Van Oosterwijck v Belgium

JurisdictionDerecho Internacional
CourtEuropean Court of Human Rights
Judgment Date06 November 1980
ECLIECLI:CE:ECHR:1980:1106JUD000765476
Application Number7654/76
Date06 November 1980
Respondent StateBélgica
CounselN/A
Applied Rules35;35-1
Official Gazette Publication[object Object]
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>

Sentencia 7654/76


CASO VAN OOSTERWIJCK [TEDH-32]


Sentencia de 6 de noviembre de 1980.


Agotamiento de los recursos internos. Artículo 26 del Convenio.


COMENTARIO


El caso Van Oosterwijck presenta dos problemas, uno de forma y otro de fondo, de la aplicación del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos.


El primero de ellos se refiere al principio recogido en el artículo 26 del Convenio, según el cual es necesario haber agotado los recursos internos, «tal como se entiende según los principios de Derecho internacional generalmente reconocidos», antes de presentar la correspondiente demanda ante la Comisión. El segundo tiene como objeto la violación de los artículos 8 y 12 del Convenio, que se refieren, respectivamente, al derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y correspondencia y al derecho de todo hombre y mujer a contraer matrimonio y fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.


El hecho que plantea el presente caso es el siguiente: Danielle Van Oosterwijck presentaba al nacer todos los caracteres biológicos de una niña, inscribiéndosela como tal en el Registro Civil.


Sin embargo, a los cinco años comenzó en ella un proceso de transformación: a pesar de que morfológicamente continuaba siendo una mujer, psicológicamente empezó a sentirse un varón, lo que le produjo profundos trastornos psicológicos que le llevaron incluso a un intento de suicidio.


A los veintidós años Van Oosterwijck decidió someterse a un tratamiento de conversión sexual, tanto a través de hormonas como de cirugía. El tratamiento modificó su morfología femenina en otra aparentemente masculina, aunque sus cromosomas continuaron siendo femeninos.


Ante esta nueva situación, el demandante dirigió una petición de rectificación del acta de su estado civil, solicitando se modificara su acta de nacimiento, en la que se hiciera constar su sexo masculino.


El Ministerio Fiscal emitió una opinión negativa contra la petición del demandante, basándose en que no había aportado ninguna prueba que justificase que en la inscripción de nacimiento había habido un error en la determinación del sexo. Así, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas desestimó la petición de Van Oosterwijck, recogiendo las consideraciones establecidas por el Fiscal.


El demandante apeló ante el Tribunal de Apelación de Bruselas, alegando que «por definición el transexual es del sexo opuesto al que pertenecía en su nacimiento» y criticaba la sentencia, ya que desconocía la noción de transexualidad. Señalaba también que se aceptase su condición de hombre, pues era inconcebible no reconocer las consecuencias de la transexualidad cuando era un derecho reconocido; más aún, cuando este no reconocimiento conducía a resultados absurdos y perjudiciales tanto en el orden personal como social.


El Tribunal de Apelación resolvió desestimando la apelación, basándose en que la noción de transexualidad es fruto de discusiones médicas y no jurídicas. Por otra parte, los hechos demostraban que Van Oosterwijck no había sido siempre un hombre, por lo que el oficial del Registro Civil no había cometido un error cuando consignó su sexo en los libros. Así, en ausencia de error, la única vía legal posible era «une action dŽétat», aunque si bien es cierto ésta estaba reservada para resolver otro tipo de problemas. Además, desde el punto de vista del orden público, la petición planteaba numerosas reservas, ya que, en opinión del Tribunal, su aceptación hubiera provocado que se plantearan gran número de peticiones alegando los mismos motivos, lo que era peligroso, ya que supondría un continuo conflicto para una «organización racional de la sociedad» y favorecería la proliferación de problemas individuales, generando con ello un clima de inseguridad jurídica en las relaciones familiares y sociales.


El demandante decidió no recurrir al Tribunal de Casación, pues según su asesor jurídico un recurso de esta índole no ofrecía ninguna posibilidad de éxito.


Sin embargo, planteó demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos contra el Reino de Bélgica, en la que invocaba:


1. El artículo 3 del Convenio, pues vivía «en una situación inhumana y degradante de muerte civil».


2. El artículo 8, que por aplicación de la ley le obligaba a utilizar documentos no conformes con su identidad real.


3. El artículo 12, pues la decisión de los Tribunales establecía una clara contradicción entre su situación legal y física, lo que le imposibilitaba contraer matrimonio y fundar una familia.


La Comisión admitió la demanda, concluyendo que existía violación de los artículos 8 y 12 del Convenio.


