Los arbitrajes de energías renovables contra España a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Achmea

• Author: Dorina C. Suciu
• Position: Contratada Predoctoral del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Almería. Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
• Pages: 1-27

www.reei.org

DOI: 10.17103/reei.37.14

LOS ARBITRAJES DE ENERGÍAS RENOVABLES

CONTRA ESPAÑA A LA LUZ DE LA SENTENCIA DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN

EL ASUNTO ACHMEA

RENEWABLE ENERGY ARBITRATION AGAINST SPAIN

IN THE LIGHT OF COURT OF JUSTICE OF THE

EUROPEAN UNION JUDGMENT IN ACHMEA CASE

DORINA C. SUCIU

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. EL ASUNTO ACHMEA. III.

ESPAÑA ANTE LOS ARBITRAJES DE INVERSIONES EN

MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES. IV. CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN: El proceso de promoción y fomento de la inversión en energías renovables en España ha

dejado a su p aso una avalancha de demandas de arbitraje de inversiones provocadas po r la frustración de

las expectativas de los inversores debido a las sucesivas refor mas del régimen retributivo extremadamente

generoso que ha atraído un gran volumen de inversión extranjera. El presente trabajo p retende reflexionar

sobre el futuro de estos controvertidos arbitrajes de inversiones a la luz del reciente pronunciamiento del

TJUE en el asunto Achmea. El Tribunal determina la incompatibilidad del mecanismo de solución de

diferencias inversor-Estado previsto por el Tratado Bilateral de Inversiones entre Países Bajos y Eslovaquia

con el principio de autonomía del Derecho de la Unión Europea. Partiendo de esta premisa, este análisis

aspira a determinar si los arbitrajes de inversiones a lo s que se enfrenta España se pueden paralizar sobre

la base de la jurisprudencia definida en el asunto Achmea, dado que constituyen mecanismos de sol ución

de diferencias inversor-Estado similares a los establecidos por el Tratado sob re la Carta de la Energía.

ABSTRACT: The promotion and development of investment in renewable energy in Spain have caused

numerous investment arbitration demands induced by the frustration of investors’ expectation s due to the

reshaping of the extreme ly generous remuneration regime that has attracted a large volume of foreign

investment. Th e purpose of this contributio n is to think over the future of this controversial investment

arbitration in the light of the recent CJEU ruling in the Slovak Republic v. Achmea case. In this matter, the

Court d etermines the incompatibility of investor-State dispute settlement mechanism established by the

Netherlands-Slovakia Bilateral Investment Treaty with the principle of autonomy of European Union law.

Based o n this premise, this analysis pretends to determine whether the investment arbitration faced by

Spain could be terminated given the jurisprudence settled in the Achmea case, as they constitute similar

Fecha de recepción del trabajo: 8 de enero de 2019. Fecha de aceptación de la versión final: 22 de mayo

de 2019.

 Contratada Predoctoral del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Uni versidad de Almería.

Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Correo electrónico: cs408@ual.es.

[37] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2019)

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DOI: 10.17103/reei.37.14

investor-State dispute settlement mechanisms, with the on ly difference that they are based on the Energy

Charter Treaty.

PALABRAS CLAVE: Mecanismo de solución de diferencias inversor -Estado, Unión Europea, arbitraje de

inversiones, energías renovables, Tratado de la Carta de la Energía, tratados bilaterales de inversiones.

KEYWORDS: Investor- State dispute settlement mechanism, European Union, investment arbitration,

renewable energies, Energy Charter Treaty, bilateral investment treaties.

I. INTRODUCCIÓN

Una regulación que se ha calificado como inestable, insegura e imprevisible en materia

de promoción y fomento de las energías renovables debido a la previsión de un régimen

retributivo a la producción de este tipo de energía muy generoso, y su posterior

modificación y supresión a causa del déficit tarifario ocasionado, ha colocado a España

en la posición procesal de demandada en una serie de arbitrajes promovidos por

inversores extranjeros que tienen como fundamento el Tratado sobre la Carta de la

Energía (en adelante, TCE), y que persiguen la obtención de una indemnización

económica que compense el lucro cesante al que han dado lugar las sucesivas reformas

legislativas de corte restrictivo en esta materia1. Esta situación ha convertido al Estado en

uno de los países con mayor número de casos abiertos ante el Centro Internacional de

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo, CIADI), y los recientes

acontecimientos en el seno de la Unión Europea (en adelante, UE) podrían ofrecer una

vía de argumentación más sólida, que permita reforzar la posición defensiva de España,

bien durante la fase de alegaciones en aquellos procedimientos arbitrales que se

encuentran en curso, o bien para frenar o impedir la ejecución de aquellos laudos ya

emitidos que han condenado a España al pago de una indemnización.

A día de hoy se puede afirmar que ninguna materia es más actual, polémica y conflictiva

que la política de inversiones de la UE que en los últimos años se ha venido caracterizando

por constituir el centro de los más encendidos debates doctrinales y jurídicos. De esta

forma, una de las vertientes más relevantes de estos debates viene representada por la

discusión acerca de la pervivencia y puesta en marcha de los Mecanismos de Solución de

Diferencias Inversor-Estado (en adelante, mecanismo ISDS por sus siglas en inglés,

Investor State Dispute Settlement), ya vengan estos contemplados en los paquetes de

negociación de los ambiciosos acuerdos comerciales de nueva generación que la UE está

negociando con terceros Estados o sean objeto de regulación en los Tratados Bilaterales

de Inversiones (en adelante, TBI) vigentes entre los Estados miembros de la UE,

denominados TBI intra-UE. Sea como fuere la realidad es que los avances interpretativos

y definitorios de la política de inversiones se suceden a nivel europeo a una velocidad

vertiginosa y debido a la interconexión evidente entre el ordenamiento jurídico de la UE,

1 El Tratado sobre la Carta de la Energía hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. Disponible en:

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-es.pdf. Todos los enlaces a páginas web

que se han referenciado en el presente trabajo han sido consultados por última vez el 15 de mayo de 2019.