Supervisión de cumplimiento de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Mayo de 2019. Caso Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.

Fecha de Resolución28 de Mayo de 2019
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoCaso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador
ActoMedidas Urgentes y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
SolicitanteEl Salvador

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 28 DE MAYO DE 2019

MEDIDAS URGENTES Y

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

CASO MASACRES DE El MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR

VISTO:

* La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia") dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal") el 25 de octubre de 2012. El caso se refirió a las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío de El Mozote y otros lugares aledaños, en el Departamento de M., en el marco del conflicto armado interno salvadoreño. En dichas masacres murieron aproximadamente mil personas, en su mayoría niñas y niños. Igualmente, se refirió a la aprobación de una ley de amnistía y su posterior aplicación judicial a la investigación penal del presente caso de forma contraria a la obligación internacional del Estado de investigar graves violaciones a derechos humanos. La Corte declaró responsable internacionalmente a la República de El Salvador (en adelante "el Estado" o "El Salvador") por la violación, entre otros, de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y a la libertad personal en perjuicio de víctimas ejecutadas; por la violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por la violación del derecho a la vida privada, en perjuicio de las mujeres que fueron víctimas de violaciones sexuales en el caserío El Mozote; por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y el domicilio, y a la propiedad privada en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de las masacres; por la violación del derecho de circulación y de residencia, en perjuicio de personas que fueron forzadas a desplazarse dentro de El Salvador y hacia la República de Honduras; por la violación de los derechos a la integridad personal y a la propiedad privada en perjuicio de familiares de las víctimas ejecutadas; por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), en perjuicio de víctimas sobrevivientes de las masacres, así como de familiares de las víctimas ejecutadas. El Salvador efectuó una aceptación total de los hechos que configuraron las violaciones antes indicadas. En la Sentencia, el Tribunal dispuso, entre otras medidas de reparación, que el Estado debía cumplir con su obligación de investigar, identificar y, en su caso sancionar, así como asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no volviera a representar un obstáculo para el cumplimiento de dicha obligación en este caso y respecto de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador (infra Considerandos 1 y 2).

* Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitidas por la Corte Interamericana el 3 de mayo de 2016, el 31 de agosto de 2017 el 30 de mayo y 28 de noviembre de 2018.

* La visita de supervisión de cumplimiento de la Sentencia realizada por una delegación de la Corte, en los días 28 a 30 de agosto de 2018 en San Salvador, en el Juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera, en El Mozote y en Arambala. En dicha visita, se realizó, entre otros, una diligencia al referido juzgado, la cual permitió a la delegación de la Corte recibir información de forma directa del Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera, a cargo del proceso penal en trámite por los delitos cometidos en las masacres de El Mozote y lugares aledaños.

* Los escritos presentados por los representantes de las víctimas (en adelante "los representantes") entre febrero y marzo de 2019 en la supervisión de cumplimiento del presente caso, en los cuales expresaron, entre otros aspectos, sus observaciones respecto "a la existencia de un proyecto de ꞌLey de Reconciliación Nacionalꞌ" que se encuentra en trámite ante la Asamblea Legislativa de El Salvador que podría afectar la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, tales como la de este caso.

* La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría") de 15 de marzo de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del P. del Tribunal, se solicitó al Estado que presentara información en relación a dicho proyecto de ley.

* El escrito presentado por el Estado el 29 de marzo de 2019, en el cual únicamente indicó que se había creado una Comisión Ad-hoc que "a la fecha se encuentra concluyendo un proyecto de ley relacionado a [dicha] temática".

* La nota de la Secretaría de 22 de mayo de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del P. del Tribunal, se realizó un pedido detallado de información al Estado sobre el referido proyecto de ley.

* El escrito de 24 de mayo de 2019 y sus anexos, mediante los cuales los representantes solicitaron, "con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 del Reglamento de [la Corte]", "la adopción de medidas provisionales a favor de las víctimas reconocidas en la Sentencia" del presente caso (infra Considerandos 11 a 13).

* La nota de la Secretaría de 24 de mayo de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del P. del Tribunal, se otorgó un plazo al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") para presentar sus observaciones a la solicitud de medidas provisionales.

* El escrito presentado por El Salvador el 27 de mayo de 2019, mediante el cual remitió sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales (infra Considerando 14).

* El escrito presentado por la Comisión el 27 de mayo de 2019, mediante el cual remitió sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales (infra Considerandos 15 y 16).

  1. Medidas Urgentes

    CONSIDERANDO QUE:

    * La Corte emitió Sentencia en el caso M. de El Mozote y lugares aledaños en el 2012 (supra Visto REF _Ref3224330 \r \h \* MERGEFORMAT 1), en cuyo punto dispositivo tercero ordenó que el Estado debía "iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, de conformidad con lo establecido en los párrafos 315 a 321 de [esta] Sentencia". Para ello, estableció que el Estado debía "remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen la impunidad total en este caso, tomando en cuenta que [a ese momento] ha[bían] transcurrido aproximadamente 31 años desde que sucedieron las referidas masacres", y que "[e]n esta línea, el Estado debe investigar de forma efectiva todos los hechos de las masacres, incluyendo, además de las ejecuciones extrajudiciales, otras posibles graves afectaciones a la integridad personal, y en particular, los actos de tortura y las violaciones sexuales contra las mujeres, así como los desplazamientos forzados". Asimismo, en los referidos párrafos de esa Sentencia se establecieron criterios para dar cumplimiento a dicha obligación, entre los cuales se destacan que el Estado debe:

    a) abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación; (Énfasis añadido)

    b) tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño, así como los operativos militares de grandes proporciones dentro de los que se enmarcaron los hechos de este caso, con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan;

    c) identificar e individualizar a todos los autores materiales e intelectuales de las masacres del presente caso. La debida diligencia en la investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, por lo que deberán brindar al juez, fiscal u otra autoridad judicial toda la información que requiera y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo;

    1. asegurarse que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, y que para tal efecto tengan a su alcance y utilicen todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido en el presente caso; (Énfasis añadido)

    2. garantizar que las investigaciones por los hechos constitutivos de las masacres del presente caso se mantengan, en todo momento, bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria;

    f) asegurarse que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole necesarios para desempeñar sus tareas...

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