X AND Y v. THE NETHERLANDS

CourtChamber (European Court of Human Rights)
ECLIECLI:CE:ECHR:1985:0326JUD000897880
Respondent StateHolanda
Date26 March 1985
Application Number8978/80
CounselN/A
Official Gazette PublicationA91
Applied Rules8;8-1;14+8;14;3;13;41

Sentencia 8978/80

CASO X e Y

Sentencia de 26 de marzo de 1985

Legislación holandesa que prohíbe al padre de una mujer violada iniciar acciones penales contra las personas sospechosas de haber atentado a su integridad sexual

COMENTARIO

1. El caso X e Y contra Holanda planteado ante el Tribunal por la Comisión tiene su origen en la reclamación presentada por X en su nombre y en el de su hija Y.

2. La reclamación se funda en los siguientes hechos: Y, retrasada mental, fue violada por el yerno de la directora de la residencia en la que ambos vivían. Su padre denunció el hecho ante la policía e instó el inicio de acciones penales frente al responsable. El Ministerio Fiscal decide, sin embargo, no iniciar las acciones solicitadas. El recurso frente a esta decisión fue desestimada al considerar el Tribunal de apelación que era dudosa la concurrencia de una violación y no ser aplicable el artículo 248 ter, que castiga la incitación o la realización de actos inmorales mediante regalos o promesas o abuso de posición dominante, por ser necesaria una previa denuncia de la víctima para iniciar el procedimiento. El representante legal sólo puede formular la denuncia en nombre de la víctima si es menor de dieciséis años o se encuentra sometida a curatela, circunstancias que no concurren en el presente caso.

3. X alegó en su reclamación que tales hechos debían ser considerados como un tratamiento inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 de la Convención, así como un atentado a su derecho al respeto de su vida privada garantizado por el artículo 8. Alegaba, además, la infracción del derecho al respeto de su vida familiar establecido en el mismo artículo, del derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional consagrado en el artículo 13 y de la prohibición de discriminación contenida en el artículo 14.

4. El Tribunal estudia separadamente las mencionadas alegaciones acogiendo la segunda de ellas: atentado al derecho al respeto a la vida privada. Las demás, o bien las considera no fundadas (infracción del art. 3) o bien estima que no plantean un problema distinto del suscitado por el artículo 8 (derecho a la protección de la vida familiar, prohibición de trato discriminatorio - art. 14- y derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional -art. 12-). Con respecto a este último derecho, afirma el Tribunal que no se puede deducir del mismo la obligación de crear un recurso frente a la legislación contraria a la Convención.

5. El núcleo de la sentencia lo constituyen las consideraciones sobre la infracción del artículo 8, cuyo tenor literal es el siguiente:

«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá existir injerencia de una autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino cuando ésta esté prevista en la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, defensa del orden y prevención de las infracciones penales, protección de la salud o de la moral o a la protección de los derechos y libertades de los demás.»

El Tribunal recuerda que el artículo 8 no sólo impone al Estado una obligación negativa de no injerencia en el ámbito de la intimidad, sino también una positiva de protección efectiva de este ámbito mediante medidas adecuadas tendentes a asegurar el respeto de la vida privada incluso en las relaciones de los individuos entre sí. Esta obligación no implica necesariamente la utilización de la legislación penal. Ahora bien, ésta es necesaria a aquéllos. Casos, como la libertad sexual, en el que están en juego valores fundamentales y aspectos esenciales de la vida privada. Sólo la legislación penal puede asegurar en este campo una prevención eficaz.

6. Al no ser posible, de acuerdo con la legislación penal holandesa perseguir penalmente al responsable de los hechos que están en la base del presente caso, el Tribunal considera que Y ha sido víctima de una infracción del artículo 8, pues no dispone de una protección concreta y efectiva del derecho consagrado por el mismo. Al no ser posible, de acuerdo con la legislación holandesa, una reparación de la infracción, el Tribunal acuerda a favor de Y el derecho a la indemnización de los daños causados, que fija en 3.000 florines holandeses (art. 50 de la Convención).

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

26 de marzo de 1985

CASO X e Y CONTRA PAÍSES BAJOS

SENTENCIA

En el caso X e Y contra Países Bajos,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Convención de Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (la Convención) y los preceptos correspondientes de su Reglamento, en Sala compuesta por los siguientes jueces:

Señores, R. Ryssdal, Presidente;

G. Wiarda,

B. Walsh,

Vincent Evans,

C. Russo,

R. Bernhardt,

J. Gersing,

así como por los señores M.-A. Eissen, y H. Petzhold, Secretario y Secretario adjunto, respectivamente.

