Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de Diciembre de 1994. Caso Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A No. 14

Fecha de Resolución: 9 de Diciembre de 1994
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos)
Solicitante:Chile
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

OPINIÓN CONSULTIVA OC-14/94

DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1994

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR EXPEDICIÓN

Y APLICACIÓN DE LEYES VIOLATORIAS DE LA CONVENCIÓN

(ARTS. 1 Y 2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS)

SOLICITADA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

Estuvieron presentes:

R.N.N., Presidente

Héctor Fix-Zamudio, Vicepresidente

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Máximo Pacheco Gómez, Juez

Hernán Salgado Pesantes, J..

Estuvieron, además, presentes:

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta.

LA CORTE

integrada en la forma antes mencionada,

emite la siguiente Opinión Consultiva:

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), mediante escrito de 8 de noviembre de 1993, sometió en virtud de lo que dispone el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), una solicitud de opinión consultiva, en los siguientes términos:

    [1] Cuando un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicta una ley que viola manifiestamente las obligaciones que el Estado ha contraído al ratificar la Convención, [¿]cuáles serían en ese caso los efectos jurídicos de esa ley en vista de las obligaciones internacionales de ese Estado?

    [. . .]

    [2] Cuando un Estado parte en la Convención dicta una ley cuyo cumplimiento por parte de los agentes o funcionarios de ese Estado se traduce en una violación manifiesta de la Convención, [¿]cuáles son las obligaciones y responsabilidades de dichos agentes o funcionarios?

  2. La Comisión expresa en su petición, pero no en las preguntas, que la interpretación se refiere al artículo 4, párrafos 2 (in fine) y 3 de la Convención y que la consulta está originada en las siguientes consideraciones:

    [L]a incorporación de una disposición, en el Artículo 140 de la nueva Constitución del Perú, mediante la cual se amplían los casos de aplicación de la pena de muerte a delitos exentos de la aplicación de esa pena en la Constitución Política vigente desde el año 1979, en contradicción con lo previsto en el Artículo 4, párrafos 2 y 3, de la Convención Americana.

    [. . .]

    De acuerdo con la Constitución Política de 1979, en el Perú la pena de muerte se aplicaba exclusivamente al delito de traición a la patria en caso de guerra exterior.

    En las consideraciones formuladas por la Comisión, se citan las siguientes disposiciones de la legislación peruana:

    Artículo 235 de la Constitución Política de 1979:

    No hay pena de muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior.

    Artículo 140 de la nueva Constitución peruana:

    La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

    Y el siguiente artículo de la Convención:

    Artículo 4, Convención Americana:

    ...

  3. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

  4. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

  5. Según la Comisión la petición de opinión consultiva está relacionada con su ámbito de competencia, en los términos de los artículos 33, 41 y 64.1 de la Convención.

  6. La Comisión designó como delegado al profesor W.M.R..

  7. Mediante nota del 11 de noviembre de 1993 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), en cumplimiento del artículo 54.1 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), solicitó observaciones escritas y documentos relevantes sobre el asunto objeto de la opinión consultiva a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) y, por intermedio del S. General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de la Carta de la OEA.

  8. El Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) dispuso que las observaciones escritas y los documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 31 de diciembre de 1993.

  9. Se recibieron observaciones de los gobiernos del Perú, Costa Rica y Brasil.

  10. Las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron sus puntos de vista sobre la consulta como amici curiae: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y A.W. conjuntamente y la Comisión Andina de Juristas. También presentaron sus puntos de vista como amici curiae los profesores A.A.C.T., de la Universidad de Brasilia y del Instituto Rio-Branco, Brasil y B.M.R., de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

  11. Siguiendo instrucciones del P. y mediante notas del 3 de enero de 1994, la Secretaría convocó a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA a una audiencia pública, que se celebró el 21 de enero de 1994 a las 9:30 horas.

  12. El Presidente autorizó a participar en la audiencia a los siguientes organismos no gubernamentales de carácter internacional: Americas Watch; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Comisión Andina de Juristas y Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC). Mediante comunicación del 19 de enero de 1994, la Comisión Andina de Juristas informó que, por razones de fuerza mayor, su representante no podría comparecer a la audiencia pública.

