Capítulo XIII. La aplicación de las distintas medidas de apoyo a las personas con discapacidad por la autoridad judicial tras la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio

• Author: Lydia Noriega Rodríguez
• Pages: 247-266

247

Capítulo XIII.

LA APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS

DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

POR LA AUTORIDAD JUDICIAL TRAS LA REFORMA

OPERADA POR LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO

L N R

Profesora Titular Derecho Civil. Universidad de Vigo

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2.LA GUARDA DE HECHO, LA CURATELA Y EL

DEFENSOR JUDICIAL EN EL NUEVO MARCO NORMATIVO. 2.1. La

guarda de hecho. 2.2. La curatela. 2.3. El defensor judicial. 3.PRIORIDAD

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA GUARDA DE HECHO EN SEDE JUDICIAL.

4. ¿CUÁNDO ES PROCEDENTE LA CONSTITUCIÓN DE LA CURATELA?

4.1. Por la inexistencia de guardador de hecho. 4.2. En los supuestos de grave

grado de discapacidad. 5.FORMALIZACIÓN DE MEDIDAS EN CONTRA DE LA

VOLUNTAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: POSICIONAMIENTO

DEL TRIBUNAL SUPREMO. 6.BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN

La aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el

ejercicio de su capacidad jurídica, ha introducido un nuevo contexto legal en

relación a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad

jurídica, mediante la reforma de distintas normas sustantivas y procesales.

De esta forma, el objetivo fundamental de la norma es dotar las medidas

adecuadas para que en el ejercicio de la capacidad jurídica, se respeten los

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, tratando de evitar así que

existan conflictos de intereses e influencia indebida; las citadas medidas se deben

caracterizar por ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona,

aplicarse en el plazo más corto posible, y estar sujetas a exámenes periódicos por

parte de la autoridad judicial competente, independiente e imparcial.

Lydia Noriega Rodríguez

248

El nuevo marco jurídico se contiene en el Título XI del Libro Primero del

Código Civil titulado «De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para

el ejercicio de su capacidad jurídica». Se debe señalar que una de las novedades

más significativas y de mayor importancia es la eliminación de la figura de la

incapacitación y la imposibilidad, salvo casos excepcionales, de modificar la

capacidad jurídica de las personas. Por el contrario, la idea central se basa en

regular las medidas de apoyo para quien las necesite, siendo muy diversa su

naturaleza: el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación

de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo

tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con

discapacidad.

Únicamente cuando sea imposible prestar el apoyo de otra forma, se podrá

concretar en la representación en la toma de decisiones. Además, y superando

antiguas concepciones legales, se pretende no solo atender los asuntos de

naturaleza patrimonial, sino también los aspectos personales, como pueden ser

los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de la vida ordinaria (domicilio,

salud, comunicaciones, etc.). Se debe señalar que no parece tan determinante el

cambio de terminología, relegando los términos de incapacidad e incapacitación,

sino manifestar que las personas con discapacidad deben tomar por sí mismas

sus decisiones. Además, como se pone de relieve, la mayoría de las limitaciones

vinculadas a la discapacidad no provienen de las personas afectadas por la misma,

sino por factores ajenos como pueden ser las barreras físicas, comunicacionales,

cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la

posibilidad de su ejercicio.

La nueva regulación otorga absoluta preferencia a las medidas preventivas;

aquellas que pueda tomar el interesado en previsión de una futura necesidad

de apoyo, las cuales han de prevalecer, una vez constatada dicha necesidad.

Dentro de las medidas voluntarias adquieren especial importancia los poderes

y mandatos preventivos 1, así como la posibilidad de la autocuratela. Fuera de

ellas conviene destacar el reforzamiento de la figura de la guarda de hecho, que

se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una

situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la

salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad.

El resto de las medidas contempladas en la legislación actual existían

también en nuestro ordenamiento jurídico, pero han sido objeto de una

profunda renovación; nos referimos a la curatela y al defensor judicial. La

curatela se contempla como la principal medida de apoyo de origen judicial

para las personas con discapacidad, por lo que es objeto de una regulación

más detallada. La finalidad de esta institución es el cuidado, asistencia, apoyo

y ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona discapacitada. En

1 Sobre esta cuestión, véase, García Rubio, M.P (2018), «Las medidas de apoyo de carácter

voluntario, preventivo o anticipatorio», Revista de Derecho Civil, nº. 3, pp. 29-60.