Medidas Provisionales de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Mayo de 2019. Caso Asunto de diecisiete personas privadas de libertad respecto de Nicaragua.

Fecha de Resolución:21 de Mayo de 2019
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Asunto de diecisiete personas privadas de libertad respecto de Nicaragua
Acto:Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes
Solicitante:Nicaragua

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 21 DE MAYO DE 2019

ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES

ASUNTO DE DIECISIETE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

RESPECTO DE NICARAGUA

Visto:

  1. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 15 de mayo de 2019 y sus anexos, mediante los cuales sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y 27 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), con el propósito de que el Tribunal requiera a la República de Nicaragua (en adelante “Nicaragua” o “el Estado”) que adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger la salud, vida e integridad personal de: 1) K.R.E.G., 2) C.R.F.C., 3) Y.M.S.H., 4) E.J.C.D., 5) M.M.S., 6) M.L.F.D., 7) R.B., 8) J.R.A.T., 9) J.J.A.M., 10) R.L.L., 11) M.M.B., 12) L.P.U., 13) A.E.C.Z., 14) O.A.M.P., 15) T.V.M.P., 16) M.A.P.S., e 17) I.U.J.B. (en adelante “los solicitantes”).

  2. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 15 de mayo de 2019, mediante la cual el Pleno de la Corte (en adelante “el Pleno”) solicitó al Estado que remitiera información y observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales planteadas por la Comisión. El Pleno estableció que dicha información debía ser remitida a más tardar el 20 de mayo de 2019, y que dicho plazo era improrrogable.

  3. El escrito de 16 de mayo de 2019, mediante el cual el Estado solicitó una prórroga para presentar sus observaciones a la solicitud de medidas provisionales. Asimismo, la nota de la Secretaría mediante la cual, siguiendo instrucciones del P., se le informó al Estado que el plazo otorgado para presentar sus observaciones fue dispuesto por el Pleno del Tribunal con carácter “improrrogable”, por lo que la solicitud fue denegada.

  4. El escrito de 17 de mayo de 2019, mediante el cual la Comisión informó sobre “una serie de hechos supervinientes de violencia ocurridos en el interior de la cárcel “La Modelo”, en la que se encuentran 11 personas propuestas como beneficiarias de la solicitud de medidas provisionales presentada ante la Honorable Corte, los cuales confirman la extrema situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en que se encuentran sus derechos”. La nota de la Secretaría de 17 de mayo de 2019, mediante la cual se informó al Estado que podría realizar las observaciones que considerara pertinentes a los alegados hechos supervinientes junto con la información y observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales planteadas por la Comisión.

  5. El escrito de 20 de mayo de 2019 y sus anexos mediante los cuales el Estado presentó a la Corte el “Informe del Estado de la República de Nicaragua Respecto a la Solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Adopte Medidas Provisionales para Proteger la Salud, Vida e Integridad Personal (17) Personas Privadas de Libertad”.

    CONSIDERANDO QUE:

  6. Nicaragua ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) el 25 de septiembre de 1979 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero de 1991.

  7. El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes. Esta disposición está a su vez regulada en el artículo 27 del Reglamento de la Corte.

  8. La presente solicitud de medidas provisionales no se origina en un caso en conocimiento de la Corte, sino en el marco de diversas medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana entre el 21 de mayo de 2018 y el 11 de febrero de 2019[1].

  9. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. La orden de adoptar medidas es aplicable siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo[2].

  10. El estándar de apreciación prima facie en un asunto y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección han llevado a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones tratándose de situaciones carcelarias[3] y de personas privadas de libertad en un centro de detención[4]. En el presente asunto, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene la protección de diecisiete personas que se encuentren privadas de libertad en los centros penitenciarios de “La Modelo” en el caso de los hombres y “La Esperanza” en el caso de las mujeres, en Nicaragua.

  11. La Corte ha considerado necesario aclarar que, en vista del carácter tutelar de las medidas provisionales, excepcionalmente, es posible que las ordene, aun cuando no exista propiamente un caso contencioso en el Sistema Interamericano, en situaciones que, prima facie, puedan tener como resultado una afectación grave e inminente de derechos humanos. Para ello, se debe hacer una valoración del problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita, y el grado de desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso de que éstas no sean adoptadas. Para lograr este objetivo es necesario que la Comisión Interamericana presente una motivación suficiente que abarque los criterios señalados y que el Estado no demuestre en forma clara y suficiente la efectividad de determinadas medidas que haya adoptado en el fuero interno[5]. Además, es importante tener presente el contexto dentro del cual se solicita la adopción de medidas provisionales.

  12. A efectos de analizar la solicitud de medidas provisionales presentadas por la Comisión, el P. examinará (a) los argumentos de la Comisión y el Estado, para luego (b) realizar las consideraciones que correspondan.

    1. Solicitud presentada por la Comisión y observaciones del Estado

  13. Los argumentos de la Comisión para fundamentar su solicitud de medidas provisionales son los siguientes:

    1. Las circunstancias específicas que rodearon la privación de la libertad de los solicitantes

      Que la privación de la libertad de los solicitantes está estrechamente ligada a su participación en diversas manifestaciones en contra del actual gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 o la difusión a través de medios de comunicación de manifestaciones y de represalias de actores estatales y no estatales. Los solicitantes ostentaban diversos roles de liderazgo o dirección en los movimientos estudiantiles, universitarios, campesinos, defensores o periodísticos, lo cual además generaba que tuvieran un alto perfil público y una alta visibilidad durante sus manifestaciones, participaciones e intervenciones en contra de determinadas políticas y actuaciones emprendidas por el gobierno de Nicaragua y los sectores que representa.

      Que valoró diversos factores de riesgo ocurridos antes de la privación de la libertad de los solicitantes. Estos factores incluyeron amenazas de muerte hacia los solicitantes y sus familiares, seguimiento de motorizados o camionetas con personas no identificadas, agresiones dentro y fuera de las manifestaciones por agentes estatales o grupos presuntamente ajenos al gobierno, agresiones a familiares cercanos, ingresos no autorizados a domicilios de las personas o sus familiares, campañas de estigmatización o difamación con miras a crear un clima de hostilidad contra las personas tildándolas de “terroristas” o “golpistas” a través de diversos medios de difusión, entre otros. Estos factores de riesgo tenían características específicas en relación con periodistas y líderes campesinos.

      Que en sus labores de monitoreo realizadas por el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), recibió información consistente según la cual el Estado desplegó una actividad dirigida a reprimir la protesta social, en la cual se produjeron los principales eventos de violencia en contra de la población nicaragüense. Posteriormente, se identificó una segunda etapa que consistió en una estrategia de persecución judicial y criminalización contra las personas percibidas como opositoras al régimen, manifestantes, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Las personas detenidas fueron llevadas inicialmente a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua conocido como “El Chipote” y, finalmente, a las cárceles de “La Esperanza” y “La Modelo”.

      Que existió una instauración generalizada de procesos penales por los delitos de terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos, que existió una práctica generalizada de dictar prisión preventiva de forma automática en estos casos, y que se reportó la reforma del tipo penal de terrorismo y la creación de otros delitos mediante la Ley No 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, cuya redacción permitiría una aplicación subjetiva de los mismos. En este contexto de criminalización fue que se identificaron las detenciones de los diecisiete solicitantes.

    2. Las precarias condiciones de detención y restricciones que encuentran los solicitantes

      Que las condiciones de...

To continue reading

Request your trial