Capítulo 3. Digitalización y automatización de la administración de justicia penal: donde estamos y hacia donde vamos. El caso chileno

• Pages: 51-79
• Author: María de los Ángeles González Coulon,Darenka Alena Yurac Latif

Capítulo 3.

Digitalización y automatización de la

administración de justicia penal: donde

estamos y hacia donde vamos. El caso

chileno

María de los Ángeles González Coulon

Profesora asociada Departamento Derecho Procesal, Facultad de Derecho,

Universidad de Chile.

Darenka Alena Yurac Latif

Abogada, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

SUMARIO: 1 . Introducción. 2. Estructura del proceso penal chileno. 3. Digitalización

y automatización de la justicia penal: ¿dónde estamos? 3.1. Antesala a la

digitalización (1980-1999). 3.2. Inicios de digitalización: (2000-2009).

3.3. La era de la justicia digital (2010-2019). 3.4. Virtualidad post pande-

mia (2020-2024). 4. Digitalización y automatización de la justicia penal:

¿hacia dónde vamos? 4.1. Inteligencia artificial. 4.1.1. IA: Predictive poli-

cing o fase investigativa. 4.1.2. IA: Predictive justice o fase decisoria. 4.2.

Big data y protección de datos. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

A veces pareciera que la tecnología avanza más rápido de lo que podemos

procesar y que la misma nos impone desafíos que no estamos seguros de po-

52 María de los Ángeles González Coulon y Darenka Alena Yurac Latif

der sortear. Si bien esto sucede en nuestra vida diaria, en situaciones simples

y otras complejas, también ocurre dentro del Poder Judicial, tanto en materias

administrativas como de fondo en la tramitación de los procesos judiciales (Co-

loma Correa et al., 2021)

Lo reseñado puede ser considerado una buena noticia, porque la tecnología

simplifica los procesos, los hace más rápidos, nos aligera la carga de trabajo e

incluso nos puede plantear discusiones que ni siquiera habíamos pensado. Sin

embargo, también existe otra cara de la moneda en la utilización de tecnología,

ya que esta puede, en todos los procesos, pero particularmente en materia pe-

nal, (a) infringir los derechos fundamentales de las personas o transgredir cier-

tas garantías procesales (Sánchez Vásquez & Toro-Vasquez, 2021); (b) poner

en entredicho la labor jurisdiccional, naciendo la interrogante de hasta cuándo

esta pueden ser considerada una herramienta auxiliary cuando se transforman

en un sustituto del tribunal (Vivar Vera, 2021); y (c) favorecer el surgimiento de

nuevos delitos asociados a tecnologías, los cuales implican que el proceso penal

deba adaptarse o reformularse, y así «(…) evolucionar adoptando nuevas for-

mas de investigación, nuevas fuentes de prueba, nuevos mecanismos que agili-

cen las fases del procedimiento, etc.» (Montesinos García, 2009, p. 21).

Chile comenzó tímidamente con el uso de las tecnologías en el siglo pasa-

do. Los anales del Poder Judicial («PJUD») sitúan el primer hito en el año 1980

con la llegada del primer computador (Corporación Administrativa del Poder

Judicial [CAPJ], 2019), sin embargo, fue la reforma procesal penal, eje de este

trabajo, la que se identifica como uno de los cambios más importantes en la ma-

teria. Con posterioridad, en materias generales, hay dos grandes momentos que

se deben considerar, por un lado, la dictación de Ley Nº20.886 que «Modifica el

Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los pro-

cesos judiciales», más conocida como la Ley de Tramitación Electrónica («LTE»)

y, por el otro, las innovaciones desarrolladas durante y después de la pandemia

del COVID-19.

De todos modos, ya sea en casos asociados a reformas legales o en otros

que se desarrollan por cuerda separada, el proceso penal chileno tiene desafíos

importantes que atender, ya que este no solo presenta innovaciones referidas a

la digitalización del proceso, sino que estas se extienden un paso más allá, en-

contrando desafíos de automatización (Nieva Fenoll, 2018).

Por un lado, encontramos cuestiones dirigidas netamente a tecnologizar

los procedimientos penales, como, por ejemplo, la introducción del expediente

electrónico que, mirando la reciente crisis sanitaria, presentó múltiples venta-

jas al permitir la tutela de los derechos de las personas incluso desde la como-

didad del hogar. Luego, un paso más allá, también encontramos la utilización

de tecnologías para la realización de audiencias virtuales, con lo cual se activa-

ron las alarmas, especialmente si se trataba de audiencias relativas a pruebas

personales, cuestionándose una posible infracción a los principios rectores del