Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de Septiembre de 1996. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Serie C No. 28

Fecha de Resolución:14 de Septiembre de 1996
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:El Amparo Vs. Venezuela
Acto:Reparaciones y Costas

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso El Amparo Vs. Venezuela

Sentencia de 14 de septiembre de 1996

(Reparaciones y Costas)

En el caso El A.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

H.F.-Zamudio, Presidente

Hernán Salgado Pesantes, Vicepresidente

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Antônio A. Cançado Trindade, Juez

presentes, además,

M.E.V.R., Secretario

Víctor Ml. R.R., S. adjunto interino

de acuerdo con los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en cumplimiento de la sentencia de 18 de enero de 1995 dicta la siguiente sentencia sobre reparaciones en el presente caso introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) contra la República de Venezuela (en adelante “Venezuela”, “el Estado” o “el Gobierno”).

I

  1. El presente caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) por la Comisión Interamericana mediante demanda de fecha 14 de enero de 1994, con la que acompañó el informe No. 29/93 del 12 de octubre de 1993. Se originó en una denuncia (No. 10.602) contra Venezuela, recibida en la Secretaría de la Comisión el 10 de agosto de 1990.

  2. En dicha demanda la Comisión afirmó que Venezuela violó los artículos 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 24 (Igualdad ante la Ley), 25 (Protección Judicial) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana por la muerte de J.R.A., L.A.B., M.A.B., J.P.C., A.E., R.M.M., J.I.G., A.O.M., Justo Mercado, P.M., J.P., M.T., J.T. y M.R., ocurrida en el Canal “La Colorada”, D.P., Estado Apure, Venezuela.

    Asimismo, en dicho escrito alegó la violación de los artículos 5, 8.1, 24 y 25 de la Convención en perjuicio de W.G.P. y J.A.A., únicos sobrevivientes de los actos arriba mencionados.

  3. Este caso, agrega la demanda, se refiere a hechos que ocurrieron a partir del 29 de octubre de 1988. Ese día dieciséis pescadores del pueblo de “El Amparo”, Venezuela, se dirigían al Canal “La Colorada” a través del río Arauca, ubicado en el Estado Apure para participar en un “paseo de pesca”. Aproximadamente a las 11:20 a.m., cuando algunos pescadores bajaban de la embarcación, miembros militares y policiales del "Comando Específico J.A.P." (CEJAP), abrieron fuego contra ellos matando a catorce de los dieciséis pescadores.

  4. El 1 de agosto de 1994 el Estado remitió su contestación de la demanda y, por medio de nota del 11 de enero de 1995, reafirmó que Venezuela “no contend[ía] los hechos referidos en la demanda y que acept[aba] la responsabilidad internacional del Estado”.

  5. El 18 de enero de 1995 la Corte dictó sentencia en la cual dispuso:

  6. Toma nota del reconocimiento de responsabilidad efectuado por la República de Venezuela y decide que ha cesado la controversia acerca de los hechos que dieron origen al presente caso.

  7. Decide que la República de Venezuela está obligada a reparar los daños y pagar una justa indemnización a las víctimas sobrevivientes y los familiares de los fallecidos.

  8. Decide que las reparaciones y la forma y cuantía de la indemnización serán fijadas por la República de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de común acuerdo, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

  9. Se reserva la facultad de revisar y aprobar el acuerdo y, en caso de no llegar a él, la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas, para lo cual deja abierto el procedimiento (Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19, Parte resolutiva).

    II

  10. La Corte es competente, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención, para decidir sobre el pago de reparaciones, indemnizaciones y costas en el presente caso, en razón de que el 9 de agosto de 1977 Venezuela ratificó la Convención y el 24 de junio de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte.

    III

  11. El plazo estipulado en el punto 3 de la sentencia de la Corte venció el 18 de julio de 1995 sin haber ésta recibido noticias de que se hubiese producido un acuerdo. Por lo tanto y, de conformidad con dicha sentencia, le corresponde a la Corte determinar el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas.

