Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Noviembre de 2001. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Serie C No. 87

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2001
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Barrios Altos Vs. Perú
Acto:Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Barrios Altos Vs. Perú

Sentencia de 30 de noviembre de 2001

(Reparaciones y Costas)

En el caso B.A.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

A.A.C.T., Presidente;

M.P.G., V.;

H.S.P., J.;

A.A.B., J.;

S.G.R., J.; y

C.V. de R.R., Juez;

presentes, además:

M.E.V.R., S.; y

P.S.A., S. adjunto,

de acuerdo con los artículos 29, 55, 56 y 57 del Reglamento de la Corte** (en adelante “el Reglamento”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en consideración de lo establecido en los puntos resolutivos sexto y séptimo de la sentencia de 14 de marzo de 2001, dicta la presente Sentencia.

I

Competencia

  1. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, para conocer de las reparaciones en el presente caso. El Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) es Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981.

II

Antecedentes
  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) mediante demanda de 8 de junio de 2000.

  2. El 14 de marzo de 2001 la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso, en la cual, por unanimidad:

  3. Admiti[ó] el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado.

  4. Declar[ó], conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, que éste violó:

    a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de P.M.C.A., L.A.D.A., O.B.H.N., L.A.L.B., F.L.L., Máximo León León, L.Q.H., T.R.R.A., T.R.L., M.I.R.P., J.M.R.R., A.R.A., N.M.R.A., O.M.S.N. y B.Y.C.;

    B) EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN PERJUICIO DE NATIVIDAD CONDORCAHUANA CHICAÑA, F. LEÓN LEÓN, T.L.O.Y.A.R.A.; Y

    c) el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los familiares de P.M.C.A., L.A.D.A., O.B.H.N., L.A.L.B., F.L.L., Máximo León León, L.Q.H., T.R.R.A., T.R.L., M.I.R.P., J.M.R.R., A.R.A., N.M.R.A., O.M.S.N., B.Y.C., y en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña, F.L.L., T.L.O. y A.R.A., como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492.

  5. Declarar[ó], conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, que éste incumplió los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de la Convención señalados en el punto resolutivo 2 de esta Sentencia.

  6. Declarar[ó] que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos.

  7. DECLARAR[Ó] QUE EL ESTADO DEL PERÚ DEBE INVESTIGAR LOS HECHOS PARA DETERMINAR LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN ESTA SENTENCIA, ASÍ COMO DIVULGAR PÚBLICAMENTE LOS RESULTADOS DE DICHA INVESTIGACIÓN Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES.

  8. Disp[uso] que las reparaciones ser[ía]n fijadas de común acuerdo por el Estado demandado, la Comisión Interamericana y las víctimas, sus familiares o sus representantes legales debidamente acreditados, dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

  9. [SE R]ESERV[Ó] LA FACULTAD DE REVISAR Y APROBAR EL ACUERDO SEÑALADO EN EL PUNTO RESOLUTIVO PRECEDENTE Y, EN CASO DE QUE NO SE LLEG[ARE] A ÉL, CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO DE REPARACIONES.

  10. El 29 de marzo, el 3 de mayo y el 15 de junio de 2001 el Estado presentó informes relativos al cumplimiento de la sentencia sobre el fondo en el presente caso.

  11. El 18 de junio de 2001 la Embajada del Perú en Costa Rica remitió a la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) una copia del Decreto Supremo No. 065-2001-PCM de 2 de junio de 2001, mediante el cual se creó la Comisión de la Verdad, establecida con el objeto de esclarecer los hechos y las responsabilidades de violaciones de los derechos humanos producidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.

  12. El 20 de junio de 2001 la Comisión Interamericana presentó, de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana y el artículo 58 del Reglamento, una demanda de interpretación de la sentencia sobre el fondo.

  13. El 3 de septiembre de 2001 la Corte dictó sentencia de interpretación de la sentencia sobre el fondo emitida el 14 de marzo de 2001, en la cual decidió, por unanimidad:

  14. Que es admisible la demanda de interpretación, interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la sentencia de 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios Altos.

  15. Que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. 26479 y No. 26492, lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso B.A. tiene efectos generales.

