Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Enero de 1998. Caso Blake Vs. Guatemala. Serie C No. 36

Fecha de Resolución:24 de Enero de 1998
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Blake Vs. Guatemala
Acto:Fondo
Solicitante:Haití
 
EXTRACTO GRATUITO

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Blake Vs. Guatemala

Sentencia de 24 de enero de 1998

(Fondo)

En el caso B.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

H.S.P., Presidente

Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente

Héctor Fix-Zamudio, Juez

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Máximo Pacheco Gómez, Juez

Oliver Jackman, Juez

Alirio Abreu Burelli, J. y

A.N.A., J. ad hoc;

presentes además,

M.E.V.R., S. y

V.M.R.R., S. adjunto interino

de acuerdo con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

  1. El 3 de agosto de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante esta Corte un caso contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) que se originó en la denuncia número 11.219, recibida en la Secretaría de la Comisión el 18 de noviembre de 1993. La Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 26 y siguientes del Reglamento de la Corte entonces vigente[1]. La Comisión sometió este caso para que la Corte decidiera si hubo violación de los siguientes artículos de la Convención: 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en concordancia con el artículo 1.1 de la misma Convención por el supuesto secuestro y asesinato del señor N.C.B. (en adelante “N.B.”) por agentes del Estado guatemalteco el 28 de marzo de 1985 y la desaparición que se prolongó durante un período mayor de siete años, hasta el 14 de junio de 1992. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado violó el artículo 51.2 de la Convención por haberse negado a “dar cumplimiento a las recomendaciones que le formuló la Comisión”. Además, pidió que declarara que Guatemala

    debe reparar plenamente a los familiares de N.C.B. por el grave daño material -y moral- sufrido como consecuencia de las múltiples violaciones de derechos protegidos en la Convención, y de los cuantiosos gastos en que incurrieron los familiares con el objeto de establecer el paradero de la víctima así como la identificación de los responsables de su desaparición y posterior encubrimiento.

    Por último, solicitó que la Corte condenara al Estado a pagar las costas “de este proceso, incluyendo los honorarios de los profesionales que han actuado como representantes de la víctima, tanto en las gestiones realizadas ante las autoridades del Estado como en la tramitación del caso ante la Comisión y ante la Honorable Corte”.

    II

    COMPETENCIA DE LA CORTE

  2. Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.

  3. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos establecidos en su sentencia de excepciones preliminares de 2 de julio de 1996, en la cual decidió que en este caso sólo tiene competencia para pronunciarse sobre “los efectos y los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha en que Guatemala reconoció la competencia de la Corte” (punto resolutivo No. 2). De todos modos, en sus consideraciones previas sobre el fondo, la Corte retomará la cuestión de su competencia ratione temporis en el presente caso (infra párr. 53).

    III

    PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

  4. La Comisión recibió la denuncia presentada por el International Human Rights Law Group contra Guatemala el 18 de noviembre de 1993. El 6 de diciembre del mismo año, la transmitió al Estado, al cual solicitó la presentación de la información correspondiente dentro de un plazo de 90 días. El 7 de marzo de 1994, el Estado solicitó a la Comisión una extensión del plazo a efecto de reunir la información, el cual le fue concedido por 30 días.

  5. El 14 de abril de 1994 el Estado remitió a la Comisión su respuesta sobre el caso, en la cual, según la Comisión, “no cuestionó ni negó los hechos denunciados”, limitándose a señalar que el caso era objeto de una investigación. El 27 de julio de 1994 el peticionario solicitó a la Comisión que emitiera un pronunciamiento sobre el caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Convención Americana.

  6. La Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa, para lo cual las invitó a una audiencia pública el 16 de septiembre de 1994, en la sede de la Comisión. En esta audiencia, Guatemala opuso la excepción de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y solicitó a la Comisión que diera por terminada su intervención en el trámite de solución amistosa.

  7. En una nueva audiencia, celebrada a solicitud del peticionario el 14 de febrero de 1995, según la Comisión, Guatemala rechazó de nuevo la propuesta para una solución amistosa del caso, presentó una nueva versión sobre el trámite que se seguía en la jurisdicción interna e invocó de nuevo la excepción de no agotamiento de los recursos internos.

