AMICUS CURIAE Acción de Inconstitucionalidad sobre el Código de Justicia Militar y Código de Justicia Militar de Procedimientos Penales

Amicus curiae sobre la inconstitucionalidad de lasreformas al Código de Justicia Militar y la

expedición del Código Militar de Procedimientos Penales

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En diciembre de 2006 el ex presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el

narcotráfico que, entre otras cosas, trajo aparejada la militarización de la seguridad pública con el

despliegue de fuerzas armadas en varias entidades del país con la finalidad de “fortalecer” a las

fuerzas policiales. La estrategia de seguridad además de incrementar la situación de violencia en el

país, también ha traído consigo un gran número de graves violaciones a derechos humanos como la

tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias.

En las últimas tres décadas, pero sobre todo a partir del año 2006, México ha pasado por un proceso

intensivo de militarización. Las fuerzas armadas han incrementado sus competencias para controlar

la agenda y ejercer influencia sobre las policías civiles en México. Anualmente se han desplegado en

promedio más de 50 mil elementos de la SEDENA y más de 8 mil de la SEMAR

i

para el desempeño

de tareas de seguridad pública. En lo que va de 2019 se han desplegado 62 mil 954 militares - cifra

que rebasa todos los años anteriores.

ii

Este empoderamiento de los militares en temas de seguridad

pública, ha impulsado la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales y las reformas al

Código de Justicia Militar e incluso la declarada inconstitucional Ley de Seguridad Interior.

El proceso de la implementación de lógicas militares ya no sólo se concentra en/dirige a los cuerpos

policiacos, sino que ha expandido su influencia también al diseño e implementación de legislación y

políticas en materia de seguridad nacional. Resultando así en una creciente militarización que ha

provocado que lógicas antes exclusivas de autoridades militares estén siendo incorporadas a cuerpos

de seguridad interna y otras esferas políticas, convirtiéndose ésta en una militarización

multidimensional.

iii

Esto además ha resultado en más de 7 mil detenciones de civiles anualmente

realizadas tanto por elementos de la SEDENA como SEMAR

iv

. Igualmente de 2006 a 2018 la

SEDENA estuvo involucrada en 4,495 enfrentamientos

v

y la SEMAR en 398

vi

.

Es importante que se aborde esta problemática en toda legislación y reforma, con el fin de establecer

un marco legislativo que garantice el retiro (gradual) de la Fuerzas Armadas de tareas de seguridad

pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.

En este contexto, la CNDH ha registrado 185 quejas en contra de la SEDENA y 116 en contra de la

SEMAR por desaparición forzada

vii

; 4,604 quejas contra SEDENA y 1,107 contra SEMAR por tortura

y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 12 quejas contra SEDENA por ejecución sumaria o

extrajudicial.

viii

Igualmente, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura registró un

total de 2,467 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA y SEMARpor la

comisión de actos constitutivos de tortura. El 70% de estos expedientes en trámite por tortura

corresponden a la SEDENA

ix

. Asimismo, la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas ha registrado

96 víctimas indirectas y 17 víctimas directas.

A pesar de la situación de impunidad en el país, y el sinnúmero de denuncias y quejas por violaciones

graves a los derechos humanos cometidas por personal militar, algunas de estas han derivado en

recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además de las

resoluciones de la Corte IDH como el caso Radilla y del Comité contra la Tortura de la ONU del caso

4 civiles de Playas de Rosarito, Baja California. También, informes de derechos humanos de ONGs

internacionales exigen y comprueban la necesidad de un retiro gradual de las fuerzas castrenses de

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Agradecemos a Lucía Chávez Vargas y Natalia Báez Zamudio del área de investigación de la Co misión Mexicana de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por su contribución y trabajo en la elaboración de este amicus curiae.