  12. Mediante Resolución de 21 de septiembre de 1995, la Corte decidió iniciar el procedimiento de reparaciones, indemnizaciones y costas y otorgó plazo a la Comisión hasta el 3 de noviembre de 1995 para que ofreciera y presentara las pruebas de que dispusiere sobre las reparaciones, indemnizaciones y costas en este caso, fecha en la cual se recibió la información correspondiente. Además, la Corte otorgó al Estado plazo hasta el 2 de enero de 1996 para que presentara sus observaciones sobre el escrito de la Comisión, las cuales fueron recibidas en esa fecha.

  13. El 27 de enero de 1996, la Corte celebró una audiencia pública en su sede para conocer los puntos de vista de las partes sobre las reparaciones, indemnizaciones y costas.

    Comparecieron:

    Por el Estado de Venezuela:

    A.A.-Aranguren, agente,

    I.P.S., agente alterno,

    G.Q., asesor,

    R.E.P.R., asesor,

    R.A., observador.

    Por la Comisión Interamericana:

    C.G., delegado,

    O.L.F., delegado,

    M.C., abogado,

    J.M., asistente,

    L.B., asistente,

    W.M., asistente.

  14. En la audiencia pública sobre reparaciones el Gobierno aportó la siguiente prueba documental: dos hojas relativas a los indicadores de desarrollo humano en el Estado de Apure; un folleto denominado “Estimaciones de Pobreza al 30/06/94” y un folleto denominado “Algunos indicadores sociales por entidad federal, período 1990-1994”. Durante dicha audiencia la Comisión aportó dos certificaciones judiciales relativas a los poderes concedidos por los familiares de las víctimas; un escrito que contenía la exposición del representante del Gobierno de Venezuela ante la Comisión; documentos varios incluyendo recortes periodísticos y varios referentes a reuniones de los abogados del caso con los familiares y sobrevivientes; un libro denominado “Comandos del crimen: la masacre de El Amparo” y un escrito dirigido al Secretario de la Corte sobre los distintos actos del procedimiento.

  15. Mediante comunicación de 29 de abril de 1996, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, solicitó a la Comisión la aclaración de su posición relativa a varios aspectos sobre el lucro cesante y daño emergente en el caso. La Comisión aclaró su posición al acoger los escritos de los representantes de las víctimas de 13 y 29 de mayo de 1996. En vista de que estas notas presentaban discrepancias con las anteriores presentadas por la Comisión y los representantes de las víctimas, se reiteró aclaratoria a la Comisión, la cual respondió mediante nota de 13 de septiembre de 1996 que hacía suyas las observaciones del escrito de los representantes de las víctimas del 4 de septiembre de 1996, “siendo por tanto, el criterio de [la Corte] el que decida finalmente lo que mejor corresponda”.

    IV

  16. Con el fin de determinar el monto de las indemnizaciones en forma adecuada y apegada a los aspectos técnicos respectivos, se consideró pertinente utilizar los servicios profesionales de un perito actuario. Para dichos efectos se designó al Licenciado E.Z.J., actuario asesor de San José, Costa Rica, cuyos dictámenes fueron recibidos en la Secretaría de la Corte los días 5 y 9 de agosto de 1996. El actuario se limitó en sus dictámenes a hacer las operaciones aritméticas con base en los datos que se contienen en los alegatos de las partes y las pruebas que obran en el expediente.

    V

  17. Venezuela reconoció su responsabilidad en este caso, lo que significa que se tienen por ciertos los hechos expuestos en la demanda de 14 de enero de 1994, siendo éste el sentido de la sentencia dictada por la Corte el 18 de enero de 1995. No obstante, existen diferencias entre las partes en torno al alcance de las reparaciones y al monto de las indemnizaciones y costas, y la controversia sobre esta materia será decidida por la Corte en la presente sentencia.

  18. En materia de reparaciones es aplicable el artículo 63.1 de la Convención Americana que prescribe lo siguiente:

  19. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

    Lo dispuesto en este artículo corresponde a uno de los principios fundamentales del derecho internacional, tal como lo reconoce la jurisprudencia (Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, A.O., I.C.J. Reports 1949, pág. 184). Así lo ha aplicado esta Corte (Caso V.R., Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25; C.G.C., Indemnización Compensatoria, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, párr. 23; C.A. y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 43).

  20. Por lo anterior, la obligación de reparación se rige por el derecho internacional en todos los aspectos, como por...

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