Tras haber deliberado los días 28 de noviembre de 1984 y 27 de febrero de 1985,

Dicta la siguiente sentencia, que fue adoptada en la última fecha:

PROCEDIMIENTO

1. El asunto fue sometido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos («la Comisión») el 13 de diciembre de 1983, dentro del plazo de tres meses previsto en los artículos 32.1 y 47 de la Convención. En su origen se encuentra una reclamación (núm. 8978/1980) frente al Reino de Holanda presentada ante la Comisión el 10 de enero de 1980 por X en nombre propio y en el de su hija Y. Los reclamantes, ambos de nacionalidad holandesa, han expresado el deseo de que su identidad no sea desvelada.

2. La demanda de la Comisión se funda en los artículos 44 y 48, así como en la declaración holandesa de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria del Tribunal (art. 46). Pretende obtener una decisión que determine si los hechos en cuestión constituyen un incumplimiento del Estado demandado de las obligaciones que le corresponden en virtud de los artículos 3, 8, 13 y 14.

3. En respuesta a la invitación realizada conforme a lo establecido en el artículo 33.3, letra d), del Reglamento, los reclamantes manifestaron el deseo de comparecer en el procedimiento y designaron los abogados que les representarían.

4. La Sala de siete jueces a constituir se compuso por dos jueces miembros de pleno derecho: el señor G. Wiarda, juez electo de nacionalidad holandesa ( art. 43 de la Convención) y R. Ryssdal, vicepresidente del Tribunal [ art. 21.3.b) del Reglamento). El 24 de enero de 1984 , el señor Wiarda, en la calidad de Presidente del Tribunal, designó, tras sorteo efectuado en presencia del Secretario, los cinco restantes miembros: los señores Walsh, Vincent Evans, C. Russo, R. Bernhardt y J. Gersing (art. 43 «in fine» de la Convención y 21.4 del Reglamento).

5. Tras asumir la presidencia de la Sala (art. 21.5 del Reglamento), el señor Ryssdal recogió a través del Secretario la opinión del representante del Gobierno de Holanda («el Gobierno»), del delegado de la Comisión y de los abogados de los reclamantes en torno a la necesidad del procedimiento escrito.

El 16 de marzo de 1984, contestó que los reclamantes no deseaban presentar una memoria y decidió que el representante del Gobierno podría presentar una hasta el 16 de mayo. El delegado de la Comisión podría responder por escrito dentro de los dos meses siguientes a la comunicación por el secretario de la presentación de aquélla. El 3 de abril prorrogó el primero de estos plazos hasta el 15 de junio.

La memoria del Gobierno tuvo entrada en el Registro el 18 de junio. El 31 de agosto, el secretario de la Comisión comunicó al secretario que el delegado formularía sus comentarios en la vista.

El 5 de julio, el Presidente fijó en el 26 de noviembre la fecha de apertura del procedimiento oral (art. 38). El 23 de agosto, autorizó a los representantes de los demandantes a utilizar la lengua holandesa (art. 27.3).

El 29 de agosto, la señora Van Westerlaak, abogado de los reclamantes, comunicó al Tribunal las observaciones de sus clientes sobre la aplicación del artículo 50 de la Convención. Fueron completadas por dos cartas enviadas por ella durante la vista.

6. Esta se celebró el día fijado, en el Palacio de Derechos del Hombre de Estrasburgo. Inmediatamente antes de su apertura, la Sala celebró una reunión preparatoria.

Comparecieron:

- En representación del Gobierno:

el señor C. J. Schneider, representante permanente de Holanda ante el Consejo de Europa;

el señor E. Korthals Altes, abogado;

la señora W. G. Schimmel-Bander, del Ministerio de Justicia, asesora;

- En representación de la Comisión:

el señor S. Trechsel, delegado.

- En representación de los reclamantes:

la señora I. van Westerlaak, abogado,

y el señor E. A. Alkema, profesor en la Universidad de Groningue como abogados.

HECHOS

I. Circunstancias del caso

7. X y su hija Y nacieron en 1929 y el 13 de diciembre de 1961, respectivamente. La segunda, retrasada mental, vivía desde 1970 en una residencia privada para niños deficientes mentales.

8. Durante la noche del 14 al 15 de diciembre de 1977, un tal B, yerno de la directora y que vivía con su esposa en la residencia aunque no era empleado, despertó a la niña, la obligó a seguirle a su habitación, desnudarse y tener con él relaciones sexuales.

Este incidente, que tuvo lugar el día siguiente a su decimosexto aniversario, traumatizó a Y y le provocó graves perturbaciones psíquicas.

9. El 16 de diciembre de 1977, X acudió a la policía para denunciar el hecho y solicitar la apertura de una persecución penal.

El comisario le indicó que podía firmar la denuncia puesto que su...

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