Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2005. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 138

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Blanco Romero y otros Vs. Venezuela
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela

Sentencia de 28 de noviembre de 2005

En el caso B.R. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.; y

D.G.-Sayán, J..

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 9 de julio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), la cual se originó en las denuncias números 12.256, 12.258 y 12.307, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 3 de marzo y el 10 de julio de 2000, respectivamente.

  2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, así como el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los señores O.J.B.R., R.J.H.P. y J.F.R.F.. Asimismo, solicitó que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas.

  3. En su demanda, la Comisión alegó que durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 se produjeron fuertes lluvias en el Estado Vargas, Venezuela, las cuales ocasionaron deslizamientos de tierra y piedras en las estribaciones del cerro Á.. En el cumplimiento de las medidas ordenadas para restablecer el orden público, supuestamente se presentaron algunas situaciones de violación a los derechos humanos, las cuales fueron perpetradas por determinados miembros del Ejército nacional y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (en adelante “DISIP”). En este contexto se produjeron las detenciones de los señores O.J.B.R., R.J.H.P. y J.F.R.F., quienes posteriormente fueron desaparecidos.

  4. Específicamente, la Comisión alegó que el 21 de diciembre de 1999 agentes del Ejército irrumpieron en la casa del señor O.J.B.R., lo detuvieron y lo golpearon, y hasta la fecha sus familiares no han obtenido información sobre su paradero. Asimismo, el 23 de diciembre de 1999 el señor R.J.H.P. se encontraba en casa de su tío cuando presuntos funcionarios de la DISIP ingresaron a ésta sin orden escrita de allanamiento y detuvieron al señor R.J.H.P., quien fue obligado a salir de la misma en forma violenta. El señor R.J.H.P. fue presuntamente herido con arma de fuego por los efectivos de la DISIP, quienes lo introdujeron a un vehículo y se lo llevaron hacia un lugar desconocido. Desde esta fecha no se conoce el paradero del señor R.J.H.P.. Por último, la Comisión alegó que el 21 de diciembre de 1999 el señor J.F.R.F. se encontraba en un albergue para las familias damnificadas por las inundaciones en el Estado Vargas cuando efectivos militares procedieron a detenerlo y golpearlo. Desde esta fecha tampoco se conoce el paradero del señor J.F.R.F..

  5. Al respecto, la Comisión sostuvo que “existen suficientes elementos de convicción […] para considerar que [las presuntas víctimas] perdieron la vida a manos de agentes del Estado venezolano, por cuanto han transcurrido más de cuatro años sin conocerse [su] paradero […] ni el lugar donde se encuentran los restos de las mismas”.

  6. Asimismo, la Comisión señaló que los presuntos aislamiento, incomunicación y clandestinidad a las que supuestamente fueron sometidas las presuntas víctimas “constituyen serios indicios de la aplicación de torturas por parte de las autoridades venezolanas”. Además, indicó que los familiares “pueden ser considerados como víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, debido a que las autoridades presuntamente “les ocultaron información sobre el paradero de sus seres queridos[,] los golpes y la excesiva violencia [supuestamente] utilizada por los agentes del Estado en perjuicio de los detenidos y en presencia de sus familiares”. También indicó que Venezuela es responsable por la presunta “inefectividad del hábeas corpus para determinar el paradero de las [presuntas] víctimas y la [supuesta] errónea interpretación de las autoridades judiciales sobre el objeto y fin de esta acción de garantía”. La Comisión expresó que el Estado es responsable por “la obstrucción de justicia y falta de diligencia en la investigación de los hechos [presuntamente] perpetrada por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención[, así como] por la [supuesta] actuación irregular de la autoridad judicial encargada de instruir la causa contra los imputados por el Ministerio Público, todo lo cual [presuntamente] ha coadyuvado a que los casos bajo examen queden en la más absoluta impunidad”.

  7. Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

    II

    Competencia

  8. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  9. El 3 de marzo de 2000 el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (en adelante “COFAVIC”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 12.256, por la presunta desaparición forzada del señor O.J.B.R.. En la misma fecha el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (en adelante “PROVEA”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 12.258, por la supuesta desaparición forzada del señor R.J.H.P..

  10. El 10 de julio de 2000 la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (en adelante “la Vicaría Episcopal”) y CEJIL presentaron una petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 12.307, por la presunta desaparición forzada del señor J.F.R.F..

  11. El 10 de octubre de 2001, en el marco de su 113º período de sesiones, la Comisión aprobó los Informes de Admisibilidad números 90/01, 91/01 y 92/01, mediante los cuales declaró admisibles los casos números 12.256, 12.258 y 12.307, respectivamente. El 19 de octubre de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.

  12. Durante el curso de su 118º período ordinario de sesiones la Comisión, de conformidad con el artículo 29(d) de su Reglamento, decidió acumular los tres casos antes aludidos y referirse a ellos en un mismo informe sobre el fondo.

  13. El 29 de diciembre de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe No. 112/03, mediante el cual concluyó que:

    el Estado de Venezuela es responsable de la violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos); 4(1) (Derecho a la Vida); Artículo 5(1) y (2) (Derecho a la Integridad Personal); Artículo 7 (Derecho a la libertad Individual); Artículo 8(1) (Derecho a las Garantías Judiciales); y Artículo 25 (Derecho a una Debida Protección Judicial), por los hechos ocurridos en el Estado Vargas, entre el 21 y 23 de diciembre de 1999, fechas en que tuvieron principio de ejecución las detenciones y posteriores desapariciones forzadas de O.J.B.R., R.J.H.P. y J.F.R.F. a manos de agentes del Estado.

    [E]l Estado venezolano incurrió en la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) del citado instrumento en perjuicio de los familiares de [las presuntas] víctimas.

    El Estado de Venezuela violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana en relación [con] el artículo 1(1) del citado instrumento, en perjuicio de los familiares de [las presuntas víctimas].

    El Estado de Venezuela, al ser responsable de las [presuntas] desapariciones forzadas de O.J.B.R., R.J.H.P. y J.F.R.F. incurrió en la violación del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada […]

    El Estado de Venezuela […] incurri[ó] en la violación de los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

    Al respecto, la Comisión recomendó al Estado:

  14. […] identificar, procesar y sancionar penalmente a los...

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