La aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea en España (2015)

• Author: Carlos Teijo García - Carlos Durán Suárez
• Position: Profesor de Derecho Internacional Público de Universidad de Santiago de Compostela y Becario predoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Pages: 1-32

www.reei.org

DOI: 10.17103/reei.32.21

LA APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO DE LA

UNIÓN EUROPEA EN ESPAÑA (2015)

Carlos Teijo García y Carlos Durán Suárez

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. III. EL PLANTEAMIENTO DE

CUESTIONES PREJUDICIALES. IV. LA APLICACIÓN DE ALGUNOS DE LOS

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE EL

DERECHO DE LA UE Y EL DERECHO ESPAÑOL: PRIMACÍA, EFECTO DIRECTO Y

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

I. INTRODUCCIÓN

Como hemos indicado en ediciones anteriores, esta crónica sobre la aplicación judicial

del derecho de la UE en España tiene un carácter más informativo que doctrinal.

Teniendo en cuenta la naturaleza transversal del derecho de la UE y las dificultades que

plantea la localización exhaustiva de la normativa comunitaria en las bases de datos de

jurisprudencia nacional, que se estructuran en función de los órdenes jurisdiccionales

internos, la presente crónica se limita a presentar algunas de las principales aportaciones

jurisprudenciales que han realizado nuestros tribunales, enfocándose en particular sobre

las resoluciones procedentes de las instancias judiciales superiores (las sentencias

reseñadas pertenecen al TC, al TS y a los diversos TSJ) y, dentro de ese horizonte, sobre

aquellas en las que se visualizan con mayor nitidez los principios reguladores de la

relación entre el ordenamiento comunitario y el español. El trabajo aparece estructurado

en tres grandes apartados: a) La aplicación del derecho comunitario en la jurisprudencia

constitucional; b) El planteamiento de las cuestiones prejudiciales; y c) La aplicación de

algunos de los principios estructurales que regulan las relaciones entre el Derecho de la

UE y el derecho español, esto es, primacía, efecto directo y responsabilidad patrimonial.

II. LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN LA JURISPRUDENCIA

CONSTITUCIONAL

El primer ámbito de actuación del TC sobre el que se proyecta la aplicación del Derecho

comunitario es el de la protección de los derechos fundamentales. De entre la

jurisprudencia constitucional de 2015 que cuenta con referencias a las normas de la UE

 Profesor Contratado Doctor. Universidad de Santiago de Compostela.

 Becario predoctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

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destaca la relevancia de la STC 232/2015 de 5 noviembre

1, que resuelve el recurso de

amparo 1709/2013 contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TSJ de Madrid (Sección 7ª) el 7 de diciembre de 2012 había

confirmado la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid de denegar el derecho a

percibir el pago de los sexenios (complementos de antigüedad) a un profesor interino

por no ser funcionario de carrera.

El recurrente había solicitado el reconocimiento de los “sexenios”, invocando en su

recurso la aplicación de la Directiva 1999/70/CE que prohíbe discriminar a los

trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay “razones objetivas” que lo

justifiquen y alegando que el TJUE ha establecido que la normativa española que

reserva la percepción de sexenios a los funcionarios es contraria a la europea en este

aspecto, tal y como se ha establecido a partir de la STJCE de 13 de septiembre de 2007

(asunto C-307/05), caso del Cerro Alonso. De manera específica, el recurrente había

aportado además al procedimiento, durante la tramitación del recurso, el Auto del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de febrero de 2012 (asunto C-556/11) en

el caso Lorenzo Martínez que trae causa de una situación idéntica a la suya puesto que

se trataba de otro profesor interino que reclamaba el cobro de sexenios. Aunque un

Juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón en primera instancia al

recurrente, la sentencia fue posteriormente revocada en apelación por el TSJM, siendo

este último pronunciamiento el que es objeto de amparo ante el TC.

El TC señala en su sentencia (FJ 4) que, aunque las normas del Derecho de la Unión

Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, tiene el deber de velar por que los

jueces y tribunales resuelvan las controversias que se les suscitan “conforme al sistema

de fuentes establecido, a fin de dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva

(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías”. Entre

esas fuentes del derecho se encuentra, obviamente, el derecho comunitario por lo que le

corresponde al TC “velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la

Unión” cuando, como ocurre en este caso, “exista una interpretación auténtica efectuada

por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea” puesto que el desconocimiento

y la preterición de esa norma de derecho de la Unión que ya ha sido debidamente

interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una “selección irrazonable y

arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar lugar a una vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva”. En este sentido, el TC se ve obligado a

recordar que “la cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE preterida por la resolución

judicial recurrida en amparo había sido ya interpretada por el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea en el sentido de que se opone a una normativa como la española en

materia de “sexenios” que reserva sin ninguna justificación por razones objetivas este

complemento salarial a los funcionarios de carrera excluyendo a los funcionarios

interinos en general (Sentencias del Cerro Alonso de 13 de septiembre de 2007 y

Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres de 22 de diciembre de 2010) y a los profesores de

1 Para un comentario doctrinal sobre la misma, vid. RIPOLL, S.: “STC 2 32/2015: La no aplicación del

derecho de la Unión Europea como causa de arbitrariedad de las sentencias”, Revista General de Der echo

Europeo 40, 2016, p. 137

La aplica ción judicial del Derecho de la Unión Eur opea en España (2015)

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educación secundaria interinos en particular (Auto Lorenzo Martínez de 9 de febrero de

2012)” (FJ 4)

Para el Pleno del TC, el TSJ de Madrid, al haber decidido ignorar en su sentencia esta

jurisprudencia “dejó de razonar sobre un alegato sustancial de la parte apelada, como

era la existencia de ese precedente dictado en un caso idéntico al que era objeto de

resolución (…) y al no hacerlo, resolvió además el recurso de apelación con una

“selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso (…) en la medida

en que prescindió por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación de

la cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE impuesta y señalada por el órgano

competente para hacerlo con carácter vinculante vulnerando con ello el principio de

primacía del derecho de la Unión Europea” (FJ 6).

En este caso, además, insiste el TC en la arbitrariedad de la sentencia del TSJ objeto de

recurso puesto que “la aplicación directa no precisaba además de una cuestión

prejudicial ante el TJUE, ya que se trataba de un acto “aclarado” por el propio Tribunal

al resolver con anterioridad una cuestión prejudicial “materialmente idéntica” planteada

en un asunto análogo” (FJ 6) por lo que tendría que obviarse, al resultar de aplicación al

caso la jurisprudencia Cilfit, el planteamiento de la cuestión prejudicial. Ante esa

situación, por tanto, el TC concluye afirmando que “la inaplicación de la Directiva (i)

infringió el citado principio de primacía; (ii) incurrió, por ello, en una “selección

irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso”; (iii) y, consiguientemente,

vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1

CE)” por lo que procede estimar el amparo, anular la sentencia recurrida y retrotraer las

actuaciones hasta el momento que permita al TSJM dictar otra resolución que resulte

respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

Como ha señalado Ripoll Carulla “esta Sentencia ratifica el entendimiento tradicional

que el TC tiene sobre su labor: no le corresponde valorar el acierto de la decisión del

tribunal ordinario que aplicó el DUE con la normativa comunitaria, sino determinar si

tal decisión ha causado lesión en los derechos fundamentales, en particular, su derecho a

la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que la Constitución reconoce al recurrente”

2.

III. CUESTIONES PREJUDICIALES

Los órganos judiciales españoles plantearon en 2015 un total de 28 cuestiones

prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su mayoría

relativas a la interpretación del derecho social comunitario y a la protección de

consumidores. En los párrafos siguientes reseñamos algunas de las más destacadas en

los diferentes ámbitos de aplicación del derecho de la UE.

2 RIPOLL, S.: “STC 232/2015: La no aplicación del derecho de la Unión Europea como causa de

arbitrariedad de las sentencias”, Revista Genera l de Derecho Europeo 40, 2016, p. 137