Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Enero de 2014. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Serie C No. 276

Ponente:Vio Grossi
Fecha de Resolución:30 de Enero de 2014
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Liakat Ali Alibux Vs. Suriname
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Suriname

VOTO INDIVIDUAL DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI,

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

Caso liakat ali alibux VS. suriname,

SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

INTRODUCCIÓN

Se emite el presente voto individual disidente[1] con respecto a la Sentencia indicada en el título, en adelante e indistintamente la Sentencia, en atención a que el suscrito es del parecer, a diferencia de lo resuelto en autos, de que procedía acoger las excepciones preliminares interpuestas por la República de Suriname, en adelante e indistintamente el Estado, con relación a la regla del previo agotamiento de los recursos internos, en particular en cuanto se fundamentan en la presentación de la petición ante la Comisión de forma previa a la emisión de la sentencia condenatoria y en la falta de agotamiento de recursos sobre el impedimento de salida del país[2], y, consecuente, que no debía haber pronunciamiento respecto del fondo de la causa. Todo ello por las razones que se exponen seguidamente[3].

  1. REGLA DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS.

    A.N. convencionales directamente referidas a dicha regla.

    El artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante e indistintamente, la Convención, señala:

    Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales

    .

    A su vez, el artículo 46.1.a) de la misma establece:

    Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: … que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos

    .

    Por su parte, el artículo 46.2 del mismo texto convencional añade:

    Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

    a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

    b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

    c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos

    .

    A su vez, el artículo 47.1.a) de dicho instrumento establece:

    La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: … falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46

    .

    Finalmente, el artículo 61.2 de la Convención prescribe:

    Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50[4]

    .

    Ahora bien, tales disposiciones se relacionan íntimamente con lo señalado en el segundo párrafo del Preámbulo de la Convención, que es del tenor siguiente:

    Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos

    .

    1. Consideraciones generales.

    Del tenor de dichas disposiciones resulta que la regla del previo agotamiento de los recursos internos fue previsto en la Convención como pieza esencial de todo el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en cuanto consiste en la obligación de la presunta víctima del derecho humano presumiblemente violado o de sus representantes, de alegar tal violación ante las instancias jurisdiccionales nacionales correspondientes en forma previa a hacerlo frente a la instancia jurisdiccional interamericana y, de esa manera, permitir o dar la posibilidad de que aquellas procedan en consecuencia, restableciendo cuanto antes la efectiva vigencia y respeto de los derechos humanos en el Estado de que se trate[5], objeto y fin de la Convención, haciendo innecesaria, por lo tanto, la intervención de la jurisdicción interamericana, la que, por lo demás, tiene por primer objetivo precisamente dicho restablecimiento[6].

    Esto es, la regla del previo agotamiento de los recursos internos tiene lugar en aquellas situaciones en que el objeto y fin de la Convención no se haya alcanzado por incumplimiento por parte del Estado concernido de los compromisos que contrajo al respecto[7] y, por ende, sea menester la intervención de la instancia jurisdiccional internacional para, si procede, ordenarle cumplir con las obligaciones internacionales que ha violado, dar garantía de que no volverá a violarlas y reparar todas las consecuencias de tales violaciones[8].

    Es, por ende, que la Corte señala que “[l]a regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios[9]”.

    Pero, es menester matizar o complementar esa afirmación en cuanto a que la citada regla, por una parte, no está contemplada entre los derechos garantizados por la Convención[10], sino entre las normas de ésta concernientes a los medios de protección de aquellos[11], es decir, entre las disposiciones de naturaleza procesal, y, por otra parte, que está concebida no es solo o exclusivamente ni aún principalmente en vista del interés del Estado, sino que ella lo ha sido fundamentalmente con el propósito de que se logre, en tanto efecto útil, el más pronto y efectivo restablecimiento, por parte de aquél, del respeto de los derechos humanos. En consecuencia, dicha regla está así establecida también y quizás preferentemente, en beneficio o provecho de la víctima de la violación de derechos humanos. Ello resulta más evidente si se tiene en cuenta lo previsto en el ya transcrito artículo 25.1 de la Convención, atingente al derecho de toda persona a la protección judicial.

    En otras palabras, la regla del previo agotamiento de los recursos internos, por ser de naturaleza procesal y, en especial, por no encontrarse entre los derechos reconocidos por la Convención, no puede ser entendida, per se o prima face, como una restricción del goce o ejercicio de éstos o, en todo caso, como no prevista en aquella[12]. Es decir, respecto de esa regla no siempre tendría aplicación el principio pro homine, en especial, en sus aspectos reglamentados por los propios órganos de protección[13], puesto que, por una parte, no es propiamente un derecho de las personas, sino más bien una obligación de las mismas, y, por la otra, su eventual vulneración podría impedir que se alcance oportuna o prontamente su ya indicado efecto útil, cual es, se reitera, el restablecimiento del respeto, por parte del Estado de que se trate, de los derechos humanos presuntamente violados.

    Lo que se persigue con la referida regla es, entonces, hacer, en lo posible, innecesario el recurso a la jurisdicción interamericana al exigir que primeramente se emplace directamente al respectivo Estado a que cumpla, si no lo ha ya hecho, con los compromisos internacionales que ha contraído en materia de derechos humanos, y ello en menor tiempo que el que, para obtener el mismo efecto, se lograría con la intervención de aquella.

    Ciertamente, la Convención contempla las lógicas excepciones a la norma general del previo agotamiento de los recursos internos. Ellas consisten en que no es menester agotar previamente tales recursos en el evento de que la legislación estatal correspondiente no los contemple, que se haya impedido al acceso a ellos o que se sean agotados o, por último, que haya retardo en la decisión sobre el ejercicio de los mismos. En otros términos, tales excepciones se pueden alegar en las situaciones en que esos recursos sean evidentemente inexistentes, ineficaces o inútiles o que no sean efectivos, adecuados o no estén disponibles.

    Indudablemente, las referidas excepciones le proporcionan a la regla del previo agotamiento de los recursos internos la necesaria flexibilidad en su aplicación, al separarla de un sentido y alcance estrictamente formalista, en especial, aunque, por cierto, no exclusivamente, en aquellos casos en que, en el correspondiente Estado, no impere el estado de derecho o en no se permite el efectivo ejercicio de la democracia representativa o en que los derechos humanos se violen en forma sistemática y generalizada o en que no se celebren elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto o en que no existe el régimen plural de partidos y organizaciones política o que no hay separación e independencia de los poderes públicos, en suma, que en tal Estado se vulnere lo prescrito en la Carta Democrática Interamericana[14].

    Empero, procede advertir que, por lo mismo, transformar en la práctica esas excepciones en norma de general o habitual aplicación, podría conducir a dejar sin efecto a la regla en cuestión y, consecuentemente, a retardar aún más el efectivo, pronto y definitivo cumplimiento, por parte del Estado concernido, en especial si es democrático, de su obligación internacional de respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos presuntamente violados, objeto y fin de la Convención.

    Por otra parte, es necesario llamar la atención acerca de que la regla en comento importa una conciliación, compatibilidad o adecuado equilibrio entre la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del pertinente Estado y la jurisdicción interamericana de derechos humanos y, en tal perspectiva, el respeto de la misma constituye, en lo que se refiere a la Corte, obviamente una expresión de la...

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