Aunar esfuerzos para luchar contra la esclavitud moderna

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revista TRABAJO
En una ocina de
reducido tamaño en
Nottingham (Reino
Unido) los inspectores
de la GLA (autoridad
encargada de la concesión
de licencias laborales)
examinan los resultados
de un operativo policial
conjunto que llevó al
arresto de tres personas.
Dos hombres y una
mujer fueron acusados
de infracciones en el
suministro de mano
de obra, trata de
seres humanos, trabajo forzoso y blanqueo de dinero que
afectaban a trabajadores migrantes de Europa del Este,
llevados a Inglaterra bajo el falso pretexto de trabajar en
labores de manipulación de carnes y verduras.
“Estos cargos se presentan como consecuencia de una acción
concertada con la policía y a raíz de la comprensión más cabal
que se tiene del tráco de mano de obra en nuestro país. Estamos
satisfechos con los resultados”, declaró Paul Broadbent, Director
General de la GLA.
La GLA se puso en marcha hace 10 años para prevenir la
explotación de trabajadores y luchar contra actividades ilegales
e ilícitas en la agricultura, la horticultura y la manipulación
de alimentos. Desde entonces, ha revocado alrededor de 220
licencias a suministradores de mano de obra que no cumplían
la legislación y ha ayudado a hacer valer los derechos de miles
de trabajadores.
Las medidas llevadas a cabo por la GLA denotan una
tendencia positiva en la lucha contra el trabajo forzoso que
se constata desde la celebración de la primera conferencia
tripartita de la OIT sobre trabajo forzoso en Europa en
2006. En ese momento, las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley en numerosos países europeos se esforzaban
por identicar posibles casos y procesar a los transgresores
de la ley. Los inspectores de trabajo no tenían un mandato
explícito ni una visión clara para abordar los casos de trabajo
forzoso. Además, había muy poca colaboración entre la policía,
Aunar esfuerzos para luchar contra
la esclavitud moderna
Habida cuenta de los 21 millones de personas víctimas del trabajo forzoso en el mundo, será necesario
establecer una coalición de las partes asociadas en el marco del Protocolo de la OIT sobre trabajo forzoso,
con objeto de adoptar medidas ecaces para erradicar denitivamente la esclavitud moderna, arma Beate
Andrees, Directora del Programa de Acción Especial de la OIT de lucha contra el el trabajo forzoso.
los inspectores laborales,
los sindicatos y las
organizaciones sociales.
Sin embargo, a lo
largo de los diez últimos
años, ha aumentado la
concienciación sobre
el hecho de que la trata
de seres humanos y el
trabajo forzoso afectan
a todos los países, y de
que es necesaria una
acción concertada para
adoptar soluciones. Ese
cambio de mentalidad
se pone de maniesto en
nuevas legislaciones y políticas cuyo objetivo es abordar las
causas económicas subyacentes de lo que se conoce como “los
aspectos relativos a la demanda” del trabajo forzoso y la trata de
seres humanos.
Este es el principal propósito del Protocolo sobre el Trabajo
Forzoso adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo
en junio 2014. En virtud de dicho Protocolo se estipula que los
Estados Miembros han de velar por que los sectores público y
privado actúen adecuadamente – y con la diligencia debida –
al abordar las causas que hacen aumentar el riesgo de trabajo
forzoso. Los Estados Miembros deben fortalecer asimismo la
inspección laboral, entre otros servicios, y velar por la aplicación
de la legislación contra el trabajo forzoso y la trata de seres
humanos.
GANANCIAS ILÍCITAS
No hay que subestimar el alcance de esa tarea. En 2004 la OIT
estimó el valor de las ganancias ilícitas generadas por el trabajo
forzoso en 150.000 millones de USD anuales. Los márgenes de
ganancia más elevados por víctima se registran en las economías
industrializadas, en las que los infractores de la ley y los
empleadores sin escrúpulos perciben alrededor de una tercera
parte de las ganancias. Los sectores económicos más proclives al
trabajo forzoso son la agricultura, el procesamiento de alimentos,
la pesca, la construcción, la minería, el trabajo doméstico y la
industria del sexo.
© Roberto Schmidt / AFP
Un trabajador asiste a una reunión de la Coalición
de Trabajadores de Immokalee en Estados Unidos.
