 2 de febrero de 1993 21

  1. Normativa sobre pensiones y privatizaciones a partir de 2002 27

vIi FONDO 28

VII derechoS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA DIGNIDAD, a la propiedad PRIVADA, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS (artículos 8.1, 25.1, 25.2.C), 26, 5, 11.1, 21, 1.1 y 2 de la convención americana) 29

A. Derecho a la tutela judicial efectiva en la ejecución de sentencias y privatización de empresas 30

A.1 Argumentos de las partes y de la Comisión 30

A.2 Consideraciones de la Corte 32

A.3 Conclusión 40

B. Plazo Razonable 40

B.1 Argumentos de las partes y de la Comisión 40

B.2 Consideraciones de la Corte 42

C. Derecho a la seguridad social 45

C.1 Argumentos de las partes y de la Comisión 45

C.2 Consideraciones de la Corte 46

C.3 Conclusión 58

D. Derecho a la propiedad 58

D.1 Argumentos de las partes y de la Comisión 58

D.2 Consideraciones de la Corte 59

E. Conclusión del capítulo 60

VIII REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 61

A. Parte Lesionada 61

B. Restitución de la pensión del señor M.F.: cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas a nivel interno 62

B.1. Argumentos de la Comisión y de las partes 62

B.2. Consideraciones de la Corte 63

C. Medidas de satisfacción 65

  1. Publicación de la Sentencia 65

D. Otras medidas solicitadas 65

E. Indemnizaciones compensatorias 66

D.1 Daño material 66

D.2.Dañoinmaterial 70

F. C. y Gastos 72

G. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 73

H. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 74

IX PUNTOS RESOLUTIVOS 74 I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. El caso sometido a la Corte. – El 13 de julio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso M.F. contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. De acuerdo con la Comisión, el caso se relaciona con la alegada violación del derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia del incumplimiento, durante 24 años, de una sentencia judicial a favor del señor M.F. en el marco de un recurso de amparo en el que se ordenó su reincorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530. La Comisión determinó que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional, en primer lugar, debido a que sus propias autoridades incumplieron el fallo judicial favorable al señor M. y, en segundo lugar, debido a la inefectividad de los mecanismos judiciales activados posteriormente para lograr dicho cumplimiento. Asimismo, la Comisión declaró que los hechos del presente caso constituyeron una violación a la garantía de plazo razonable y al derecho a la propiedad privada, pues las pensiones niveladas conforme al Decreto referido, entraron al patrimonio del señor M.F. mediante la decisión judicial que le fue favorable, pero no ha podido ejercer tal derecho. 2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente: a) Petición. – El 8 de abril de 1998 la Comisión recibió una petición presentada por la presunta víctima O.M.F. en la cual se alegó la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de dos sentencias de amparo que le reconocían ciertos derechos pensionarios como extrabajador de la empresa estatal minera Tintaya, así como su incorporación al régimen de pensiones y compensaciones del Decreto Ley No. 20530 y al pago renovable de su pensión de cesantía. El peticionario alegó que el Estado peruano no había cumplido con su obligación de ejecutar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Asimismo, se alegó la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 24 y 25 de la Convención Americana. b) Informe de Admisibilidad. – El 16 de julio de 2010 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No.106/10 (en adelante “Informe de Admisibilidad”), en el que concluyó que la Petición No. 147-98 era admisible en relación con los artículos artículos 8.1, 21 y 25.2.c) de la Convención. Asimismo, declaró inadmisible la petición, con relación al artículo 24 de la misma. c) Informe de Fondo. – El 27 de enero de 2017 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 3/17, en los términos del artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “Informe de Fondo” o “Informe No. 3/17”), en el cual concluyó que el Estado del Perú era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, propiedad privada y protección judicial, establecido en los artículos 8.1, 21, 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de O.M.F.. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 2 del mismo instrumento y formuló varias recomendaciones al Estado[1]. d) Notificación al Estado. – El 13 de febrero de 2017 la Comisión notificó el Informe de Fondo al Estado, otorgándosele un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado solicitó una primera prórroga de 60 días, la cual fue otorgada por la Comisión. Sin embargo, al no presentar información sustantiva sobre los avances relevantes en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión decidió no otorgar la segunda prórroga solicitada y, por ende, someter el caso a la jurisdicción de la Corte. 3. Sometimiento a la Corte. – El 13 de julio de 2017, la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana ante la necesidad de obtención de justicia para la víctima. 4. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su Informe de Fondo (supra párr. 1), en perjuicio del señor O.M.F.. Además, solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo VIII de la presente Sentencia. II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 5. Designación de Defensores Públicos Interamericanos. –El 8 de septiembre de 2017 el señor O.M. solicitó la designación de un Defensor Interamericano. Luego de las respectivas comunicaciones con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (en adelante “AIDEF”)[2], el 20 de septiembre de 2017 el C. General de dicha Asociación comunicó a la Corte que las señoras R.M.Á. (Uruguay) e I.P. de Campos Machado (Brasil) habían sido designadas como defensoras públicas interamericanas para ejercer la representación legal de las presuntas víctimas en este caso (en adelante “las representantes”)[3] . 6. Notificación a las representantes y al Estado. – El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado por la Corte al Estado del Perú el 9 de octubre de 2017 y a las defensoras públicas interamericanas de la presunta víctima el 17 de octubre de 2017. 7. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 10 de diciembre de 2017, las representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Las representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión. Además de los derechos alegados por la Comisión, presentaron argumentos adicionales sobre la presunta violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de la Convención (artículos 8.1 y 25.1), en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como sobre la presunta violación de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26), en particular de los derechos previsionales, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. 8. Escrito de contestación. – El 2 de abril de 2018 el Estado[4] presentó ante la Corte su contestación al escrito de sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito el Estado alegó una serie de “cuestiones procesales”, entre ellas “la falta de agotamiento de recursos...

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