Medidas Provisionales de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de Octubre de 2019. Caso Caso Cesti Hurtado respecto Perú.

Fecha de Resolución:14 de Octubre de 2019
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Caso Cesti Hurtado respecto Perú
Acto:Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Solicitante:Perú

RESOLUCIÓN

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS(

DE 14 DE OCTUBRE DE 2019

SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES

Y SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

CASO CESTI HURTADO VS. PERÚ

VISTOS:

  1. Las Sentencias de excepciones preliminares de 26 de enero de 1999[1], de fondo de 29 de septiembre de 1999 (en adelante “la Sentencia de fondo”)[2] y de reparaciones y costas de 31 de mayo de 2001 (en adelante “la Sentencia de reparaciones”)[3] dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”). En la Sentencia de fondo la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado del Perú por la violación a los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio del señor G.A.C.H. (en adelante también “el señor C.H.”). Dichas violaciones guardan relación con la detención, juzgamiento y condena del señor C.H. en el marco de un proceso indebidamente seguido ante el fuero militar entre 1996 y 1997, cuando tenía el carácter de militar en retiro[4], por los delitos de desobediencia, negligencia y fraude[5]. En la época de los hechos el señor C. era gerente general y accionista de una empresa de seguros que asesoraba al Comando Logístico del Ejército peruano en materia de seguros. En la Sentencia de reparaciones la Corte dispuso, entre otras medidas de reparación, que el Estado debía indemnizar al señor C.H. por los daños materiales que las violaciones declaradas en la Sentencia de fondo le ocasionaron (infra Considerando 5).

  2. Las Sentencias de interpretación de las Sentencias de fondo[6] y de la Sentencia de reparaciones y costas, emitidas, respectivamente, el 29 de enero de 2000 y el 27 de noviembre de 2001[7].

  3. Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Sentencia de reparaciones emitidas por la Corte los días 17 de noviembre de 2004, 22 de septiembre de 2006, 4 de agosto de 2008, 4 de febrero de 2010 y 26 de noviembre de 2013[8].

  4. El escrito de 5 de agosto de 2019, mediante el cual la víctima G.A.C.H. y su representante[9] solicitaron, “con base en lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]”, la adopción de medidas provisionales a favor de la víctima del presente caso (infra Considerando 11).

  5. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 13 de agosto de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se otorgó un plazo hasta el 21 de agosto de 2019 para que el Estado presentara sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales.

  6. El escrito presentado por el Estado el 21 de agosto de 2019, mediante el cual remitió sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales.

  7. La nota de la Secretaría de 26 de agosto de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se solicitó información adicional al Estado.

  8. El escrito presentado por el Estado el 16 de septiembre de 2019.

  9. El escrito de observaciones presentado por el señor C.H. y su representante el 30 de septiembre de 2019.

    CONSIDERANDO QUE:

  10. La Corte emitió Sentencias en el caso C.H. Vs. Perú en 1999 y 2001 (supra Visto 1), el cual se encuentra en etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia. Entre 2004 y 2013 el Tribunal emitió Resoluciones de supervisión de cumplimiento y en la última de ellas determinó que se encontraban pendientes de cumplimiento cuatro medidas de reparación. De las referidas medidas, la relevante a efectos de la presente solicitud de medidas provisionales es aquella mediante la cual la Corte ordenó al Estado “indemni[zar] a la víctima por los daños materiales que las violaciones declaradas en la sentencia de fondo le han ocasionado” (infra Considerando 5)[10], respecto de la cual el Tribunal declaró un cumplimiento parcial (infra Considerando 8).

  11. En la presente Resolución, la Corte se pronunciará sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por la víctima y su representante, la cual tiene como propósito que “el Estado de[l] Perú, a través de sus distintos órganos y funcionarios, se abstenga de re-victimizar[l]e y de requerir[l]e la devolución de la suma de dinero que [l]e fuera abonada por concepto de pago parcial de la reparación por daño material por las violaciones de las que fu[e] víctima”, así como que “se abstenga de afectar la cosa juzgada internacional, específicamente la [Resolución] de [… la] Corte de fecha 24 de noviembre de 2013 en el procedimiento de supervisión de sentencia […], en el extremo que da por cancelado parcialmente la indemnización por daño material”. Asimismo, realizará las valoraciones sobre dicha información que correspondan efectuarse en el marco de la supervisión del cumplimiento de la Sentencia de reparaciones.

  12. La Corte estructurará la presente Resolución en el siguiente orden:

    1. Reparación relativa a la indemnización por concepto de daño material a favor del señor C.H. 3

      B) Solicitud presentada por la víctima y su representante y observaciones presentadas por el Estado 5

    2. Consideraciones de la Corte respecto de la solicitud de medidas provisionales 10

    3. Supervisión de cumplimiento 12

      Reparación relativa a la indemnización por concepto de daño material a favor del señor C.H.

