El Arraigo Hecho en México: Violación a los Derechos Humanos

El arraigo hecho en México:

violación a los derechos humanos

Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo

de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de

México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los

Derechos Humanos, A.C.

Organización Mundial Contra la Tortura

Octubre, 2012

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Resumen Ejecutivo

La figura del arraigo fue introducida en la Constitución mexicana en 2008 como una medida

federal preventiva para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen

organizado. Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos

delincuentes, pero en la práctica, se utiliza como un tipo de vigilancia pública que permite más

tiempo a las autoridades para establecer si el detenido es culpable o inocente.

Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones

en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de

libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho

a un recurso efectivo. Por otra parte, el arraigo amplía las posibilidades de una persona de ser

sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el

Gobierno Federal desde su llegada al poder en 2006, el contexto de inseguridad y violencia en

México se ha agravado. La violencia en México se ha incrementado de manera sensible en los

últimos cinco años y una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la

seguridad pública. Particularmente grave ha sido el aumento en los casos de tortura que se han

registrado a lo largo y ancho del país.

En este contexto, aún son recurrentes en México diversas acciones gubernamentales manifiestas

en legislación y políticas públicas que profundizan las condiciones estructurales que hacen posible

la práctica de la tortura y la impunidad que le está asociada. Entre dichas acciones se encuentran

el involucramiento de militares en labores de seguridad pública, el establecimiento de un

subsistema de excepción con restricciones a las garantías básicas de debido proceso para las

personas acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, así como la

constitucionalización de la figura del arraigo penal en el sistema jurídico mexicano.

A la fecha se desconocen las dimensiones reales de la utilización de esta medida debido a la

opacidad por parte de las diversas autoridades involucradas en el manejo de cifras y controles

estadísticos del uso de la figura del arraigo. No obstante, según cifras oficiales, el uso del arraigo

ha mostrado un incremento sostenido anual de más del 100% por año (en 2009 fue de 218.7% y

los años restantes se mantuvo en un crecimiento constante de 120%). Según información

recopilada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

(CMDPDH), desde junio de 2008 hasta la fecha un promedio de 1.82 personas son puestas bajo

arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel local.

El uso de la figura del arraigo ha probado además ampliar las posibilidades de que una persona sea

torturada debido a los limitados controles legales y la nula revisión judicial de su aplicación, así

como a la discrecionalidad en su aplicación.

En virtud de ello, quienes suscribimos este informe, presentamos ante el Comité los impactos que

la figura del arraigo ha tenido en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México, así

como en el aumento de las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura. Asimismo,

incluimos una serie de recomendaciones que esperamos el Comité tome en consideración para

emitir las Observaciones Finales con relación a los informes presentados por México.