Argentina: la expropiacion de Repsol-YPF.

• Author: Bonnefoy, Pascale

Argentina: the expropriation of Repsol-YPF

En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobo la Ley No. 26.741 de Soberania Hidrocarburifera, la cual permitio expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional espanola Repsol. Al fundamentar la medida, el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernandez acuso a Repsol de reducir las inversiones y la produccion de YPF para asi provocar un alza artificial de precios y aumentar sus utilidades. Este comportamiento de Repsol--aseguro Fernandez--habria derivado en un deficit comercial en el sector y hecho peligrar la soberania energetica del pais.

Con esta ley, YPF pasaria a ser controlada por el Estado, pero continuaria siendo una sociedad anonima abierta. De inmediato, la petrolera salio en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploracion y explotacion de los recursos, y--en particular--de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el ano anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquen.

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreo a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegitimo de acciones, de caracter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversion extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnologia requeridos para explotar Vaca Muerta, llevo al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: mas de un ano despues de la expropiacion, el gobierno promulgo un nuevo regimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atras a nuevos controles a la inversion extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

Por ello, en mayo de 2014 la Camara Federal de Buenos Aires resolvio que la Presidenta Fernandez fuera investigada por la firma del Decreto No. 929, que establecio el Regimen de Promocion de Inversion para la Explotacion de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como >.

La Ley de Soberania Hidrocarburifera permitio retomar el control estatal de la petrolera, pero no significo la nacionalizacion del sector de los hidrocarburos en su conjunto, ni respondio a una estrategia global de redefinir la relacion del Estado con inversionistas extranjeros. Mas aun, Argentina sigue atada a obligaciones internacionales asumidas en la decada del noventa, a traves de la firma de decenas de acuerdos bilaterales de inversion y su consentimiento a llevar controversias ante tribunales arbitrales internacionales. Y a pesar de sus criticas publicas, el gobierno de Fernandez no dio pa sos para sustraerse de esas obligaciones.

La expropiacion de Repsol debio regirse dentro de esos parametros, pero no fue asi. La reaccion de la comunidad internacional, de Repsol y de los potenciales nuevos inversionistas para Vaca Muerta, ilustraron la poca autonomia que tiene Argentina, al igual que otros paises en la region, que han emprendido nacionalizaciones respecto de la inversion extranjera y los limites autoimpuestos en anos anteriores, a traves de la suscripcion de acuerdos de inversion. Mas aun, la controversia en torno al acuerdo entre YPF y Chevron puso en duda que tanta > podria lograr Argentina.

La privatizacion de YPF

YPF se fundo como empresa estatal en 1922. Se abrio a la inversion privada en 1985, durante el gobierno de Raul Alfonsin (1983-1989), cuando este ofrecio en licitacion areas para la exploracion y explotacion de hidrocarburos, para asi aumentar las reservas petroleras. Con la llegada del Presidente Carlos Saul Menem (1989-1995, 1995-1999), se comenzo a desregular y privatizar el sector de los hidrocarburos. Un decreto de 1989 faculto a YPF a convocar a concurso publico internacional para seleccionar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, con las que se asociaria en las areas autorizadas para explotar los yacimientos de hidrocarburos (1).

Este decreto cambio la naturaleza de los contratos con los inversionistas, permitiendo la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraidos para ser comercializados libremente en el mercado interno y externo. Tambien instruyo a los ministerios de Economia y de Obras y Servicios Publicos a presentar un programa de >.

Finalmente, en 1992 la Camara de Diputados de Argentina aprobo, por abrumadora mayoria (2), una ley que privatizaba los activos de YPF y convertia a la empresa estatal en una sociedad anonima. Las acciones de YPF S.A. serian distribuidas entre el Estado nacional (51%), las provincias donde se encontraban los yacimientos (39%) y las acciones adquiridas por personal de la empresa (hasta 10%) (3). La ley dejo a YPF S.A. >, obligando al Estado nacional y a las provincias a vender conjuntamente al menos el 50% de las acciones de la empresa en un plazo maximo de tres anos, a partir del traspaso efectivo de las acciones a las provincias (4).

Durante 1999, Repsol adquirio la casi totalidad del paquete accionario de YPF (5). En la decada que siguio, vendio el 25,46% de esas acciones al grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazy--a la que le financio casi la mitad de la adquisicion a traves de un > (prestamo del vendedor) (6)--, y un 17,09% a otras empresas, manteniendo el control de la compania. Ese era el estado de la propiedad de YPF S.A. al momento de la expropiacion de los activos de Repsol, en mayo de 2012.

