Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Enero de 2014. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Serie C No. 276

PonenteFerrer Mac-Gregor
Fecha de Resolución30 de Enero de 2014
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoLiakat Ali Alibux Vs. Suriname
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteSuriname

Voto CONCURRENTE DEL JUEZ EDUARDO ferrer mac-gregor poisot

a la sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos

en el caso liakat ali alibux Vs. Suriname, de 30 de ENERO de 2014

INTRODUCCIÓN

1. Concurro esencialmente con lo decidido en el presente caso, en el que se establecieron estándares interamericanos de relevancia, inter alia, sobre los alcances del principio de legalidad y no retroactividad respecto de normas procesales (artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante “Convención Americana” o “Pacto de San José”); así como de los alcances del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior —artículo 8.2.h) del Pacto de San José—, cuando el proceso penal se realiza en única instancia ante el órgano jurisdiccional de más alta jerarquía en un sistema jurídico nacional.

2. Formulo el presente voto individual, en términos del artículo 66.2 de la Convención Americana[1], debido a que deseo destacar dos aspectos que estimo de relevancia para el Sistema Interamericano en su integralidad, y que no fueron desarrollados en la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas respecto del Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname (en adelante “la Sentencia”).

3. El primer aspecto tiene que ver con la primera excepción preliminar formulada por el Estado demandado, sobre la falta de agotamiento de los recursos internos al momento de la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana, temática de consecuencias substanciales y funcionales para la tutela del derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas ante el Sistema Interamericano, y también sobre el entendimiento del principio de subsidiariedad y complementariedad que lo rigen, a la luz de la propia Convención Americana y su efecto útil.

4. El segundo aspecto tiene relación con una nueva dimensión, poco explorada en la jurisprudencia interamericana, sobre el derecho a la protección judicial como elemento integrador de los derechos fundamentales de fuente nacional y convencional, que establece el artículo 25 de la Convención Americana[2]. Tradicionalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “Tribunal Interamericano”) ha desarrollado ampliamente en su jurisprudencia la dimensión del deber de garantizar el acceso a un recurso judicial, efectivo, adecuado, rápido y sencillo, considerando cualquier recurso o medio de impugnación como una dimensión del derecho de acceso a la justicia en general.

5. Sin embargo, existe una dimensión particular, a mi entender de gran trascendencia sustantiva para la tutela de los derechos, que dispone expresamente el propio artículo 25.1 del Pacto de San José, sobre la necesidad de la existencia de “un recurso sencillo y rápido” o bien “cualquier otro recurso efectivo” que “ampare [a la persona] contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”. El derecho a la protección judicial que ampare derechos fundamentales de naturaleza nacional o convencional constituye un elemento integrador de los derechos para la tutela de los mismos en el ámbito nacional, teniendo un efecto importante en el modelo de control de constitucionalidad y convencional que adopten los Estados nacionales y en su eficacia. Por esta razón se le debe dar al derecho a la protección judicial un tratamiento autónomo que permita entender sus alcances.

6. En este sentido, si el Tribunal Interamericano hubiese desarrollado esta dimensión del artículo 25.1 de la Convención Americana, muy probablemente hubiese declarado violado dicho precepto de forma autónoma, evitando subsumir las consecuencias en la violación del artículo 8.2.h) como se realiza en la Sentencia[3] declarando la no violación al artículo 25, lo que además repercute en las reparaciones y justa indemnización de la víctima[4], en términos del artículo 63.1 del Pacto de San José[5].

7. Al respecto, es cierto que existe una interdependencia e interrelación entre los derechos de la Convención Americana. En el presente caso, particularmente entre el derecho al debido proceso establecido en el artículo 8 (que el Pacto de San José denomina “Garantías Judiciales”) y el derecho a la “protección judicial” prevista en el artículo 25; de tal manera que, en general, todo recurso tiene que realizarse con el respeto de las garantías mínimas del debido proceso, y de ahí la interconexión entre los artículos 8 y 25, como lo ha establecido y desarrollado la línea jurisprudencial del Tribunal Interamericano. Sin embargo, no debe olvidarse que cada derecho en el Pacto de San José fue previsto como un derecho autónomo, con una dimensión y alcances propios, que permiten desarrollos interpretativos individualizados, que abona en el entendimiento y configuración del núcleo esencial de cada derecho para lograr una mayor protección de las personas a través de estándares regionales, a la vez que estos avances contribuyen para clarificar las obligaciones estatales para su pleno respeto.

