Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Septiembre de 2001. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Serie C No. 81

Fecha de Resolución: 1 de Septiembre de 2001
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago
Acto:Excepciones Preliminares
Solicitante:Uruguay

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago

Sentencia de 1 de septiembre de 2001

(Excepciones Preliminares)

En el caso B. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

A.A.C.T., Presidente;

M.P.G., V.;

H.S.P., J.;

O.J., J.;

A.A.B., J.;

S.G.R., J., y

C.V. de R.R., J.;

presentes, además,

M.E.V.R., S., y

P.S.A., S. adjunto;

de acuerdo con el artículo 36 de su Reglamento[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado de T. y Tobago (en adelante “el Estado” o “T. y Tobago”).

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 5 de octubre de 2000. La demanda de la Comisión tiene su origen en las denuncias números 12.148 (P.B., 12.149 (Krishendath Seepersad), 12.151 (Allan Phillip), 12.152 (Narine Sooklal), 12.153 (A.M., 12.156 (M.P.) y 12.157 (F.M., recibidas en la Secretaría de ésta entre enero y mayo de 1999.

    II

    HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA

  2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda los hechos en que se fundamenta. En los siguientes párrafos, la Corte resume los hechos y las pretensiones de la demanda que son relevantes para la consideración de la excepción preliminar:

    El Estado de Trinidad y Tobago es responsable de la violación de los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) (infra 14):

    4.1, 5.1, 5.2, y 8.1, por sentenciar a P.B., K.S., A.P., N.S., A.M., M.P. y F.M. (en adelante “las supuestas víctimas”) a una “pena de muerte obligatoria”;

    4.6, por no proporcionarles a las siete supuestas víctimas un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena;

    7.5 y 8.1, en razón de la demora en el proceso penal de seis de las supuestas víctimas;

    25 y 2, por no adoptar las medidas legislativas y de otro carácter necesarias para hacer efectivo el derecho de seis de las supuestas víctimas a ser juzgados dentro de un plazo razonable, de acuerdo con los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención;

    5.1 y 5.2, en razón de las condiciones de detención de cinco de las supuestas víctimas;

    5.4, por no ser separado de los convictos, sin que mediaran circunstancias especiales, en el caso de una de las supuestas víctimas;

    5.6, que establece la reforma y readaptación social como objetivo esencial del castigo consistente en la privación de libertad, en perjuicio de una de las supuestas víctimas;

    8.1, por no otorgarle un mecanismo de reevaluación de su condena teniendo en cuenta posibles pruebas exculpatorias en el caso de una de las supuestas víctimas;

    8.2.d, en razón de la demora en permitirle que contactara un abogado después de su arresto en el caso de una de las supuestas víctimas;

    8 y 25, por no poner a su disposición una asistencia letrada efectiva para iniciar acciones constitucionales ante los tribunales internos en relación con el procedimiento penal de dos de las supuestas víctimas;

    todos en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

    La Comisión Interamericana fundamenta sus alegatos, inter alia, en los siguientes hechos:

  3. El 27 de octubre de 1997 el señor P.B. (Caso 12.148) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de K.D.;

    b. El 29 de mayo de 1998 el señor K.S. (Caso 12.149) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de S.G.;

    c. El 17 de noviembre de 1995 el señor A.P. (Caso 12.151) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de B.B.;

    d. El 24 de mayo de 1996 el señor N.S. (Caso 12.152) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de Mobina Ali;

    e. El 27 de octubre de 1997 el señor A.M. (Caso 12.153) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de Shaffina Mowlah;

    f. El 17 de febrero de 1995 el señor M.P. (Caso 12.156) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de A.G.;

    g. El 24 de mayo de 1996 el señor F.M. (Caso 12.157) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en la horca, por el homicidio de M.A.;

    h. En los siete casos anteriores, las supuestas víctimas fueron juzgadas por T. y T. por el delito de homicidio, condenadas y sentenciadas a muerte en la horca en virtud de la Ley de Delitos Contra la Persona. Una vez que el delincuente es encontrado culpable de homicidio, la sección 4 de la mencionada Ley “impone obligatoriamente la pena de muerte”, estableciendo que “toda persona condenada por homicidio sufrirá la muerte”;

    i. La Ley de Delitos Contra la Persona provee una definición de “homicidio”, permite que un jurado considere ciertas circunstancias del asesinato determinantes para establecer si el acusado debe ser encontrado culpable del delito de homicidio o de un delito menor, impone la pena de muerte en caso de que el acusado sea encontrado culpable de asesinato, pero no permite al juez o al jurado considerar las circunstancias personales del acusado o del delito;

