Las políticas sociales del Estado del Bienestar en España: inmigración, discapacidad y exclusión social
| Author | Juana María Otazu Urra |
| Profession | Profesora Asociada de Ciencia Política y de la Administración. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado. Universidad de Alicante. |
| Pages | 109-127 |
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El término "exclusión social" se refiere al proceso por el cual determinadas personas y grupos quedan privados de la posibilidad de participar e integrarse plenamente en la sociedad, teniendo por ello menos oportunidades vitales. Estos grupos sociales aparecen excluidos de forma forzosa, por razones étnicas, por padecer discapacidad o por su situación de pobreza.
El Estado de bienestar tiende a intentar subsanar este tipo de situaciones personales a través de un conjunto de actuaciones públicas tendentes a garantizar a los ciudadanos el acceso a un conjunto de servicios considerados socialmente como mínimos.
La inquietud de muchos autoresque estudian este tema es que, frente a la exclusión social, hay que recuperar el esfuerzo por garantizar la integración social, laboral y cultural, para lo que es fundamental el marco de los derechos sociales. También se precisa una concepción activa de ciudadanía y el desarrollo de sistemas de solidaridad, que conjugan políticas integrales con acciones coordinadas, sobre todo a nivel local, incidiendo en un enfoque preventivo y participativo.
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La pobreza es una situación en la cual no se dispone de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, etc.). La población pobre acapara la inmensa mayoría de los males, carencias y problemas sociales, como el paro, el analfabetismo, las toxicomanías, la delincuencia y la marginalidad.
En la Unión Europea existe un consenso sobre la definición de pobres: son aquellas personas que viven con menos del 50% de la renta media disponible neta del Estado.
En el año 2004, según la Oficina de Estadística Europea (EUROSTAT) tan solo Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovaquia tienen una tasa de pobreza superior a la registrada en nuestro país.
La pobreza puede ser absoluta o relativa. En el enfoque absoluto, las necesidades se reducen a los consumos mínimos necesarios para garantizar la supervivencia. El problema es que es difícil establecer cual es este "mínimo vital". La perspectiva más extendida en la actualidad en la mayoría de los países es la pobreza relativa, que la sufrirían aquellas personas que no pueden disfrutar de los bienes y servicios que se consideran aceptables en una sociedad.
En España, las elevadas tasas de paro están más correlacionadas con altos niveles de pobreza relativa que con la forma global de la distribución de la renta. El papel redistributivo del Sector Público se ha ido desplazando del lado de los impuestos al lado del gasto. Los gastos sociales aumentan progresivamente cada año en los presupuestos generales.
El estudio descriptivo de la pobreza en España en el año 2004 del I.N.E., refleja las características de la población en situación de pobreza, a través de los resultados basados en la Encuesta de condiciones de vida. Según esta investigación, la situación de las personas consideradas pobres por sexos era un 46,7% hombres y un 53,3% mujeres, respecto a la edad el tramo más frecuente es el de 25 a 49 años con un 31,4%; aproximadamente la cuarta parte de los pobres tiene más de 65 años y un 18,8% tiene menos de 16 años.
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Los principales grupos de riesgo de exclusión social son las mujeres y los jóvenes, familias monoparentales, numerosas, los hogares con poca educación y los encabezados por parados.
Las personas que se encuentran en situación de pobreza, se puede estimar que perciben unos ingresos inferiores a los 400 euros mensuales.
En España, la situación de la pobreza por Comunidades Autónomas es muy desigual. Las que presentan la mayor concentración regional de pobreza son Extremadura, Andalucía y Canarias. En el extremo contrario, las comunidades que mantienen las tasas por debajo de la media nacional son Madrid, Navarra y Cataluña. La pobreza en general es más urbana que rural.
El Instituto Nacional de Estadísticaha realizado una encuesta a personas sin hogar en el año 2005, para estudiar sus características sociodemográficas. Estas personas residían en Centros de acogida de municipios de más de 20.000 habitantes.
La población atendida en Centros residenciales para personas sin hogar se estima en 21.900 personas. Por sexos, el 82,7% son varones frente al 17,3% de mujeres. Por edades, la mayor parte de la población 42,8% tiene entre 30 y 44 años, seguida del grupo de edad entre 18 a 29 años (29,9%) y los que tienen de 45 a 64 años (24,6%). Los mayores de 65 años son una minoría (2,8%). La edad media de las personas sin hogar es de 37,9 años.
Atendiendo a la nacionalidad, el 51,8% son españoles y el 48,2% extranjeros, lo que refleja la situación de precariedad de gran parte de los inmigrantes ilegales.
Entre los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos (43,6%), seguido por los europeos (37,5%) y americanos (14,0%).
El 46% de la población sin hogar tiene hijos, el 72,3% del total ha vivido en una familia.
El 45,6% se aloja al margen de la red asistencial existente, en pisos ocupados o en espacios públicos.
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Las personas sin hogar que desempeñan una ocupación son el 11,8%, se encuentran en paro el 75,7% y el 12,5% restante son inactivos.
El ingreso medio de las personas sin hogar es 301,59 euros al mes.
Las personas que perciben prestaciones públicas, como la renta mínima de inserción son el 3,8% y otro 5% percibe pensiones no contributivas.
Desde que se encuentran sin hogar, el 47,6% del total ha sido denunciado o detenido alguna vez, de ellos la mitad ha sido condenado por los tribunales. Por otra parte, el 41,9% de las personas han sido insultadas o amenazadas, el 40,3% han sido robadas y el 3,5% ha sufrido agresiones sexuales.
En España los sistemas que se utilizan para luchar contra la pobreza se sustentan en una combinación de prestaciones económicas y de servicios, presentan una descentralización territorial y tienen modelos diversos de gestión en bienestar social.
Entre las diferentes prestaciones económicas que existen para proteger a las personas que se encuentran en una situación precaria económicamente se encuentran: las prestaciones por desempleo ante la pérdida del puesto de trabajo, subsidio de desempleo, prestaciones por invalidez para aquellos trabajadores que han contraído alguna enfermedad, y pensiones de jubilación. Todo este conjunto de prestaciones que dispensa el Estado de Bienestar, queda completada con un último tipo de prestación, denominada renta "mínima", que constituye en la mayoría de los países el principal recurso para combatir la pobreza.
La prestación económica de renta mínima tiene un carácter subsidiario de la acción protectora de la Seguridad Social.
El concepto de renta mínima, es una prestación periódica de naturaleza económica, integrada por la suma de una prestación mensual básica y un complemento mensual variable, en función de los miembros que forman la unidad de convivencia. Los requisitos para que las personas en situación de necesidad económica puedan acceder a esta prestación son: residencia en la Comunidad Autónoma entre 3 y 5 años, la edad entre 25 y 65 años, salvo menores de 25 años o mayores de 65 años con hijos a su cargo o
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minusválidos. La duración de la prestación económica es de doce meses con posibilidad de renovación, y los beneficiarios se comprometen a realizar actividades de inserción social.
La determinación del importe mensual de la renta mínima de inserción aplicable a cada unidad de convivencia, será el resultado de añadir a la cuantía básica establecida para una persona, los complementos adicionales por cada miembro de más de la unidad de convivencia, se restarán de dicha cuantía los recursos mensuales de que dispongan. En la Comunidad de Madrid dichas cantidades serán fijadas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. En ningún...
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