Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de Mayo de 2007. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Serie C No. 164

Fecha de Resolución:11 de Mayo de 2007
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Bueno Alves Vs. Argentina
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Argentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Bueno Alves Vs. Argentina

Sentencia de 11 de mayo de 2007

(Fondo, R. y Costas)

En el caso B.A.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 31 de marzo de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”), la cual se originó en la denuncia número 11.425, remitida a la Secretaría de la Comisión el 24 de agosto de 1994 por el señor J.F.B.A.. El 21 de septiembre de 1999 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 101/99 y posteriormente, el 7 de marzo de 2005, aprobó el Informe de fondo No. 26/05 (en adelante “el Informe No. 26/05”) en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones para el Estado. La Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte[2], dado que el Estado, aún cuando había aceptado las conclusiones del Informe No. 26/05, “no [dio] cumplimiento a las recomendaciones formuladas”.

  2. La Comisión relató en su demanda que a principios de 1988 el señor Bueno A., uruguayo residente en Argentina, de 43 años de edad y artesano marmolero de profesión, inició una transacción de compraventa inmobiliaria con la señora N.L., operación que finalmente se frustró. A raíz de ello, en febrero de 1988 el señor Bueno A. denunció a la señora L. por estafa y amenazas por el mencionado intento de transacción, lo que dio inicio a la causa No. 24.519. A su vez, el 10 de marzo de 1988, la señora N.L. denunció por estafa y extorsión al señor Bueno A. y a otros, con base en la misma transacción, con lo cual se abrió el proceso penal No. 25.314. Posteriormente, la causa No. 25.314 fue acumulada a la causa No. 24.519[3].

  3. El 20 de marzo de 1988 las partes acordaron rescindir la transacción. Sin embargo, el 5 de abril de 1988, cuando se estaba llevando a cabo una reunión con tal fin, el señor Bueno A. y su abogado, el señor C.A.P.G., fueron detenidos y la oficina profesional de éste fue allanada. Todas estas acciones fueron realizadas por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina, bajo mandato del juzgado a cargo del proceso penal No. 24.519.

  4. Según la Comisión, el señor B.A. fue objeto de torturas consistentes en, inter alia, golpes con la mano ahuecada en los oídos, mientras se encontraba en sede policial la madrugada del 6 de abril de 1988, a fin de que declarase contra sí mismo y su abogado, lo cual fue puesto en conocimiento del juez de la causa. A consecuencia de estos golpes el señor Bueno A. supuestamente sufrió un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio.

  5. La Comisión sostuvo que, con base en la denuncia de torturas realizada el 8 de abril de 1988, se inició el procedimiento judicial No. 24.079, que culminó sin que se hubiese identificado y sancionado a los responsables de las torturas. La Comisión alegó denegación de justicia en cuanto a la protección y a las garantías judiciales requeridas para la investigación y sanción de responsables.

  6. La Comisión requirió a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la misma, en perjuicio del señor Bueno A.. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación a favor de la presunta víctima y sus familiares.

  7. El 20 de julio de 2006 la apoderada de la presunta víctima, señora H.T.A.F. (en adelante “la representante”), presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento. Con base en los fundamentos de hecho mencionados en la demanda, la representante solicitó que la Corte declarara que, además de las violaciones alegadas por la Comisión, el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (libertad personal), 11 (protección de la honra y la dignidad) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana, y los artículos I, V, VI, XVII, XVIII, XXV, XXVI y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la “Declaración Americana”). En virtud de ello, solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

  8. El 26 de septiembre de 2006 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”)[4]. En dicho escrito el Estado reiteró, como ya lo había hecho ante la Comisión, “[su] aceptación expresa [a] las conclusiones del Informe No. 26/05”, como así también “las consecuencias jurídicas que de ello se derivan”. Sin embargo, refutó las alegaciones presentadas por la representante en relación con la supuesta violación de los derechos contenidos en los artículos 7, 11 y 24 de la Convención y los artículos I, V, VI, XVII, XVIII, XXV, XXVI y XXVIII de la Declaración Americana, y sus pretensiones sobre reparaciones. A su vez, el Estado informó que el 18 de febrero de 2006 había reiterado ante la Comisión su voluntad de cumplir las recomendaciones del Informe No. 26/05 y le solicitó que de no llegarse a un acuerdo sobre reparaciones con la representante, “el Gobierno y la Comisión, en presentación conjunta, solicit[aran] a la […] Corte Interamericana […] que, en su carácter de único órgano jurisdiccional del sistema, determine las reparaciones a que en derecho hubiera lugar”. No obstante, el Estado señaló no haber recibido respuesta formal a dicha solicitud hasta la fecha de la notificación de la demanda.

    II

    Competencia

  9. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Argentina es Estado Parte en la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.

    III

    Procedimiento ante la Corte

  10. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a la representante el 26 de mayo de 2006. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 7 y 8), el Presidente de la Corte[5] (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir las siguientes declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit): a) ampliación del testimonio del señor R.H.S.; b) testimonio de la presunta víctima, y c) peritaje contable del señor J.E.C.. Asimismo, ordenó la realización de pericias médicas y psicológicas llevadas a cabo por equipos de especialistas médicos, psiquiatras o psicólogos designados a partir de ternas propuestas por la representante y el Estado. Además, en consideración a las circunstancias particulares del caso, convocó a la Comisión Interamericana, a la representante y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración del señor J.A.C., perito propuesto por la representante, así como los alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

  11. El 22 de enero de 2007 la representante solicitó “se [tenga] por satisfecha […] la […] testimonial de[l señor Bueno A.]”, toda vez que las “cuestiones” sobre las que iba a declarar “ya fueron abordadas por los peritos” que realizaron las experticias médica y psiquiátrica (supra párr. 10)[6]. El testimonio del señor Bueno A. no fue allegado al Tribunal.

  12. El 25 de enero de 2007 la representante solicitó al Tribunal que “autorice a que el [i]nforme pericial [del señor J.A.C. se produzca ante [f]edatario [p]úblico (affidávit)”, puesto que no fue posible “solventar los gastos para cumplir con [su] presencia […] en la [a]udiencia [p]ública”. Asimismo, pidió que se la excusara de estar presente en la audiencia pública[7].

  13. El 1 de febrero de 2007 el P. aceptó la excusa de la representante y señaló que luego de la audiencia pública podría acudir al “procedimiento en el estado en que [éste] se encuentre”, de conformidad con el artículo 27.2 del Reglamento de la Corte.

  14. La audiencia pública fue celebrada el 2 de febrero de 2007, durante el LXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte[8].

  15. El 16 de febrero de 2007 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. y con base en el artículo 45.2 del Reglamento, requirió a la representante y al Estado que presentaran determinada información y documentación en calidad de prueba para mejor resolver, la cual fue remitida dentro del plazo establecido.

  16. El 7 de marzo de 2007 el Estado envió su escrito de alegatos finales; la Comisión y la representante presentaron sus respectivos escritos el 9 de marzo de 2007.

    IV

    Medidas Provisionales

  17. El 22 de enero de 2007 la representante solicitó al Tribunal la adopción de medidas provisionales, ante la supuesta “situación de temor, ten[s]ión, angustia e incertidumbre [provocada por el] acoso [al] que [se] encontra[ban] sometidos por el Estado”[9].

  18. ...

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