Supervisión de cumplimiento de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2018. Caso Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México.

Fecha de Resolución:27 de Noviembre de 2018
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México
Acto:Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Solicitante:México

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 CASO GARCÍA CRUZ Y S.S.V. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA VISTO: * La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia") emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal") el 26 de noviembre de 2013. La Corte homologó el "Acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado" suscrito por las partes y aceptó el reconocimiento total de responsabilidad internacional efectuado por los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado" o "México"). En consecuencia, se declaró a México responsable, entre otras violaciones, por: i) la tortura que sufrieron los señores J.G.C. y S.S.S. durante su detención por la Policía Judicial del Distrito Federal en junio de 1997, así como por la falta de investigación de tales hechos, y ii) las declaraciones inculpatorias que fueron obligados a rendir ante el Ministerio Público y el valor probatorio que se otorgó a las mismas en los procesos penales en que se les condenó a penas de 3 y 40 años de prisión en violación de garantías del debido proceso. Los señores García Cruz y S.S. permanecieron privados de su libertad durante 15 años, diez meses y 12 días, hasta que fueron puestos en libertad el 18 de abril de 2013 en cumplimiento de sentencias emitidas por tribunales internos con posterioridad al sometimiento del caso a la Corte Interamericana. El Tribunal estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado la adopción de medidas adicionales de reparación de conformidad con lo convenido en dicho acuerdo de solución amistosa (infra Considerando 1). * La resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia emitida el 1 de septiembre de 2016. * Los siete informes presentados por el Estado entre diciembre de 2014 y febrero de 2018. * Los seis escritos de observaciones presentados por los representantes de las víctimas entre febrero de 2015 y mayo de 2018. * Los cuatro escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión Interamericana" o la "Comisión") entre abril de 2015 y octubre de 2018. CONSIDERANDO QUE: * En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el presente caso en noviembre de 2013 (supra Visto 1). En la Resolución dictada por el Tribunal en septiembre de 2016, se declaró que el Estado: i) dio cumplimiento total a tres reparaciones; ii) venía dando cumplimiento a dos medidas, y iii) tenía pendientes de cumplimiento diez medidas de reparación. * De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, "[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos. * El Tribunal se pronunciará sobre todas las medidas de reparación que se encuentran pendientes de cumplimiento (supra Considerando 1), para lo cual estructurará sus consideraciones en el siguiente orden: Obligación de investigar los hechos de tortura 3

Eliminación de antecedentes penales 6

Otorgar atención médica y psicológica 7

Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 10

Otorgamiento de "becas educativas" 11

Entrega de vivienda a las víctimas 13

Realización de un seminario respecto de "la doctrina de la inmediatez procesal" 15

Capacitación a "operadores de justicia" 16

* * Obligación de investigar los hechos de tortura A.1. Medida ordenada por la Corte * En el punto dispositivo sexto inciso a) y en los párrafos 69 a 71 de la Sentencia, la Corte homologó la medida relativa a "realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones necesarias para deslindar responsabilidades y[,] en su caso, sancionar la comisión del delito de tortura", en perjuicio de los señores G.C. y S.S.. En el párrafo 69 de la Sentencia constan las precisiones que, respecto a esta obligación, el Estado se comprometió a garantizar: * "a través de la Procuraduría General de la República [...] a realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones necesarias para deslindar responsabilidades y en su caso, sancionar la comisión del delito de tortura", lo cual "incluye las acciones y omisiones que se realizaron en perjuicio de las víctimas y que generaron la responsabilidad internacional del Estado mexicano". Asimismo, el Estado "[e]n cumplimiento de esta obligación [...] debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad";

* en cuanto al "acceso a la investigación y la participación de las víctimas [...] en el proceso ministerial, el Estado reconoc[ió] su derecho irrestricto para acceder y consultar, por sí o por sus representantes, el expediente de la investigación que se siga por el delito de tortura, para coadyuvar con el Ministerio Público Federal". Asimismo, se señaló que "[e]ste derecho podrá ser ejercido en otros procesos penales que se inicien en función de la investigación de la totalidad de los hechos del caso". Para ello, las partes "se reunirán cuantas veces sean necesarias con el Ministerio Público de la Federación a fin de plantear inquietudes y observaciones inherentes a la investigación del caso"; * sobre los "hechos en materia de la investigación penal" se indicó que "[p]ara continuar con la investigación de los hechos del caso, sin prejuzgar sobre la probable responsabilidad de las personas que son investigadas, de las que resultaren involucradas, así como de aquellas que fueren sancionadas penal o administrativamente por los hechos relacionados con los delitos cometidos en perjuicio de las víctimas, el Estado mexicano reconoce que el Ministerio Público Federal debe tener en consideración la base fáctica reconocida en e[l] Acuerdo", y

* en relación con la "obligación de investigar oficiosamente", el Estado "reconoc[ió] que las investigaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con todas las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [...] y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte". A.2. Consideraciones de la Corte * El Estado señaló en su informe de marzo de 2017 que "el 23 de mayo de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la indagatoria AP/PGR/DDF/SPE-XI/2589/13-05, a efecto de dar cumplimiento al informe 138/11, respecto a los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México". No obstante, indicó que "[a] la fecha, debido a la falta de contacto con las víctimas directas, J.G.C. y S.S.S., se encuentran pendientes de desahogar diligencias necesarias para completar el dictamen en materia de medicina legal especializado para posibles casos de Maltrato y/o Tortura (Protocolo de Estambul). En tal virtud, al ser entrevistas de carácter personal las que se encuentran pendientes de realizar, la PGR no ha podido concluir y emitir las conclusiones correspondientes al Protocolo". En su informe de febrero de 2018, México sostuvo que dentro de la indagatoria se ha solicitado "copia certificada de la causa penal 66/77 [instruida contra S.S.S. y J.G.C., por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea], a fin de seguir integrando la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XI/2589/13-05, siendo cumplida dicha petición mediante oficio 3613 del 14 de agosto de 2015". * Los representantes de las víctimas, por su parte, en las observaciones de mayo de 2017, señalaron que "en su lugar de residencia[, el señor G.C. no cuent[a] con buen alcance de redes telefónicas y es [é]l quien se comunica con [ellos] habitualmente, lo que no ha sucedido en esta ocasión". Por otra parte, en el caso del señor S.S., indicaron que, "tal como se informó a la [...] Corte oportunamente, no ha[n] podido tomar contacto con él". No obstante lo anterior, los representantes señalaron que "no considera[n] admisible que el Estado alegue la falta de prosecución en la investigación en un caso donde existe un reconocimiento de que los señores J.G. y S.S. fueron víctimas de tortura e inclusive existe una sentencia interna que así lo reconoce". Al respecto, en mayo de 2018 enfatizaron que el Estado "no reporta la realización de diligencias concretas en los últimos dos años, lo cual denota falta de diligencia estatal en el caso". * En sus observaciones de septiembre de 2017 la Comisión manifestó su "preocupación" debido a que la investigación "no ha tenido mayores avances porque no se han podido realizar ciertas diligencias de tipo personal con las víctimas debido a la falta de contacto con éstas", destacando que "la importancia de los estándares del Protocolo de Estambul, [...] no pueden constituirse en carga para las víctimas de tortura, de forma que su ausencia impida el avance en las investigaciones y se les traslade la carga que recae en el Estado". * La Corte considera relevante destacar que esta medida de reparación devino del incumplimiento de la obligación de investigar los hechos de tortura en el presente caso; fundamentalmente, de la omisión de las autoridades estatales de iniciar...

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