Capítulo IV. Estableciendo un sistema judicial para los crímenes internacionales

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CAPÍTULO IV. ESTABLECIENDO UN SISTEMA JUDICIAL PARA LOS

CRÍMENES INTERNACIONALES.

1. El establecimiento de la justicia para los crímenes internacionales

Aun a riesgo de resultar reiterativos, recordemos que, así como en el ámbito

doméstico o nacional junto a la ley transgredida ha existido desde el principio una forma

concreta de que el culpable respondiera por ello, no ha ocurrido así en el ámbito

internacional, por más antigua que sea la idea en el tiempo. Por el contrario, el

establecimiento de la justicia internacional es reciente. Intentos no faltaron, pero la

voluntad de los Estados no pasaba por el establecimiento de tribunales internacionales

para determinar la responsabilidad de los que resultaren culpables.

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El conjunto de leyes y costumbres a observar en la guerra necesitaba de un

complemento fundamental, la de los tribunales que juzgasen y condenasen a los culpables

de los crímenes de guerra. En este sentido, remontándonos a la historia, retomando a

Bassiouni (1982, pág. 16), parece ser que el primer procesamiento por desencadenamiento

de una guerra injusta tuvo lugar en el siglo XIII (Nápoles, en 1268, con Conradin Von

Hohenstafen) y la primera actuación concreta por crímenes de guerra en 1474 (Peter Von

Hagenbach, en Breisach, Alemania). El autor también menciona que, en 1689, Jaime II de

Inglaterra, en el exilio, destituyó al Conde Rosen de todos sus cargos militares no por el

fracaso de su misión, sino porque el asedio de Londonderry había sido atroz e incluyó el

asesinato de civiles inocentes (Bassiouni, 1982, pág. 17).

Entre los ejemplos más destacados de la Historia se encuentran los de la revolución

americana, como el proceso contra el capitán Nathan Hale, por un tribunal militar

británico y el del mayor John Andre por una comisión de oficiales designada por Georges

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Señala Odio Benito que “La necesidad de una jurisdicción penal internacional para juzgar a los Estados

y a los indivi duos responsables de crímenes de carácte r internacional (el terrorismo, por ejemplo), motivó

las gestiones hechas en 1937 por la entonces existente Sociedad de Naciones de preparar una Convención

en tal se ntido. Las circunstancias políti cas ya imperantes obligaron a abandonar de nuevo la idea, la cual

reaparecerá recién al finalizar la Segunda Guerra Mundial, impulsada por el horror colectivo del Holocausto

y las demás atrocidades cometidas durante ese conflicto mundial.” (Odio Benito , 1996, pág. 135).

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Washington. Además, después de la guerra civil americana el mayor Henry Wirz fue

juzgado por su intervención en la matanza de varios miles de prisioneros de La Unión en

la prisión de Andersonville. Los Estados Unidos también constituyeron tribunales de

crímenes de guerra tras la guerra hispano-americana y la ocupación de Filipinas

(Bassiouni, 1982, pág. 17).

El siglo XX es un siglo marcado por los dos grandes conflictos mundiales. Hasta

entonces no se habían producido en la historia de la humanidad conflagraciones de

semejante magnitud, a lo que sin duda contribuyó el avance de la técnica de las artes de

guerra y de las comunicaciones.

Más de seis millones de judíos y tres más de personas de otras etnias (gitanos,

judíos…) fueron cruelmente exterminados durante el régimen nazi y la segunda gran

guerra. Los horrores cometidos son de sobras conocidos: nunca en la historia de la

humanidad el ser humano había sido tratado de forma tan violentamente contraria a su

dignidad como persona.

Ciertamente, durante la primera gran guerra, se había ya perpetrado el que puede

ser considerado como el primer genocidio en la historia de la humanidad, pero tras su fin,

no hubo juicio alguno contra los autores de tales matanzas, sino que, por el contrario, se

beneficiaron de las disposiciones de Tratado de Lausana por el que se les venía a conceder

amnistía. Este primer conflicto dejó sin castigo las barbaries cometidas.

Al final de la contienda, el hecho de que el Tratado de Versalles impusiera sanciones

fuertes contra Alemania, que no se materializaron en verdadera justicia, llevó a las

potencias aliadas a la decisión de enjuiciar y castigar a los culpables de los crímenes

cometidos por la Alemania nazi durante la segunda gran guerra. El problema estribaba en

que había que llenar el vacío legal para proceder a establecer las reglas necesarias para los

debidos procesos, cuestión esta invocada por la defensa de los acusados nazis durante los

procesos de Núremberg. Este vacío quedó cubierto con la aprobación de un acuerdo y de

la Carta de Londres sobre el Tribunal Militar Internacional de fecha 8 de agosto de 1945 en

relación con el Enjuiciamiento de Criminales de Guerra. El 6 de octubre de 1945 se

aprobaba por los gobiernos de Francia, Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos,

el Estatuto por el que se creaba el Tribunal Militar Internacional de Núremberg para

juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los

países del Eje Europeo, cometieron los siguientes crímenes: contra la paz, de guerra, y

crímenes contra la humanidad (artículo 6).

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El artículo 1 del Estatuto consagra los principios de justicia e inmediación. Su

composición fue la de cuatro miembros con un sustituto cada uno, pero el artículo 3

establecía que ni el Tribunal ni sus miembros ni sus sustitutos podrán ser recusados por

la acusación, por los acusados o por sus Letrados. Otros preceptos que merecen destacarse

son el artículo 13: «el Tribunal redactará las normas de procedimiento» o el artículo 22: «la

sede permanente del Tribunal estará en Berlín. Las primeras reuniones de los miembros

del Tribunal y de los Fiscales Jefe se celebrarán en Berlín, en un lugar a designar por el

Consejo de Control para Alemania. El primer juicio se celebrará en Núremberg, y los

juicios que puedan tener lugar posteriormente se celebrarán en los lugares que decida el

Tribunal». La pena de muerte se establecía en el artículo 27. Este Tribunal junto con el de

Tokio son los precedentes de los tribunales penales internacionales. Desde luego fue

objeto de duras críticas, en especial los argumentos principales presentados en favor de la

exoneración fueron, según la exposición de Bassiouni, que:

1. La creación del tribunal y su composición por Decreto de los Aliados, en la medida de

que no se conformaba al Derecho internacional preexistente, era inválida.

2. Las acusaciones presentadas infringían el principio de legalidad del Derecho penal, pues

los delitos habían sido incriminados ex post facto.

3. Las penas impuestas infringían el principio de legalidad nulla poena sine lege (Bassiouni,

1982, pág. 21).

Pero, pese a las críticas que por algún otro sector recibió el Tribunal de Nuremberg

(justicia de los vencedores, redacción del estatuto por los fiscales que redactaron la

acusación pasando incluso dos de ellos a la condición de juez, etc.) los tribunales

modernos creados ad hoc para el enjuiciamiento de delitos cometidos en otras partes del

mundo, no hicieron sino desempolvar el precedente Núremberg, cuando el genocidio

vuelve a Europa con los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia en 1993 y Ruanda.

La Guerra Fría supuso un impase a la idea de crear para en adelante un tribunal

permanente por la grave división de Europa y el enfrentamiento USA-URSS. Es aquí

donde encontramos otro tipo de justicia política, moral según algunos, pero lo que es más

relevante sin establecimiento de un verdadero castigo más allá de la afirmación de la

comisión de unos crímenes internacionales.