  13. Comparecieron a esta audiencia pública:

    Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

    W.M.R., delegado,

    D.E.A., delegado,

    J.K.-Levitt, asesora.

    Por el Gobierno del Perú:

    B.R., agente,

    J.G.C., asesor,

    S.T., asesor.

    Por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):

    J.M.V..

    Por A.W.:

    J.E.M..

    Estuvieron presentes, además, como observadores:

    Por el Gobierno de la Argentina:

    B.J.O., Consejero de la Embajada de la República Argentina ante el Gobierno de Costa Rica.

    Por el Gobierno de Brasil:

    I.G.F., J. del Sector Cultural de la Embajada de Brasil ante el Gobierno de Costa Rica.

    La Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC) no compareció a la audiencia.

    I

  14. Mediante comunicación del 29 de diciembre de 1993 el Gobierno del Perú remitió sus observaciones sobre la solicitud de opinión consultiva. Hizo un análisis jurídico de la solicitud a partir de tres factores:

    a. Capacidad de la parte para solicitar una opinión consultiva a la Corte.

    [. . .]

    La CIDH [Comisión Interamericana], como entidad especializada de la Organización, invoca el procedimiento que le posibilita el párrafo 1 del artículo 64, pero incide en una materia que está reservada exclusivamente a los Estados de cuyas leyes nacionales se trata, lo que está contemplado en un dispositivo diferente, -párrafo 2 del mismo artículo 64- que [. . .] tiene su ratio legis (sic) en precisar, sin lugar a ninguna duda, que solamente compete a los Estados, de cuyas leyes internas se trata, el poder recurrir en vía de opinión consultiva a la Corte cuando exista una presunta incompatibilidad entre una norma interna de ese Estado y la Convención.

    [S]e ha forzado la lógica procesal en la solicitud de la CIDH. Este órgano del sistema interamericano hace referencia expresa a una situación interna peruana, pretendiendo cuestionar indirectamente una ley nacional, esto es, la nueva norma contenida en el artículo 140 de la nueva Constitución del Perú [. . .]

    [. . .]

    Admitir la solicitud de opinión consultiva en esas condiciones sería sentar un desafortunado precedente en la medida que se propiciaría una injerencia desproporcionada de un órgano que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos en los mecanismos legislativos internos de los Estados miembros [. . .] En consecuencia, la solicitud de la CIDH es inadmisible por no contar con legitimidad para dirigirse a la Honorable Corte, por tratarse de una materia que es de exclusiva competencia de los Estados, conforme lo señala el párrafo 2, del artículo 64 de la Convención, que es el dispositivo aplicable al caso.

    [E]s evidente que la CIDH pretende obtener en forma indirecta lo que no puede hacer en forma directa por impedírselo la mencionada disposición de la Convención.

    b. Requisitos formales de la solicitud de opinión

    consultiva.

    [. . .]

    Respecto al requisito de señalar las disposiciones a ser interpretadas, [. . .] lo que pretende la CIDH es que la Honorable Corte se pronuncie sobre una presunta incompatibilidad o contradicción entre dicha disposición de la Convención [artículo 4, párrafos 2 (in fine) y 3] y leyes internas del Estado peruano, para lo cual -lo repetimos- la CIDH carece de facultades para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    [. . .]

    En lo que concierne a las consideraciones que originan la consulta, [. . .] el asunto es uno de presunta incompatibilidad entre las obligaciones que establece la Convención y los alcances de leyes internas, situación en la cual, como ha sido plenamente explicado, la CIDH no tiene legitimidad ni competencia funcional.

    c. Cuestiones de fondo de la solicitud de la CIDH.

    [. . .]

    [L]a CIDH al expresar que una ley interna peruana está en contradicción con la Convención, adelanta juicio, prejuzga y asume facultades para las cuales no está investida.

    [. . .]

    La solicitud de opinión consultiva fue presentada a la Honorable Corte...

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