ARGENTINA y LA INVERSION EXTRANJERA

La Ley de Inversion Extranjera vigente al momento de la expropiacion databa de la epoca del regimen militar (1976-1983). Poco despues del golpe militar, en marzo de 1976, la Junta de Gobierno promulgo esta ley para reemplazar a la que estaba en vigencia desde 1973, permitiendo ampliar las areas abiertas a la inversion extranjera y asegurar un trato nacional a capitales foraneos.

Al igual que en el resto de la region en la decada de los ochenta, Argentina inicio un proceso de desregulacion y liberalizacion comercial y financiera, proceso que se acentuo durante la presidencia de Menem. En su primer ano, el gobierno emitio el Decreto 1212, que establecio como objetivo la desregulacion en el sector de los hidrocarburos (7). La ley de inversiones promulgada durante la dictadura militar fue modificada en 1993. Entre otras cosas, esta reforma otorgo a los inversionistas extranjeros los mismos derechos y obligaciones que a los inversores nacionales y se les autorizo transferir libremente al exterior sus utilidades, asi como a repatriar su inversion (8).

Al tiempo que el gobierno de Menem se desprendia de los activos estatales, alegando necesidad de recursos, comenzo a firmar Acuerdos de Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones (APPRI), en un esfuerzo por atraer inversion extranjera. Del total de 59 APPRI suscritos por Argentina a partir de 1990, 55 se firmaron durante la decada menemista (9).

En 1991 Argentina suscribio el Convenio de Washington, otorgando asi su consentimiento a la jurisdiccion del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para resolver disputas en torno a las inversiones en tribunales arbitrales internacionales. El convenio fue ratificado en 1994.

Los APPRI, que por lo general replican el mismo molde, limitan las posibilidades de nacionalizacion o expropiacion y exigen que, en caso de que ocurran, sean siempre acompanadas de una compensacion. En el caso del APPRI con Espana, en vigor desde 1992, se senala que la > debera aplicarse > (10).

LEY DE SOBERANIA HIDROCARBURIFERA

La Ley de Soberania Hidrocarburifera--aprobada en 2012--, que permitio la expropiacion de los activos de Repsol, declaro de > y como objetivo prioritario de la nacion >. (11)

Para cumplir esos objetivos, la ley declaro de > el 51% del patrimonio de YPF S.A. perteneciente a Repsol. Como Repsol controlaba el 57,4% de YPF, termino con solo 6,4% de las acciones, lo cual le permitio mantener representacion en el directorio de la empresa. Las acciones expropiadas serian distribuidas en un 51% para el Estado nacional y 49% repartidas equitativamente entre las 10 provincias que integran la Organizacion Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) (12). La ley prohibio la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la aprobacion de dos tercios del Congreso Nacional.

La ley establecio que el proceso de expropiacion y la determinacion de la indemnizacion se regirian por la Ley de Expropiaciones No. 21.499, vigente desde 1977. El valor de los bienes expropiados seria determinado por lo estipulado en esa ley, quedando la tasacion a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nacion, que deberia establecer un monto de indemnizacion.

La eventual compensacion, segun la Ley de Expropiaciones, comprendera solo >, a pagarse en dinero en efectivo (13). De acuerdo a esta ley, de no lograrse avenimiento respecto del monto de indemnizacion, serian los tribunales nacionales, a traves de juicios sumarios, los encargados de determinar la compensacion (14). La Ley de Expropiaciones precedio todo APPRI firmado por Argentina, asi como la ratificacion por parte de ese pais del Convenio de Washington.

GESTION PUBLICO-PRIVADA DE YPF

La expropiacion de las acciones de Repsol en YPF S.A. no significo en absoluto un rompimiento con los inversionistas extranjeros. De hecho, la expropiacion no afecto las acciones de los demas inversionistas privados en YPF, y la Ley de Soberania Hidrocarburifera permitio a YPF continuar operando como una sociedad anonima abierta.

>, senala la ley (15).

La propia ley establecio que para cumplir con los objetivos de soberania hidrocarburifera, YPF S.A. buscara > (16).

El reglamento de la Ley de Soberania Hidrocarburifera, aprobado en julio de 2012, establecio un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas y derogo varias disposiciones de leyes vigentes, que habian contribuido a la desregulacion del sector en la decada de...