Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Septiembre de 2010. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Serie C No. 217

Fecha de Resolución 1 de Septiembre de 2010
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoIbsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteBrasil

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO IBSEN CÁRDENAS E IBSEN PEÑA VS. BOLIVIA

SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

(Fondo, R. y Costas)

En el caso I.C. e I.P.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 12 de mayo de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante “el Estado” o “Bolivia”), a partir de la cual se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 26 de septiembre de 2003. El 12 de octubre de 2005 la Comisión Interamericana aprobó el Informe No. 46/05, mediante el cual declaró admisible dicha petición. Posteriormente, el 31 de octubre de 2008 aprobó el Informe de fondo No. 93/08, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 12 de noviembre de 2008. Luego de la concesión de dos prórrogas y la presentación de cierta información por parte del Estado, ante la “falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento” de algunas recomendaciones establecidas en el Informe 93/08 y la expresa intención de los familiares de las presuntas víctimas de que el caso fuera elevado a la Corte Interamericana, el 8 de mayo de 2009 la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción del Tribunal. La Comisión designó como delegados a los señores L.P.M., Comisionada, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, J.P.A. y S.S., abogados de la Secretaría Ejecutiva.

La demanda se relaciona con la alegada “desaparición forzada de [los señores R.I.C. y J.L.I.P.] a partir de octubre de 1971 y febrero de 1973 respectivamente, en el marco de la dictadura militar liderada por H.B.S. [en Bolivia], seguida de la [presunta] impunidad en que se encuentran tales hechos, así como la [alegada] falta de reparación a sus familiares por los daños causados y la incertidumbre sobre el paradero de una de las víctimas”. De acuerdo a lo señalado por la Comisión, el paradero del señor R.I.C. fue establecido en el año 2008, cuando sus restos fueron localizados, identificados y entregados a sus familiares, lo cual no ha ocurrido respecto a J.L.I.P..

La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado de Bolivia responsable por la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, y las obligaciones establecidas en los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante, “Convención sobre Desaparición Forzada”), en perjuicio de R.I.C. y J.L.I.P.; asimismo, de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de R.I.C. y J.L.I.P., a saber, T.I.C., R.I.C., R.I.C., y M.C.M.. Asimismo, la Comisión solicitó que se declare que el Estado “ha incumplido la obligación contenida en los artículos III y IV de la Convención […] sobre Desaparición Forzada de Personas […] al no tipificar la desaparición forzada sino hasta el año 2004”. Por último, la Comisión solicitó que el Tribunal ordene al Estado determinadas reparaciones.

El 25 de septiembre de 2009 los señores M.R.O., D.E.T. y T.I.C., representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 24 del Reglamento. Los representantes coincidieron con lo alegado por la Comisión Interamericana en la demanda (supra párrs. 2 y 3) y solicitaron a la Corte, además, que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 24 de la Convención Americana (Igualdad ante la Ley). Los representantes también solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado determinadas reparaciones.

El 26 de enero de 2010 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El Estado reconoció su responsabilidad internacional “sobre los derechos contemplados en los artículos 1.1, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, [y las obligaciones establecidas en los artículos] I, III, IV y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en relación a R.I.C. y J.L.I.P., [así como sobre los derechos establecidos en los] art[ículos] 5, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 [de la misma] en relación a M.C.M. (madrastra y cónyuge[,] respectivamente), T.I.C., R.I.C. y R.I.C. (hermanos e hijos[,] respectivamente)[,] todos expresados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Sin embargo, el Estado manifestó expresamente que “no se allana[ba] a la demanda de la Comisión y al escrito de solicitudes[,] argumentos y pruebas de los familiares respecto de la solicitud de reparaciones presentada”. El Estado designó a la señora M.C.Y.O.T. como Agente en el presente caso, y al señor V.M.V. como Agente Alterno.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

Luego de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 5), el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Presidente”) ordenó la recepción de declaraciones ante fedatario público (affidávit) de tres presuntas víctimas, tres testigos y un perito, todos ofrecidos oportunamente por las partes. Adicionalmente, convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de una presunta víctima, un testigo y dos peritos, propuestos por la Comisión, el Estado de Bolivia y los representantes, respectivamente, así como sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Finalmente, el Presidente fijó plazo hasta el 24 de mayo de 2010 para que las partes presentaran sus respectivos alegatos finales escritos[2].

El 22 y 29 de marzo, y el 3 de mayo de 2010 la Comisión y los representantes remitieron al Tribunal las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit).

La audiencia pública se llevó a cabo el 13 de abril de 2010, durante el XLI Período Extraordinario de Sesiones celebrado en la ciudad de Lima, República del Perú[3]. Durante ésta, el Estado presentó al Tribunal diversa documentación en calidad de prueba al realizar sus alegatos finales orales. Asimismo, la Corte solicitó al Estado la presentación de diversos documentos como prueba para mejor resolver.

El 16 de abril de 2010 el Presidente del Tribunal, en consulta con los demás jueces de la Corte, solicitó al Estado que remitiera cierta información relacionada con las excusas judiciales alegadas en el presente caso (infra párrs. 175 a 191).

El 24 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos. Los representantes y el Estado adjuntaron a sus respectivos escritos diversa prueba documental. El Estado, adicionalmente, presentó la información requerida por el Tribunal sobre las excusas judiciales (supra párr. 9) y uno de los documentos solicitados por la Corte durante la audiencia pública como prueba para mejor resolver (supra párr. 8).

El 18 de junio de 2010 el Estado remitió otro de los documentos solicitados por el Tribunal durante la audiencia como prueba para mejor resolver (supra párr. 8).

El 7 de julio de 2010 el Tribunal solicitó a los representantes y al Estado copia de algunos documentos en calidad de prueba para mejor resolver.

El 16 de julio y el 11 de agosto de 2010 los representantes y el Estado, respectivamente, presentaron los documentos solicitados por la Corte como prueba para mejor resolver (supra párr. 12).

El 19 de agosto de 2010 el Estado remitió al Tribunal como prueba para mejor resolver una copia de una decisión emitida el 16 de agosto de 2010 por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “Corte Suprema”).

El 20 de agosto de 2010 el Estado remitió al Tribunal información adicional relacionada con la emisión de un sello postal como “medida de reparación” adoptada por el mismo.

El 23 de agosto de 2010 la Corte solicitó a la Comisión y a los representantes cierta información relativa a la decisión emitida el 16 de agosto de 2010 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia (supra párr. 14). Asimismo, el Tribunal solicitó al Estado y a los representantes remitir a la Corte una copia del sello postal referido por el Estado (supra párr. 15).

El 26 de agosto de 2010 el Estado remitió a la Corte un “informe de avance de los compromisos asumidos por el Estado […] a fin de cumplir con la obligación de recuperar la memoria histórica de los señores J.L.I.P. y R.I.C.”, e información relativa a la decisión emitida el 16 de agosto de 2010 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, el...

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