Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de Febrero de 2016. Caso Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Serie C No. 312.

Fecha de Resolución:29 de Febrero de 2016
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Guatemala

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO C.S. VS. GUATEMALA

SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO DE 2016

(Excepción preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso C.S. y otros vs. Guatemala,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces:

R.F.C., Presidente

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, V.;

M.E.V.R., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

H.A.S.P., J.;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 54.3, 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también "la Convención Americana" o "la Convención"), con el artículo 5.3 del Estatuto de la Corte y con los artículos 17.1, 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

Tabla de contenido

TOC \o "1-3" \h \z \u I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA PAGEREF _Toc442987354 \h 4

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PAGEREF _Toc442987355 \h 6

III COMPETENCIA PAGEREF _Toc442987356 \h 8

IV EXCEPCIÓN PRELIMINAR PAGEREF _Toc442987357 \h 8

V PRUEBA PAGEREF _Toc442987358 \h 13

  1. Prueba documental, testimonial y pericial PAGEREF _Toc442987359 \h 13

  2. Admisibilidad de la prueba PAGEREF _Toc442987360 \h 14

    B.1) Admisibilidad de la prueba documental PAGEREF _Toc442987361 \h 14

    B.2) Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial PAGEREF _Toc442987362 \h 15

  3. Valoración de la prueba PAGEREF _Toc442987363 \h 16

  4. Admisibilidad/Valoración de los amici curiae PAGEREF _Toc442987364 \h 16

    VII HECHOS PAGEREF _Toc442987365 \h 17

    A. Respecto de la presunta víctima PAGEREF _Toc442987366 \h 17

  5. La situación de salud y muerte de la señora C. durante su detención en el COF PAGEREF _Toc442987367 \h 18

    B.1. Atención médica dentro del COF y procedimientos para acudir a citas médicas fuera del COF PAGEREF _Toc442987368 \h 18

    B.2 Situación de salud de la señora C.S. entre 1997 y 2004 PAGEREF _Toc442987369 \h 20

    B.3 Muerte de la señora C. el 25 de mayo de 2004 PAGEREF _Toc442987370 \h 33

    C. Incidentes de libertad anticipada interpuestos por la señora C. P. _Toc442987371 \h 35

    D. La investigación seguida por la muerte de la señora C. P. _Toc442987372 \h 48

    VII FONDO PAGEREF _Toc442987373 \h 49

    VII-1 DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA VIDA PAGEREF _Toc442987374 \h 49

    A. Argumentos de la Comisión y de las partes PAGEREF _Toc442987375 \h 49

    B. Consideraciones de la Corte PAGEREF _Toc442987376 \h 52

    B.1 La obligación del Estado de proveer atención y tratamiento médico a las personas privadas de libertad PAGEREF _Toc442987377 \h 53

    B.2 El deber del Estado de proveer tratamiento adecuado a la presunta víctima por su condición de diabetes y padecimientos relacionados luego de su privación de libertad PAGEREF _Toc442987378 \h 59

    B.3 La respuesta del Estado frente a la condición de discapacidad de la señora C. P. _Toc442987379 \h 66

    B.4 La respuesta de las autoridades administrativas el día de la muerte de la señora C. P. _Toc442987380 \h 73

    B.5 Conclusión PAGEREF _Toc442987381 \h 74

    VII-2 DERECHOS A LAS GARANTIAS JUDICIALES Y A LA PROTECCION JUDICIAL PAGEREF _Toc442987382 \h 75

  6. Argumentos de la Comisión y de las partes PAGEREF _Toc442987383 \h 75

  7. Consideraciones de la Corte PAGEREF _Toc442987384 \h 77

    B.1) Actuaciones del juzgado de ejecución de la pena frente a la situación de salud de la presunta víctima PAGEREF _Toc442987385 \h 77

    B.2) La obligación del Estado de investigar los hechos PAGEREF _Toc442987386 \h 86

    V.R. P. _Toc442987387 \h 88

    A. Parte Lesionada PAGEREF _Toc442987388 \h 89

    B. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición PAGEREF _Toc442987389 \h 90

    B.1 Publicación de la sentencia PAGEREF _Toc442987390 \h 90

    B.2 Fortalecimiento y capacitación de funcionarios judiciales y administrativos sobre derechos de las personas privadas de libertad. PAGEREF _Toc442987392 \h 90