    j. Los procedimientos de revisión judicial internos respecto de las condenas penales pueden adoptar dos formas: una apelación penal contra la condena o una acción de inconstitucionalidad al amparo de la sección 14 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución de Trinidad y T. protege contra la impugnación, en virtud de las secciones 4 y 5 de la misma, de toda reivindicación contra una ley o una acción adoptada al amparo de ley vigente en 1976, fecha de entrada en vigencia de la Constitución, que viole derechos fundamentales consagrados en las secciones 4 y 5 de la Constitución. Ello incluye todo argumento de que el acto ejecutivo de la materialización de una sentencia de muerte pronunciada por un tribunal al amparo de una ley vigente en 1976 abroga, restringe o infringe de alguna manera los derechos o libertades constitucionales de un condenado;

    k. Además, la sección 4 de la Constitución de T. y T. sólo garantiza el derecho a un juicio justo y no a un juicio rápido, dentro de un plazo razonable. Consecuentemente, una prolongada demora previa al juicio en una causa penal no puede de por sí plantear un problema en virtud de la Constitución de T. y T., sino que es simplemente un factor a tener en cuenta por el Juez de la Primera Instancia cuando evalúa la cuestión general de la justicia;

    l. La Constitución de T. y T. establece un Comité Consultivo de Indulto, que tiene a su cargo estudiar y hacer recomendaciones al Ministro de Seguridad Nacional sobre si un delincuente sentenciado a muerte debe beneficiarse de la discreción presidencial del indulto en virtud de la Constitución mencionada. La ley no establece criterio alguno para ejercer las funciones del Comité o la discreción presidencial, y el delincuente no tiene derecho legal alguno a formular exposiciones ante el Comité para presentar, recibir o impugnar las pruebas que el Comité considere pertinente tomar en cuenta. La facultad de indulto es un acto de clemencia que no es materia de derecho alguno y por tanto, de revisión judicial.

    III

    PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

  4. Entre enero y mayo de 1999 la Comisión recibió siete peticiones de varias firmas británicas de abogados (en adelante “los peticionarios”), en nombre de siete supuestas víctimas cuyos derechos habrían sido violados por el Estado. La Comisión inició el conocimiento de los hechos materia de la presente demanda en diversas fechas entre mayo y junio de 1999, tras lo cual abrió los casos 12.148, 12.149, 12.151, 12.152, 12.153, 12.156 y 12.157 y remitió al Estado las partes pertinentes de las denuncias y solicitó una respuesta.

  5. La Comisión recibió las respuestas del Estado en los casos 12.149 (Krishendath Seepersad) y 12.151 (A.P.) el 6 y el 18 de agosto de 1999, respectivamente; y en los otros cinco (12.148, 12.152, 12.153, 12.156 y 12.157) el Estado no brindó a la Comisión observación alguna en relación con las peticiones. En los dos casos en los que el Estado envió una respuesta, la Comisión decidió remitir las partes pertinentes a los peticionarios, de acuerdo con el artículo 34.7 de su Reglamento y les solicitó sus observaciones.

  6. En el caso 12.149 (Krishendath Seepersad), los peticionarios enviaron observaciones a la respuesta del Estado. Además, en el caso 12.151 (Allan Phillip), la Comisión recibió documentación complementaria de los peticionarios. La Comisión le remitió dichas comunicaciones al Estado y le solicitó una respuesta. El Estado no respondió al envío de esta documentación complementaria.

  7. El 13 de junio de 2000 la Comisión aprobó el Informe No. 53/00, de conformidad con el artículo 50 de la Convención y lo transmitió al Estado el 5 de julio del mismo año. En dicho informe, la Comisión concluyó sobre la admisibilidad y el fondo de las peticiones de los siete casos y en la parte dispositiva del informe la Comisión recomendó al Estado que[2]:

  8. Otorgue a las víctimas en los casos Nos. 12.149 (Krishendath Seepersad), 12.151 (Allan Phillip), 12.152 (Narine Sooklal), 12.153 (A.M., 12.156 (M.P.) y 12.157 (F.M.) una reparación efectiva que incluya la conmutación de la pena y una indemnización;

  9. Otorgue a la víctima en el caso No. 12.148 (P.B.) una reparación efectiva que incluya un nuevo juicio de conformidad con las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención o, de no ser posible un nuevo juicio que cumpla con estas protecciones, la liberación de la víctima;

  10. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar que la pena de muerte se impone en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Convención, incluyendo en particular los artículos 4...

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