Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Febrero de 2012. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Serie C No. 239

Fecha de Resolución:24 de Febrero de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Atala Riffo y Niñas Vs. Chile
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Colombia
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso ATALA RIFFO Y NIÑAS Vs. CHILE

SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012

(Fondo, R. y Costas)

En el caso A.R. y niñas,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 56, 57, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

  1. Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 2

  2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 2

  3. COMPETENCIA 2

  4. PRUEBA 2

    1. Prueba documental, testimonial y pericial 2

    2. Admisión de la prueba documental 2

    3. Admisión de la prueba testimonial y pericial 2

  5. DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN, DERECHO A LA VIDA PRIVADA, DERECHO A LA VIDA FAMILIAR, DERECHOS DEL NIÑO, DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS RESPECTO AL PROCESO DE TUICIÓN 2

    A. Hechos probados en relación con el procedimiento de tuición 2

    1. Proceso de tuición 2

    2. Tuición provisional concedida al padre 2

    3. Sentencia de primera instancia otorgando la tuición de las niñas a la señora Atala 2

    4. Apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco y concesión de orden de no innovar en favor del padre 2

    5. Interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y concesión de la segunda orden de no innovar a favor del padre 2

    6. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile 2

      B. Consideraciones previas 2

    7. Consideración previa sobre el objeto del caso ante la Corte Interamericana 2

    8. Consideración previa sobre la participación de las niñas M., V. y R. 2

      C. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación 2

    9. Derecho a la igualdad y a la no discriminación 2

    10. La orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana 2

    11. Diferencia de trato basada en la orientación sexual 2

    12. El principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo 2

      4.1. Presunta discriminación social 2

      4.2. Alegada confusión de roles 2

      4.3. Alegado privilegio de intereses 2

      4.4. Alegado derecho a una familia “normal y tradicional” 2

      4.5. Conclusión 2

    13. Trato discriminatorio en contra de las niñas M., V. y R. 2

      D. Derecho a la vida privada y derecho a la vida familiar 2

      E. Garantías judiciales y protección judicial 2

    14. Garantías judiciales y protección judicial en relación con la señora Atala 2

    15. Derecho de las niñas M., V. y R. a ser escuchadas y a que se tengan en cuenta sus opiniones 2

  6. DERECHO A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN, DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 2

    A. Hechos probados respecto a la investigación disciplinaria contra la señora Atala 2

    B. El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación 2

    C. Derecho a la vida privada 2

    D. Garantías judiciales 2

  7. REPARACIONES 2

    A. Parte Lesionada 2

    B. Obligación de investigar e imponer consecuencias legales a los funcionarios responsables 2

    1. Otras medidas de reparación integral: satisfacción y garantías de no repetición 2

    1. Rehabilitación: asistencia médica y psicológica a las víctimas 2

    2. Satisfacción 2

      a) Publicación de la Sentencia 2

      b) Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 2

    3. Garantías de no repetición 2

      a) Capacitación a funcionarios públicos 2

      b) Adopción de medidas de derecho interno, reformas y adecuación de leyes contra la discriminación 2

      D. Indemnización Compensatoria por daño material e inmaterial 2

    4. Daño material 2

    5. Daño inmaterial 2

      E. Costas y gastos 2

      F. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 2

  8. PUNTOS RESOLUTIVOS 2

    Voto parcialmente disidente del juez A.P.P..

    I

    Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El 17 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el Estado de Chile (en adelante “el Estado” o “Chile”) en relación con el caso 12.502[3]. La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 24 de noviembre de 2004 por la señora K.A.R. (en adelante la “señora Atala”) representada por abogados de la Asociación Libertades Públicas, la Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales y la Fundación Ideas[4].

    El 23 de julio de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 42/08 y el 18 de diciembre de 2009 emitió el Informe de Fondo No. 139/09, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana[5]. El 17 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana consideró que el Estado no había dado cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Fondo, por lo que decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana designó como delegados a L.P.M., C., y a su S.E.S.A.C., y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, S.S.G., R.C. y M.C.P., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

    De acuerdo a la Comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., V. y R. El caso también se relaciona con la alegada inobservancia del interés superior de las niñas cuya custodia y cuidado fueron determinados en incumplimiento de sus derechos y sobre la base de supuestos prejuicios discriminatorios. La Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 17.1 y 17.4 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 24 (Igualdad ante la Ley), 8 (Garantías Judiciales) y 25.1 y 25.2 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación.

    La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 19 de octubre de 2010.

    El 25 de diciembre de 2010 M.S., H.O. y J.C., indicando que actuaban como representantes de la señora Atala y las niñas M., V. y R.[6] (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento de la Corte[7]. Los representantes indicaron que coincidían totalmente con los hechos presentados en la demanda y solicitaron al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 24 (Igualdad ante la Ley), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En consecuencia, requirieron a la Corte que ordene diversas medidas de reparación.

    El 11 de marzo de 2011 Chile presentó ante la Corte su escrito de contestación al escrito de demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito, el Estado controvirtió la totalidad de las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, y rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a la Convención Americana. En relación con las reparaciones solicitadas por la Comisión y los representantes, el Estado solicitó a la Corte que las desestimara en todos sus términos. El Estado designó al señor M.Á.G. y a la señora P.G.V. como A..

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    Mediante Resolución de 7 de julio de 2011[8], el Presidente de la Corte ordenó recibir diversas declaraciones en el presente caso. Asimismo, convocó a las partes a una audiencia pública que fue celebrada los días 23 y 24 de agosto de 2011 durante el 92 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia[9].

    El 18 de agosto, 6 de septiembre y 18 de octubre de 2011 el señor R.B.A. remitió diversas comunicaciones en representación de J.L.A., padre de las niñas M., V. y R. en relación con el presente caso. En dichos escritos, inter alia, se plantearon estas solicitudes: i) participación de las menores de edad y representación legal por parte del padre en el proceso ante la Corte Interamericana; ii) solicitud de incorporación al proceso como tercero interviniente; iii) solicitud de nulidad de todo lo actuado ante la Comisión y la Corte, y iv) coadyuvancia al escrito del Estado.

    El 30 de noviembre de 2011 fue remitida al señor B. una nota de Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, en la que se señaló la respuesta a los escritos presentados (supra párr. 8). En dicha nota se informó que: i) mediante Resolución de 29 de noviembre de 2011, el Tribunal decidió disponer, como prueba para mejor resolver, que las tres niñas sean informadas sobre su derecho a ser oídas ante la Corte (infra párrs. 12 y 13); ii) el Tribunal no tiene competencia para atender las solicitudes formuladas por individuos u organizaciones distintos a las presuntas víctimas que participan en la tramitación de un caso ante la Corte; iii) la Corte no encuentra irregularidades en la forma en que se realizó la notificación en el presente caso, y iv) debido a que el señor L. no es parte dentro del presente caso y no se ha...

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