8. De ahí que estimo que en el caso concreto pudo haberse diferenciado el derecho a recurrir el fallo ante una instancia superior (art. 8.2.h), con el diverso derecho a un recurso que ampare derechos fundamentales de fuente nacional o convencional. Esta visión del derecho a la garantía de los derechos, tal como está literalmente previsto en el artículo 25 de la Convención Americana, cumple una función de integración de los derechos fundamentales de fuente nacional y convencional para su adecuada protección en un modelo de ejercicio del control de convencionalidad.

9. En el caso que nos ocupa, la vigente Constitución de Suriname contempla una Corte Constitucional, que no se había establecido en el momento de los hechos (y que sigue sin establecerse hasta ahora), de ahí que no se hayan desarrollado los recursos correspondientes de su competencia; lo que evidentemente, en el caso, generó incertidumbre jurídica sobre el mecanismo y el órgano que protegiera de manera efectiva los derechos fundamentales ante los planteamientos de constitucionalidad y convencionalidad esgrimidos, lo que pudo haber llevado al Tribunal Interamericano a declarar la inconvencionalidad por omisión al violarse el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en tanto no se encontraba implementado el órgano y los recursos que constitucionalmente están previstos para la tutela de los derechos fundamentales de fuente nacional y convencional. Y ello sin desconocer las competencias y atribuciones específicas de la Alta Corte de Justicia de Suriname, que en el caso particular no protegió los derechos convencionales alegados como violados por el señor A., que motivaron la intervención y tutela internacional. Incluso, no hubo propiamente respuesta al planteamiento de inconvencionalidad alegado por la hoy víctima, al simplemente contestar dicha Alta Corte que los jueces no podían implementar un recurso no previsto en la legislación.

10. Bajo esta tesitura dividiré el presente voto en dos partes. La primera parte, respecto a la excepción preliminar presentada por el Estado sobre la falta de agotamiento de los recursos internos al momento de la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana (párrs. 11 a 29). La segunda parte, abordaré las dimensiones del derecho a la protección judicial a la luz del artículo 25 de la Convención Americana, comprendiendo los siguientes epígrafes: (i) La jurisprudencia interamericana (párr. 30-46); (ii) La diferencia entre el derecho a la protección judicial (artículo 25) y el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior —artículo 8.2.h)— (párrs. 47-68); (iii) La dimensión integradora de los derechos a la luz del artículo 25 de la Convención Americana (párrs. 69-94); (iv) El derecho a la protección judicial en el presente caso (párrs. 95-126); y (v) Conclusión: el derecho a la garantía de los derechos, como dimensión integradora de derechos fundamentales (de fuente nacional y convencional) en un modelo de ejercicio del control de convencionalidad (párrs. 127-134).

PRIMERA PARTE

sobre la presentación de la petición ante la comisión interamericana y la regla del agotamiento de los recursos internos

11. En la primera de las tres excepciones preliminares opuestas, el Estado manifestó inter alia que la presunta víctima no agotó los recursos judiciales internos al momento de la presentación de su escrito de petición ante la Comisión Interamericana, en virtud de que aun no se había dictado la sentencia en el proceso criminal seguido en su contra[6].

12. Al respecto, la Corte IDH en la Sentencia precisó que, en efecto, el escrito de petición fue recibido por la Comisión Interamericana el 22 de agosto de 2003, siendo que la sentencia definitiva emitida por la Alta Corte de Justicia es de 5 de noviembre siguiente, y hasta el 18 de abril de 2005 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición de la presunta víctima. Además, el Tribunal Interamericano advirtió que el Estado argumentó desde el 18 de julio de 2005 que se había presentado dicha solicitud con anterioridad a la sentencia de fondo y que el Informe de Admisibilidad fue emitido hasta el 9 de marzo de 2007[7].

13. El Tribunal Interamericano desestimó la excepción preliminar al considerar esencialmente que “el peticionario alegó que las presuntas vulneraciones al derecho a recurrir la sentencia condenatoria y el principio de legalidad ante la Alta Corte de Justicia, fueron resueltas de manera desfavorable, mediante la Resolución Interlocutoria de 12 de junio de 2003 […], antes de que presentara la respectiva denuncia ante la Comisión. En consecuencia, la Corte enc[ontró] que, en el presente caso, debido a la inexistencia de un recurso de apelación contra la eventual sentencia condenatoria, la emisión de la misma no era un requisito indispensable para efectos de la presentación del caso ante la Comisión”[8].

14. Frente a ello concurro con la...

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