      A.1. Medida ordenada por la Corte

  13. En la Sentencia de fondo de 1999 la Corte determinó que la violación a los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial del señor C.H. podrían haber producido efectos en su patrimonio o en su capacidad de trabajo[11]. Al momento de los hechos del caso, el señor C.H. era gerente general y accionista de una empresa de seguros (supra Visto 1)[12].

  14. En los párrafos 42 a 47 y el punto resolutivo primero de la Sentencia de reparaciones de 2001, la Corte ordenó que, en un plazo razonable, el Estado indemnizara al señor C.H. por el daño material sufrido por las violaciones declaradas en la Sentencia de fondo (supra Considerando 1). Sin embargo, por “las particularidades del caso”, “la naturaleza de las reparaciones solicitadas”, así como “las características propias del derecho mercantil y de las sociedades y operaciones comerciales involucradas”, el Tribunal dispuso que la determinación del monto indemnizatorio fuera efectuada en el ámbito interno por “[l]os tribunales internos o las instituciones especializadas nacionales [que] poseen conocimientos propios del ramo de actividad al que se dedicaba la víctima”, “mediante los mecanismos que establezcan las leyes internas”. La Corte dispuso lo siguiente en el punto resolutivo primero de dicha Sentencia:

  15. Ordenar que el Estado del Perú indemnice a G.A.C.H. por los daños materiales que las violaciones declaradas en la sentencia sobre el fondo de 29 de septiembre de 1999 le han ocasionado y que proceda a fijar, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, los montos indemnizatorios correspondientes, a fin de que éste los reciba en un plazo razonable, si hubiere lugar a ellos.

    A.2. Supervisión de cumplimiento realizada en resoluciones emitidas entre 2004 y 2013

  16. En la Resolución de noviembre de 2004 se dejó constancia de que en el 2002 el señor C.H. solicitó al Estado que el monto de esta indemnización fuera determinado mediante un arbitraje[13]. Dicha solicitud fue autorizada mediante una resolución ministerial, con lo cual en septiembre de 2003 fue instalado el tribunal arbitral y se inició con su trámite[14]. El laudo arbitral fue emitido aproximadamente un año después, el 14 septiembre de 2004[15], y en él se determinó que el Estado debía pagar al señor C.H. US$ 3.000.000 (tres millones de dólares de Estados Unidos de América) por concepto de “pérdida de valor del negocio” y US$ 65.085 (sesenta y cinco mil, ochenta y cinco dólares de Estados Unidos de América) por concepto de remuneraciones dejadas de percibir durante el período comprendido entre julio de 1997 y diciembre de 1999[16].

  17. Posteriormente, en la Resolución de septiembre de 2006, esta Corte hizo constar que, debido a que el Estado no había cumplido con el pago de la indemnización ordenada en la Sentencia y fijada en el referido laudo, en marzo de 2005 el señor C.H. interpuso una demanda ante el Poder Judicial para lograr su ejecución[17]. En las cuatro resoluciones de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitidas por la Corte entre septiembre 2006 y noviembre de 2013 el Tribunal consideró la información aportada por las partes en relación a diversas resoluciones judiciales de carácter civil relacionadas con la ejecución forzosa del laudo arbitral, el embargo de bienes del Estado y la ejecución de esos embargos a fin de dar cumplimiento al pago de la indemnización correspondiente al señor C.H., y con aquellas emitidas para resolver las diversas impugnaciones interpuestas al respecto por el Perú, a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia[18].

  18. En la Resolución de noviembre de 2013 la Corte constató que el Estado había dado cumplimiento parcial al pago de la indemnización por concepto del daño material ordenado a favor del señor C.H.[19]. En dicha resolución se dejó constancia de lo indicado por el Estado respecto a que el señor C.H. solicitó medidas de embargo sobre cuentas bancarias y bienes inmuebles propiedad del Estado y de los diversos endosos, cobros y pagos realizados a favor del señor C.H., mediante los cuales el Perú “ejecutó el pago total del monto aprobado por la liquidación”[20]. Al respecto, este Tribunal valoró que mediante resolución de 8 de abril de 2009 del 34° Juzgado Civil de Lima, confirmada por resolución de 23 de octubre de 2009 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Lima, finalmente se fijó el total de lo adeudado al señor C.H. por concepto de capital e intereses legales al 30 de noviembre de 2008, y que el 7 de junio de 2013 dicha liquidación fue aprobada[21].

  19. Asimismo, en dicha Resolución de supervisión de 2013 se tomó nota de que el 12 de octubre de 2013 el señor C.H...

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