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revista TRABAJO
NÚMERO ESPECIAL DE 2015
Los trabajadores migrantes tienden a ser muy numerosos
en estos sectores e industrias, y con frecuencia pagan
tarifas de contratación exorbitantes a los intermediarios
con la esperanza de encontrar un trabajo decente en el
extranjero. Con demasiada frecuencia, esas tarifas impiden
a los trabajadores abandonar a sus empleadores abusivos.
La vulnerabilidad de los trabajadores migrantes se acentúa
aún más como consecuencia de las leyes de migración que
vinculan sus permisos de trabajo a un único empleador.
Las presiones de precios y los complejos acuerdos de
subcontratación en las cadenas de aprovisionamiento
internacionales repercuten en los costes laborales y en el
trato a los trabajadores. De ahí que en Brasil y en Estados
Unidos algunos legisladores hayan adoptado una legislación
en virtud de la cual se vela por que las empresas realicen
una evaluación intgral de sus actividades con objeto
de reducir el riesgo de trabajo forzoso en sus cadenas
de aprovisionamiento. Esta leg islación ha aumentado
la concienciación en las empresas de que el trabajo
forzoso plantea riesgos para su reputación con posibles
repercusiones legales.
COLABORACIÓN
Los interlocutores sociales desempeñan un papel clave
en la prevención de la trata de personas y del trabajo
forzoso mediante la formulación de políticas pertinentes,
la organización de los trabajadores y la concienciación de
los empleadores. En Alemania, la Federación Nacional de
Sindicatos (DGB), con el apoyo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, ayudó a establecer una alianza de aliados
sindicales y organizaciones sociales, con objeto de aumentar la
concienciación de las autoridades encargadas de hacer cumplir
la ley y de los trabajadores en relación con la trata de personas
con nes de explotación laboral.
En Estados Unidos, la Coalición de Trabajadores de
Immokalee obtuvo recientemente re conocimiento presidencial
por sus esfuerzos para combatir la esclavitud moderna. Tras unas
reivindicaciones que duran casi dos décadas, la organización
de trabajadores logró instaurar un programa de aliment ación
equitativo que contribuyera a prevenir prácticas de esclavitud
en las explotaciones agrícolas de Estados Unidos. La coalición
hizo una campaña exitosa a favor de un aumento salarial para los
trabajadores agrícolas, , y gracias a ella los grandes distribuidores
aceptaron pagar dos céntimos más por kilogramo de tomates y
dejar de comprar tomates cultivados en explotaciones agrícolas
en las que se vulneraban los derechos humanos.
El Pacto Nacional suscrito en Brasil pone de maniesto que
las empresas también pueden aportar soluciones. El Pacto lo
suscribieron más de 400 signatarios, en particular empresas
nacionales y multinacionales, sindicatos y organizaciones
sociales. En virtud del acuerdo las empresas aceptaron cesar
sus relaciones con proveedores que ut ilizaran mano de
obra en condiciones de esclavitud. Además de aumentar la
concienciación al respecto, las medidas adoptadas en el marco
del pacto dieron lugar a un cambio de prácticas empresariales
en diversos sectores e industrias. Como consecuencia del pacto,
también se puso en marcha el instituto InPACTO para velar por
la sostenibilidad y los efectos a largo plazo del acuerdo.
Diversas iniciativas llevadas a cabo recientemente han
permitido contribuir con éxito a reducir la demanda de
trabajo y servicios de las víctimas de la trata de personas,
gracias a la aplicación de una legislación más estricta, las
actividades de inspección y la colaboración en el plano social.
En los sectores en los que se aumentó la concienciación
relativa al cumplimiento de la normativa laboral se
identicaron más casos de tráco de mano de obra, se enjuició
a las personas que infringieron la legislación y se protegió a los
trabajadores frente a situaciones de abuso.
El Protocolo ha de raticarse y aplicarse a nivel
internacional para poder erradicar completamente el trabajo
forzoso. En particular, debe aplicarse en los países en los que
el trabajo forzoso obedece a una situación de discriminación
y pobreza muy arraigadas, como consecuencia de conictos o
crisis humanitarias, en ocasiones fomentados por autoridades
estatales, y de tráco de trabajadores migrantes.
Brasil se ha situado
a la vanguardia de la
lucha contra el trabajo
forzoso. En 1995,
puso en marcha el
Grupo Especial de
Inspección Móvil
(GEFM), que aúna
los esfuerzos de
inspectores laborales,
scales y agentes de
policía debidamente
formados y
pertrechados.
© F.A. De Araujo Junior