    C. Otras medidas de reparación solicitadas PAGEREF _Toc442987393 \h 91

    D. Indemnizaciones compensatorias PAGEREF _Toc442987394 \h 96

    E. Costas y gastos PAGEREF _Toc442987395 \h 99

    F) R. de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas PAGEREF _Toc442987396 \h 101

    G) Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados PAGEREF _Toc442987397 \h 101

    IX PUNTOS RESOLUTIVOS PAGEREF _Toc442987398 \h 102

    IINTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    * El caso sometido a la Corte. - El 19 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso C.S. y otros contra la República de Guatemala (en adelante "el Estado" o "Guatemala"). De acuerdo con la Comisión, el caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos de la señora M.I.C.S. (en adelante "la señora C." o "la señora C.S.") como resultado de una multiplicidad de acciones y omisiones que terminaron con su muerte, todo mientras se encontraba privada de libertad cumpliendo una condena penal en el Centro de Orientación Femenina (COF). Sostuvo la Comisión que en esa situación el Estado tenía una posición especial de garante de sus derechos a la vida e integridad, a pesar de lo cual no habría realizado diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía, así como las necesidades específicas del tratamiento correspondiente. Afirmó que, frente a su condición de diabetes, el Estado no habría garantizado los controles periódicos, equipo y medicinas especializados, ni la provisión de una dieta y cuidados constantes necesarios y que, por el contrario, la señora C.S. se proveía de sus propios medicamentos y alimentos dependiendo de sus posibilidades o las de sus familiares. Dicha situación habría tenido como consecuencia el agravamiento de sus enfermedades y la amputación de una de sus piernas, entre otros padecimientos. Asimismo, fue alegado que, ante las obligaciones especiales que impondría su situación de persona con discapacidad, el Estado no le habría provisto de condiciones de detención adecuadas para garantizar sus derechos, teniendo en cuenta que se desplazaba en una silla de ruedas, entre otras circunstancias derivadas de su situación, y que el día de su muerte, tras una caída de su silla de ruedas, no habría recibido atención médica adecuada ni el tratamiento hospitalario requerido en circunstancias de emergencia. A su vez, fue alegado que, a pesar de haber recibido información consistente y periódica sobre la situación de salud de la señora C. y su impacto en su vida e integridad, a través de las solicitudes de autorización para acudir a citas médicas y de cuatro incidentes de libertad anticipada, el juez de ejecución de la pena no brindó protección judicial en relación con las diversas afectaciones que sufría la presunta víctima. Por último, se alegó que el Estado no realizó una investigación efectiva de su muerte, afectando los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de sus cuatro hijos, a saber: M.M.G.C., L. de M.J.C., L.M.J.C. y otra hija no identificada.

    * Trámite ante la Comisión. - El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

    * Petición. - El 23 de marzo de 2005 la organización no gubernamental "Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala" presentó, a través de su representante legal A.R.B., la petición inicial ante la Comisión (abierta bajo el No. 321/05).

    * Informe de admisibilidad. - El 13 de noviembre de 2009 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 136/09.

    * Informe de Fondo. - El 2 de abril de 2014 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 7/14, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también "el Informe de Fondo" o "el Informe No. 7/14"), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado:

    + Conclusiones. - La Comisión concluyó que el Estado era responsable por:

    * la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4(1) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo instrumento en perjuicio de la señora M.I.C.S..

    * la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo instrumento en perjuicio de la señora M.I.C.S..

    * la violación de las garantías judiciales y la protección judicial consagradas en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) y 2 del mismo instrumento en perjuicio de la señora M.I.C.S. y sus familiares.

    + Recomendaciones. - La Comisión recomendó al Estado:

    - Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, incluyendo tanto en el aspecto material como moral.

    - Desarrollar y completar una investigación imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el objeto establecer las responsabilidades penales o de otra índole por las violaciones establecidas en el presente informe.

    - Adoptar medidas de no repetición que incluyan: i) la garantía del acceso médico adecuado y oportuno en el Centro de Orientación Femenino; ii) la garantía de las condiciones adecuadas de privación de libertad para las personas con discapacidad en el Centro de Orientación Femenino, conforme a los estándares descritos en el presente informe; iii) el fortalecimiento institucional y la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas, a fin de que cumplan efectivamente con su rol de garantes de los derechos de las personas privadas de libertad; y iv) la regulación de un recurso judicial rápido y efectivo que permita obtener protección a los derechos a la vida e integridad personal, frente a las necesidades de salud de las personas privadas de...

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