  8. El 15 de febrero de 1995 la Comisión aprobó el Informe No. 5/95, que en su parte dispositiva resolvió:

    RECOMENDAR

  9. Que el Estado de Guatemala acepte su responsabilidad objetiva por el asesinato del Sr. N.B., su desaparición y el encubrimiento de su asesinato; y efectúe las reparaciones correspondientes a sus derechohabientes;

  10. Que el Estado de Guatemala sobre la base de la prueba ya existente y la obtenible de acuerdo a su legislación, identifique, procese, detenga y castigue a los responsables de la muerte del Sr. N.B.;

  11. Que el Estado de Guatemala sobre la base de la prueba ya existente y la obtenible de acuerdo a su legislación identifique, procese, detenga y castigue a los responsables del encubrimiento y obstaculización del proceso judicial relativo a la desaparición y muerte del Sr. N.B.;

  12. Que el Estado de Guatemala tome las medidas de toda índole necesarias para evitar la repetición de estos tipos de violaciones, incluyendo los abusos por parte de los Patrulleros Civiles, el encubrimiento por parte de autoridades civiles y militares, y la falta de proceso judicial efectivo;

  13. Transmitir en forma confidencial este Informe redactado de acuerdo al Art. 50 al Gobierno el cual no está autorizado a publicarlo y,

  14. Si antes de los sesenta días de transmitido el presente Informe el Gobierno no ha llevado a cabo las recomendaciones anteriores, someter el presente caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo al Art. 51 de la Convención Americana.

  15. El 4 de mayo de 1995, la Comisión transmitió el Informe No. 5/95 a Guatemala, y le comunicó que en caso de que no se diera cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el mismo, sometería el caso a consideración de la Corte de conformidad con el artículo 51 de la Convención.

  16. El 5 de julio de 1995 Guatemala transmitió a la Comisión su respuesta, en la cual expresó que:

    [a] la fecha el proceso de mérito se encuentra en su fase de investigación; siendo las últimas actuaciones procesales la declaración de testigos en la presente causa, ante el Fiscal Distrital del Ministerio Público de Huehuetenango... [y c]omo se puede derivar de las declaraciones prestadas por las personas mencionadas, el progreso del proceso es evidente.

  17. El 3 de agosto de 1995, al no haber llegado a un acuerdo con Guatemala, la Comisión sometió este caso para la consideración y decisión de la Corte.

    IV

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

  18. La demanda presentada a la Corte el 3 de agosto de 1995 fue enviada al Estado por la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) junto con sus anexos el 21 de agosto del mismo año y fue recibida por éste el 22 de los mismos mes y año.

  19. La Comisión designó como sus delegados a C.G. y a J.D. y como abogados a E.M.R., D.J.P. y D.E.A.. Como sus asistentes acreditados en calidad de representantes de las víctimas nombró a J.M.D., M.G., J.M.H., F.G., D.R., A.G. y A.J.V.-Azpiri.

  20. El 1 de septiembre de 1995 Guatemala designó a D.A.M. en calidad de agente y a V.A.S. como agente alterno y el 22 del mismo mes nombró a A.N.A. como juez ad hoc.

  21. El 16 de septiembre de 1995 el Estado interpuso las siguientes excepciones preliminares: incompetencia de la Corte Interamericana para conocer de este caso en virtud de que el reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte se hizo exclusivamente para los casos acaecidos con posterioridad a la fecha en que dicha declaración fue depositada en la Secretaría de la Organización de Estados Americanos; incompetencia de la Corte para conocer de la demanda en referencia por razón de la materia y violación de la Convención Americana, por parte de la Comisión, en lo que se refiere a la norma de interpretación contenida en su artículo 29 inciso d).

  22. En su escrito de 16 de septiembre de 1995 el Estado señaló además que el proceso penal que se seguía en Guatemala para esclarecer los hechos de este caso “se inició el 26 de junio de 1985 en el Juzgado de Paz del Municipio de S.J.I., con motivo del Parte que le envió la Policía Nacional cuando se enteró que los Señores N.C.B. y G.D. se habían perdido o extraviado” y que el 10 de julio de ese año el expediente judicial fue remitido al Juzgado de Paz de Chiantla, que a su vez, lo remitió al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Instrucción del Departamento de Huehuetenango, donde se identificó con el número de causa 542-85. Además, señaló que “no aparece en el Informe 5/95 de la Comisión ni en la Demanda... que los familiares del S.B. hayan hecho algún tipo de gestión ante el Tribunal mencionado, ni siquiera que se hayan presentado a declarar dentro del Proceso que se sigue en el mismo”. Finalmente, informó que, por solicitud del Ministerio Público, el juez de la causa dictó el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA