Capítulo 2. La imputación y la acusación como fase intermedia del procedimiento penal colombiano

• Pages: 77-144
• Author: Camilo Alberto Quintero Jiménez

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CAPÍTULO 2

LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN COMO FASE

INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL

COLOMBIANO

En este capítulo la atención se centrará en la fase intermedia del pro-

cedimiento penal ordinario colombiano. En el primer apartado se da una

panorámica del contexto de la reforma al procedimiento penal colombiano y

se identifican las etapas procesales que se entienden como fase intermedia; el

segundo se dedica a la descripción detallada de la forma en que se configuran

las fases procesales correspondientes; y el tercero se enfoca en una reflexión

crítica relativa a sus aspectos más problemáticos.

1. PRECISIONES PRELIMINARES RELATIVAS AL PROCESO PENAL

COLOMBIANO

1.1. Apuntes sobre la reforma al sistema procesal penal

El procedimiento penal colombiano ha estado históricamente influencia-

do por las concepciones generales sobre el proceso de la tradición europeo-

continental. Así, durante casi todo el siglo xx, en los códigos colombianos

era posible ubicar características que correspondían con aquellas de los sis-

temas mixtos continentales, como la acumulación de amplias facultades en

el órgano investigador, la separación de la etapa de instrucción y la de juzga-

miento, y el predominio del carácter escrito de las diligencias 1.

1 Refiriéndose a los códigos posteriores a la Constitución de 1991 (Decreto ley 2700/1991 y

Ley 600/2000), forero ramírez, «Sistema penal acusatorio en Colombia», pp. 71-72. Haciendo

referencia a que en Colombia, desde el Código regulado por la Ley 94/1938 se establece una clara

distinción entre investigación y juzgamiento, USAID, Assesment of USAID/Colombia’s justice reform

and modernization program, p. 7.

CAMILO ALBERTO QUINTERO JIMÉNEZ FASE INTERMEDIA Y CONTROL...

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Sin embargo, con la expedición de la Ley 906/2004 2, el procedimiento

penal colombiano fue objeto de una reforma en la que se cambió radical-

mente la estructura del proceso, se introdujeron instituciones procesales

previamente desconocidas, se modificó el rol de los distintos participantes,

y se realizaron reformas importantes en instituciones claves para el sistema

procesal 3.

Para hacer viable el mencionado cambio se realizó una reforma constitu-

cional que incluyó en el texto de la norma superior los elementos básicos que

serían la base del nuevo diseño procesal 4, a partir de ahí se creó una comi-

sión redactora encargada de elaborar una propuesta de código 5, y finalmente

la misma fue discutida y aprobada por el Congreso de la República.

Es evidente la significativa influencia en la reforma de la concepción del

proceso penal propia del sistema de Estados Unidos. La introducción de ele-

mentos como la tramitación oral de la mayor parte de las diligencias proce-

sales y de ideas como igualdad de armas, oportunidad y justicia penal nego-

ciada, a modo de ejes centrales del nuevo proceso, muestra que se pretenden

acoplar al sistema colombiano ideas tradicionalmente usadas en el contexto

de aquel país 6.

Así mismo, es posible documentar la existencia de influencia direc-

ta del Gobierno de Estados Unidos en la modificación del procedimiento

2 En Colombia existen varios sistemas procesales en materia penal: la jurisdicción penal or-

dinaria, la justicia penal militar, la jurisdicción especial indígena y los juicios contra altos fun-

cionarios estatales. Por su parte, dentro de la jurisdicción ordinaria existen dos procedimientos,

el ordinario, regulado por la Ley 906/2004, y el abreviado, introducido recientemente a través de

la Ley 1826/2017. Por razones de necesaria delimitación del objeto del trabajo aquí se ha elegido

estudiar específicamente la fase intermedia del procedimiento ordinario.

3 reyes, Revista de Ingeniería - Facultad de ingeniería universidad de los andes, pp. 1-10.

4 Dicha reforma se dio a través del Acto Legislativo 3/2002 en el que se modificaron los

arts. 116, 250 y 251 CN.

5 La mencionada comisión redactora se integró por el fiscal general de la Nación, el ministro

del Interior y de Justicia, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación, el defensor del

Pueblo, tres representantes a la Cámara y tres senadores de las comisiones primera y tercera, y tres

miembros de la academia, designados por el Gobierno y el fiscal general. La secretaría técnica la

realizó la Corporación Excelencia para la Justicia. USAID, Balance diez años de funcionamiento del

Sistema Penal Acusatorio en Colombia (2004-2014), p. 15.

6 En un interesante esfuerzo por caracterizar los elementos comunes de las reformas a los

procedimientos penales que se han dado en las últimas décadas del siglo xx en Latinoamérica,

LanGer plantea que la mayor influencia para este movimiento ha sido la de una red de expertos

latinoamericanos que impulsaron el proceso de reformas, teniendo como referente el Código Pro-

cesal Penal Modelo para Iberoamérica; quedando en su relato, en un segundo plano, la influencia

de agencias de cooperación como USAID. LanGer, The american journal of comparative law, 2007,

pp. 617-676. Si bien esta perspectiva parece muy potente en términos generales, aquí se considera

que para caracterizar el proceso de la reforma en Colombia es imprecisa, pues al no dar relevan-

cia suficiente a circunstancias concretas, como el momento temporal en que se da la reforma

en Colombia y la especial influencia de Estados Unidos en el mencionado país, sobrevalora la

influencia de la red de expertos y, por tanto, del código modelo, e infravalora correlativamente

la influencia de las agencias de Estados Unidos. Por ello, en este texto se parte de considerar que la

influencia principal de la reforma en Colombia viene de la participación de las agencias norteame-

ricanas y, por tanto, solo es accesoria en este caso la influencia del Código Procesal Penal Modelo

para Iberoamérica.

LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN COMO FASE INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO...

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en Colombia 7. Vale recordar que los gobiernos de los respectivos países

suscribieron, en el año 1999, un acuerdo de cooperación que se conoció

popularmente como «Plan Colombia». Este tenía como objetivo central la

cooperación militar para atacar a la cadena productiva del narcotráfico y a

los grupos armados al margen de la ley, pero también incluyó, entre otras

cosas, un acuerdo para apoyar a la administración de justicia a través de

la implementación de un «sistema penal oral acusatorio» 8. Esto implicó

inversión directa del gobierno norteamericano para el proceso de reforma 9

y además cooperación en distintos temas relacionados con su implemen-

tación 10.

En virtud de lo anterior, el actual procedimiento penal colombiano se

constituye a partir de una combinación interesante: es un sistema clara-

mente influenciado por algunas ideas del proceso penal de Estados Unidos

7 En lo relativo a las razones que motivan el interés de Estados Unidos en la reforma del

proceso penal colombiano, de acuerdo con López, en el informe Andes 2020: A New Strategy for the

Challenges of Colombia and the Region (2003) el Council on Foreign Relations se plantea que uno

de los problemas más graves de la región andina en su conjunto es: «“La falta de aplicación efec-

tiva de la ley y del poder acusatorio” con lo que se posibilita el negocio de la droga y los mercados

negros que se financian a partir del mismo. Esta realidad es vista como una amenaza para la segu-

ridad interna de Estados Unidos y requiere, por tanto, de políticas de fortalecimiento del accionar

del Estado colombiano, con especial énfasis en su capacidad de lidiar internamente con las orga-

nizaciones criminales». López medina, El proceso penal entre la eficiencia y la justicia, pp. 32-33.

8 Plan Colombia «Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado» (http://www.

cuestiones.ws/revista/n7/feb02-col-plan.htm).

9 De acuerdo con datos del DNP, la inversión de Estados Unidos en el componente de fortale-

cimiento institucional del Plan Colombia, dentro del que se encuentra el objetivo de implementa-

ción de la reforma al proceso penal, fue de 465 millones de dólares entre el año 1999 y el año 2005.

DNP, Balance Plan Colombia 1999-2005, p. 11. Así mismo la inversión de Estados Unidos, entre los

años 2000 y 2008, en la «promoción del Estado de Derecho - reforma judicial y construcción de

capacidades» en Colombia, se estima en 238,7 millones de dólares. GAO, Plan Colombia..., p. 47.

Por su parte el DOJ acredita que desde el inicio del Plan Colombia ha asignado más de 140 millones

de dólares para asistencia a fiscales, investigadores, expertos forenses, personal de protección y

jueces. DOJ, Programa de reforma del sector de la justicia.

10 DNP, Balance Plan Colombia 1999-2005, p. 35. Se ha podido observar que la cooperación de

EE.UU a la reforma del procedimiento penal colombiano se canaliza, básicamente, a través de dos

vías institucionales: USAID y el DOJ. En lo relativo a USAID, esta entidad reconoce en documentos

oficiales su apoyo en el proceso de reforma e implementación del sistema procesal, mencionando

al Plan Colombia como un factor que incrementó la asistencia en estos temas. El énfasis de la coo-

peración de USAID ha estado en la capacitación de los operadores del sistema y de estudiantes de

Derecho, y su principal logro ha sido la creación y desarrollo de la oficina de la Defensoría Pública.

USAID, Assesment of USAID/Colombia’s justice reform and modernization program, pp. 6-12. Por

su parte el DOJ centra su cooperación en el apoyo a la Fiscalía y el personal técnico investigativo

para mejorar la investigación y el juzgamiento de crímenes, DOJ, Programa de reforma del sector de

la justicia. Esto es coherente con lo postulado por LanGer respecto a las diferencias en los estilos

de cooperación entre USAID y el DOJ en la implementación de los sistemas procesales penales en

Latinoamérica: mientras que USAID tiene un enfoque desarrollista, centrado en la estabilización

institucional de los países, y que tiene en cuenta la importancia de las diferencias en la cultura

jurídica a la hora de impulsar las reformas; el DOJ dirige su cooperación directamente a la elimi-

nación o reducción de las actividades criminales que afectan a Estados Unidos. Incluso LanGer, a

partir de una investigación en que entrevistó a personas que participaron en el proceso de reforma,

acredita que en Colombia el DOJ ayudó en el diseño del Código, y que funcionarios del OPDAT

introdujeron varios cambios en la regulación de la investigación previa y expresaron su aprobación

a la regulación del descubrimiento probatorio que diseñaron Jaime Granados y su equipo. LanGer,

The american journal of comparative law, 2007, pp. 658-659 y 664.