    III

    Procedimiento en la Etapa de Reparaciones

  16. El 14 de marzo de 2001 la Corte dictó sentencia sobre el fondo, en la cual, entre otros (supra párr. 3),

  17. Disp[uso] que las reparaciones ser[ía]n fijadas de común acuerdo por el Estado demandado, la Comisión Interamericana y las víctimas, sus familiares o sus representantes legales debidamente acreditados, dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

  18. [SE R]ESERV[Ó] LA FACULTAD DE REVISAR Y APROBAR EL ACUERDO SEÑALADO EN EL PUNTO RESOLUTIVO PRECEDENTE Y, EN CASO DE NO SE LLEG[ARE] A ÉL, CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO DE REPARACIONES.

  19. El 15 y 19 de junio de 2001 el Estado y la señora S.M., Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en calidad de representante de las víctimas y sus familiares, respectivamente, solicitaron a la Corte una prórroga de 30 días del plazo establecido en el punto resolutivo sexto de la sentencia de 14 de marzo de 2001, con el objeto de lograr un acuerdo sobre las reparaciones del presente caso. La Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), les informó que debido a que dicho plazo fue establecido mediante sentencia, la solicitud solamente podía ser conocida y resuelta por el mismo Tribunal que dictó dicho fallo.

  20. El 26 de julio de 2001 el Perú remitió una copia del “Acta de compromiso de la Comisión de Alto Nivel para el caso B.A.” y del “Acuerdo de reparación integral a las víctimas y los familiares de las víctimas del caso Barrios Altos”, e informó que “atendiendo al inminente cambio de Gobierno, las Partes han convenido en reservar la suscripción formal del acuerdo para cuando estén instaladas las nuevas autoridades”[1].

  21. El 17 de septiembre de 2001 el Estado remitió el “Acuerdo de reparación integral a las víctimas y los familiares de las víctimas del caso B.A.” (en adelante “el acuerdo” o “el acuerdo sobre reparaciones”) formalmente suscrito, al cual adjuntó 4 anexos. Dicho acuerdo había sido suscrito el 22 de agosto de 2001.

  22. El 11 de octubre de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado, a la Comisión y a los representantes de las víctimas y sus familiares que presentaran los anexos A y B del acuerdo, a los cuales se hace referencia en las cláusulas sexta y séptima de éste y que no fueron aportados; solicitó asimismo que aclararan la razón por la cual no se expidió un cheque a favor de N.H.Q.V., señalada como beneficiaria de la víctima L.Q.H., sino a favor de otra de las hijas de la víctima, S.M.Q.V., y que indicaran el nombre de la víctima respecto de la cual son beneficiarios de reparaciones las siguientes personas -a favor de las cuales se giraron cheques-: C.P.B., C.A.C., G.M.C., E.C.R.M. (o Caurino) y G.S.R.A.. Para la presentación de dicha información se otorgó plazo hasta el 19 de octubre de 2001.

  23. El 17 de octubre de 2001 la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), representante de las víctimas y sus familiares, remitió un escrito al cual adjuntó el anexo B y copia del Oficio SA-DVM.N° 1538-2001 que es parte del anexo A del acuerdo sobre reparaciones. Asimismo, en dicho escrito se indicaron los nombres de los familiares de la víctima L.Q.H. que han sido propuestos como beneficiarios de reparaciones y se aclaró que “[e]l cheque de adelanto de la reparación económica que correspondía a N.H. salió a nombre de su hermana, S.M., a petición de la primera, en vista de que N.Q. ha viajado fuera del país”. De igual manera, FEDEPAZ informó que se había omitido indicar como familiares de la víctima A.R.A., a su esposa, G.M.C., y a su hijo, E.C.R.C. (o M.. Además, se señaló que “C.P.B. en su condición de tutora legal de R.R.C., recibió y cobró el cheque en su representación”. Asimismo, se indicó que se omitió consignar como beneficiarios de las reparaciones relacionadas con la víctima N.M.R.A. “a su hermana G.S.R.A. y a su tía V.A.H.”. Por último, FEDEPAZ informó que “[l]a identidad de las personas propuestas como beneficiarios de cada una de las víctimas representadas por [dicha entidad] se presentaron oportunamente ante la Comisión de Alto Nivel creada por el Gobierno a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”.

  24. El 19 de octubre de 2001 la Comisión Interamericana no presentó la información solicitada por la Secretaría (supra párr. 13), sino que se limitó a manifestar que dicha información sería proporcionada directamente por el peticionario.

  25. Ese mismo día la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos...

To continue reading

Request your trial