La Sala competente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, visto el informe de la Comisión, consideró que el caso planteaba cuestiones que afectaban a la interpretación del Convenio, por lo que decidió deferir su competencia al Tribunal en pleno.


El Tribunal en pleno decidió desestimar la demanda, basando su decisión en que no se habían agotado los recursos internos en el presente caso, según preceptúa el artículo 26 del Convenio.


Sobre el artículo 26


El artículo 26 del Convenio establece el principio fundamental según el cual «la Comisión no podrá ser requerida más que después del agotamiento de los recursos internos, tal como se entiende según los principios de Derecho internacional generalmente reconocidos, y dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión definitiva».


Según hemos señalado al relatar los hechos, Van Oosterwijck no había agotado los recursos internos, pues no había recurrido en casación. En concreto, el Gobierno belga objetaba que no sólo no se había recurrido en casación, sino que además ni se había invocado el Convenio ni en primera instancia ni luego en apelación, que no se había ejercido la correspondiente «action dŽétat», ni tampoco se había solicitado el cambio de nombre, en virtud de la Ley de 2 de julio de 1974, que lo permitía.


Respecto de la primera de las objeciones, no haber recurrido en casación, el demandante señalaba que un recurso de esta naturaleza nunca hubiera prosperado, ya que el Tribunal de Apelación de Bruselas fundó su sentencia en consideraciones que escapaban al control del Tribunal de Casación, más aún cuando no había habido ni quebrantamiento de forma «ni violación del ordenamiento jurídico belga», como establece la sentencia en su párrafo 34. Sin embargo, este argumento no es compartido por el Tribunal, ya que si el Tribunal de Casación no conoce del fondo del asunto, como preceptúa la propia Constitución belga en su artículo 95 , no puede establecer cuál es el Derecho aplicable y orientar así la jurisprudencia. Nada prueba, según el Tribunal, «que un recurso fundado en la ley nacional estuviera inevitablemente avocado al fracaso».


En cuanto a que no se había invocado el Convenio ni en primera instancia ni luego en apelación, tomando como motivo que éste no ofrece la precisión necesaria para el ejercicio de un recurso interno eficaz, el Tribunal considera que la redacción de los artículos 8 y 12 es lo suficientemente clara y precisa para que puedan ser planteados ante los Tribunales internos, máxime cuando el Convenio forma parte del ordenamiento jurídico belga, y había dado la posibilidad al demandante de utilizar un medio apropiado para plantear sus quejas. Así, al no invocarse el Convenio, se privó a los Tribunales belgas de expresarse sobre las consecuencias que estos derechos establecen.


En relación con el no ejercicio de «lŽaction dŽétat» es necesario realizar algunas precisiones. La legislación belga establece la distinción entre las acciones de Estado y las rectificaciones a las actas del estado civil. Las primeras, como dice la sentencia en su párrafo 35, tienen por objeto «establecer, modificar o revocar el estado civil de una persona»; si Van Oosterwijck hubiera planteado una acción de Estado hubiera obtenido una decisión judicial determinando la procedencia de esta vía para obtener el fin que perseguía, pero no la utilizó.


Por su parte, la rectificación del acta del estado civil tiene por finalidad únicamente «reparar un error o llenar una laguna en los documentos destinados a probar el estado civil».


Por último, nos queda por examinar la solicitud de cambio de nombre en virtud de la Ley de 2 de julio de 1974. El Tribunal rechaza este argumento expuesto por el Gobierno, ya que, según su opinión, si el demandante hubiera solicitado un cambio de nombre en base a esta Ley, «las terceras personas hubieran tenido menos ocasiones de darse cuenta del contraste» entre su antiguo y su nuevo estado civil, lo que, no obstante, no hubiera resuelto el problema, sino simplemente hubiera eliminado algunos de sus efectos, pero no habría suprimido ni la causa ni el reconocimiento de su identidad sexual, ni tampoco sus consecuencias sociales.


Habría que hacer referencia también a si motivos de índole especial dispensarían a Van Oosterwijck a emplear alguno de estos medios que hemos citado y que no empleó, en virtud de los «principios del Derecho internacional generalmente reconocidos» a los que alude el artículo 26 del Convenio. En concreto, el demandante alega que, en virtud del principio «iura novit curia», los jueces belgas se veían obligados a aplicar el Convenio aunque no se hubieran agotado los recursos internos, ya que se trataba de un caso de orden público.


Sin embargo, esta opinión no es compartida por el Tribunal, pues los propios Tribunales belgas no han tenido ocasión de conocer el caso a la luz de los principios del Convenio, ya que sus preceptos no fueron invocados ante ellos, más aún cuando el Tribunal de Casación no tuvo nunca...

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